Cúcuta Jurídica

Sentencias en Cúcuta acosan la estabilidad económica de Ecopetrol

2011-10-09T17:18:00.000-05:00

829 empleados han ganado allí polémicas tutelas que pueden valer $ 1,3 billones a la petrolera.

Ex abogado de Ecopetrol y 2 juzgados, tras varios fallos.

Desde mediados del año pasado, Cúcuta se convirtió en el destino favorito para centenares de ex empleados y funcionarios de Ecopetrol que quieren reclamar algunos factores salariales para sus pensiones.

De manera sistemática, 829 de ellos han logrado ganar allí decenas de procesos laborales, a través de acciones de tutela individuales o de grupo, a pesar de que en criterio de la Corte Constitucional, esa vía no procede para este tipo de reclamaciones laborales.

El atractivo de Cúcuta consiste en que un puñado de abogados se ha dedicado a instaurar allí esas acciones y algunos jueces laborales y magistrados han acogido sus argumentos jurídicos, concediendo millonarias reclamaciones que no prosperan en otras plazas judiciales.

EL TIEMPO estableció que el 89 por ciento de los demandantes (709 personas) ha llegado de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranca entre otros lugares. Esa trashumancia judicial es calificada de ilegal por Ecopetrol que alega que los jueces de Cúcuta no tienen competencia por ser procesos de empleados que ni trabajaron ni viven allí.

La seguidilla de fallos contra la petrolera -condenada por violar derechos a la igualdad, al debido proceso y a la irrenunciabilidad de la pensión- ascienden a 55 mil millones de pesos. Pero, por comprometer pensiones futuras, Ecopetrol cree que pueden terminar valiendo 1,3 billones.

"El impacto económico de las decisiones es preocupante para la compañía", dicen sus voceros.

Entre las tutelas falladas que la empresa ha objetado hay una que ordena indemnizar con 1.365 millones a una sola persona. Se trata de Víctor Manuel Pérez, el abogado que defendió a Ecopetrol en Cúcuta hasta marzo de 2010. Aunque su caso no prosperó inicialmente, la sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta ordenó reconocerle salarios y prestaciones desde su salida hasta que cumpla los requisitos para jubilarse, por despedirlo cuando tenía trastorno mixto de ansiedad.

El gestor de la demanda y de cerca de 40 (con unos 100 accionantes) es el abogado José Trinidad Minorta quien laboró en la Dirección Jurídica de Ecopetrol.

Incluso, sindicatos invitan a charlas con él: "Aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda a través de la gestión en Cúcuta", dicen.

¿Diferencia de criterios?

Otro de los abogados es Jorge Horta quien ya había obtenido varios fallos contra Ecopetrol en Bolívar.

Parte de lo éxitos judiciales de estos abogados se concentran en el juzgado cuarto Laboral del Circuito, que ha fallado 13 veces contra Ecopetrol y en el tercero, que ha favorecido a un centenar de trabajadores. La Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta ha confirmado buena parte de esos fallos y tumbado otros que favorecían a Ecopetrol.

Para el abogado Minorta y para el magistrado de la Sala Laboral Fernando Castañeda, se trata de diferencia de criterios, con la Corte Constitucional, en la interpretación jurídica. Aunque Castañeda dijo que tras los pronunciamientos de ese tribunal empezarán a acoger su jurisprudencia.

Pero la juez cuarta Laboral, Amparo Vega, da otra explicación. Dice que sus fallos contra Ecopetrol siguen criterios de la Sala Laboral que ella obedece para evitar "acosos", como el que dice haber recibido en el 2010 cuando le negó una tutela al abogado Horta y el magistrado Castañeda le inició un incidente de desacato.

Para frenar las demandas, Ecopetrol y la Procuraduría han logrado que la Corte Constitucional revise y tumbe algunos fallos. De hecho, el alto tribunal envió copias a la Judicatura para que investigue a Minorta y a la juez cuarta Laboral, por algunas actuaciones. Y ahora revisa otro paquete de exitosas tutelas del abogado Horta en Cúcuta.

'Estamos dando la pelea'

Petrolera ya denunció a funcionarios y abogados

Voceros legales de Ecopetrol reconocieron que lo que sucede en Cúcuta es un tema de grave impacto económico y preocupante. Sin embargo, dijeron que están convencidos de la ilegalidad de algunas de las decisiones, tal como lo ratifica la Corte.

"Estamos dando la pelea hasta el final y somos optimistas. Además, ya hemos actuado penal y disciplinariamente respecto a algunos funcionarios de esa ciudad".

Defensa: Hablan abogados y jueces

Abogado José Trinidad Minorta: dijo que está actuando en derecho y haciendo respetar convenciones y acuerdos pactados por Ecopetrol como el 'Plan 70' y el Incentivo al Ahorro. Sobre la concentración de tutelas en Cúcuta, explicó que debe a que, a diferencia de otras ciudades, allí sí hay seguridad jurídica. "Además, el trabajador es libre de demandar donde quiera y Ecopetrol tiene sedes en todo el país". Atribuyó a "criterios subjetivos de magistra- dos" el hecho de que estén tumbando las tutelas y dijo que Ecopetrol pre- siona para que sean revisadas: "Además, la Judicatura ya me absolvió por una de las quejas de la petrolera".

Magistrado Fernando Castañeda: aclaró que la Sala Laboral también ha revocado fallos contra la petrolera y que la Corte ha confirmado decisiones en las que, por ejemplo, se ordenó el reintegro de 50 trabajadores: "Son criterios de interpretación jurídica, pero ahora estamos acogiendo la jurisprudencia de la Corte en temas como el 'Plan 70'. Sobre la trashumancia de demandantes dijo que la Sala parte de la buena fe cuando estos dicen que viven en Cúcuta. Finalmente, defendió el fallo a favor del ex abogado de Ecopetrol por ser una indemnización sustitutiva contemplada en la Ley.

Juez cuarta, Amparo Vega: " Yo fallo con el criterios de la Sala Laboral para evitar que me acosen. En el 2010, negué una tutela del doctor Horta por prescripción y el magistra- do Castañeda me inició un incidente de desacato y pidió vigilancia especial a mi despacho. Hay casos en los que sí procede la tutela. pero, en general, yo fallo con su criterio para evitar ese acoso". El juez tercero se abstuvo de hablar del tema.

Abogado Jorge Horta: dijo estar interesado en hablar pero se encontraba en vueltas bancarias. Al cierre de esta edición no había respondido los mensajes que se le dejaron con su secretaria y en su celular. Eltiempo.com

Hoy será sancionada la nueva reforma política

2011-07-13T08:03:00.001-05:00

El Gobierno Nacional promulgará hoy la ley de reforma política tras la revisión obligatoria hecha por la Corte Constitucional por tratarse de una norma estatutaria.

La reforma incidirá notoriamente en el actual proceso electoral y de inmediato reduce el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de octubre próximo.

La legislación actual establece que los candidatos a las elecciones territoriales pueden inscribir su aspiración, para el presente caso, hasta el 10 de agosto. Pero la ley que hoy se promulga dice que dichas inscripciones solo se pueden adelantar hasta 4ª meses antes de las elecciones.

Como las elecciones están previstas para el 30 de octubre, esto quiere decir que solo podrán estar en la contienda quienes se inscriban hasta el próximo 30 de julio, es decir, se le reducen 11 días al actual calendario electoral.

La reforma política castiga severamente la doble militancia en partidos o movimientos políticos. Para el efecto, cada partido debe llevar ante el Consejo Nacional Electoral un registro de todos sus militantes, que tienen sus obligaciones frente a su colectividad.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.

Ese aparte de la nueva ley no cobijaría casos como el de Antanas Mockus, en caso que resuelva lanzarse a una nueva aspiración, pues renunció a la dirección de su partido con anterioridad a la vigencia de la ley que apenas hoy será promulgada y por lo tanto no tiene efectos retroactivos.

Otro punto de la reforma es que quienes participen en consultas populares como candidatos están obligados a respetar su resultado y no podrán inscribirse como candidatos de otro partido o apoyar a aspirantes de otros sectores.

Sin duda uno de los efectos inmediatos de la reforma, y que ha preocupado a los partidos políticos, es el de las sanciones a las colectividades y sus dirigentes que inscriban candidatos inhabilitados o que estén incursos en problemas judiciales.

Al respecto se establece que los directivos de los partidos son responsables por inscribir candidatos que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Ese es uno de los puntos que ha acentuado algunos reclamos de los partidos al gobierno y a entidades como el DAS, y que originó discusiones como las de la Casa de Nariño en el día de ayer.

Los directivos de los partidos también serán responsables por incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.

Los responsables de tales hechos en los partidos serán acreedores a la amonestación escrita y pública, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; a la suspensión de cargo directivo hasta por tres meses; a la destitución del cargo, y a la expulsión del partido.

Pero además los partidos como tales también serán sancionados, por ejemplo, la suspensión de la financiación estatal y l uso de los medios de comunicación; a la suspensión temporal de la personería jurídica, o a la cancelación de la misma según la gravedad; a la prohibición de inscribir candidatos en la respectiva jurisdicción, y hasta a la disolución del partido.

Cuando se trate de condenas ejecutoriadas en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, el partido o movimiento que inscribió al condenado no podrá presentar candidato para la siguiente elección en la misma circunscripción.

Los partidos o movimientos políticos perderán el reconocimiento de su personería jurídica, cuando al restarle los votos obtenidos por los congresistas condenados por los delitos a que se refiere el numeral 5º del artículo 10, no se alcance el umbral. En estos casos se ordenará adicionalmente la devolución de la financiación estatal de la campaña en una cantidad equivalente al número de votos obtenido por el congresista o congresistas condenados.

Otro de los puntos de la reforma política que será sancionada hoy por el presidente Santos es el que permite por primera vez que se otorguen anticipos de financiación de las campañas a candidatos en elecciones territoriales.

Actualmente solo se permite la financiación mediante anticipos para los candidatos a Congreso y a la Presidencia de la República. Con la nueva ley se otorgará un anticipo hasta del 80 por ciento con cargo a la reposición de gastos que se obtengan por el número de votos alcanzado en las elecciones.

En todo caso serán los partidos quienes pueden pedir dichos anticipos. De la misma manera, serán los partidos los responsables de la publicidad política y solo ellos podrán contratarla.

Otra de las normas novedosas es que los promotores del voto en blanco podrán tener reconocimiento electoral y recolectar formas. Para el efecto, también tendrán derecho a divulgación y publicidad y quedan habilitados además para la financiación de sus campañas por la vía de anticipos.

Son muchas las disposiciones de esta reforma política y destacamos también que a partir de hoy los partidos quedan obligados a incluir dentro de las listas de candidatos a corporaciones públicas, por lo menos el 30 por ciento de aspirantes de género, es decir, si en la lista van 10 candidatos, por lo menos tres tienen que ser mujeres.

En la financiación de Estado al sostenimiento anual de los partidos se concederán mayores partidas a aquellos partidos que logren elegir el mayor número de mujeres y de jóvenes menores de 26 años.

En las elecciones de octubre también entra a regir una nueva norma; los escrutinios se harán el mismo día de las elecciones y en las mesas de votación. Actualmente el conteo de mesa no es vinculante y el escrutinio se adelanta el martes siguiente a la jornada electoral.

Funcionarios no conocen órdenes de Corte sobre población desplazada

2011-04-02T20:58:00.002-05:00

ENTRE LOS obstáculos que tienen las mujeres víctimas del conflicto armado y en condición de desplazamiento para lograr que les garanticen sus derechos “está el desconocimiento que tienen algunos funcionarios respecto de las órdenes de la Corte” Constitucional, le expresó a EL NUEVO SIGLO la abogada Clarena Cardona, de la Casa de la Mujer, una de las organizaciones que integran la Mesa Nacional de seguimiento al Auto 092 de 2008.

Y es que “el Auto 092 le ordena al sistema que capacite a su funcionarios”, agregó la jurista tras señalar que “hay un incumplimiento por parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y de las órdenes del Auto 092 principalmente en que los trece programas que debió haber implementado están en su fase inicial, no hay un seguimiento a esa implementación, no hay participación de las mujeres víctimas en el conflicto en el desarrollo e implementación de estos programas”.

Sobre el particular, Carolina Tejada, subdirectora del Programa para la Paz del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), indicó que “justamente las políticas públicas necesitan de estructuras para realizarse y no podemos pensar en que se generen políticas públicas y dejemos las mismas estructuras en donde los funcionarios no tengan la capacitación, pero además no cuenten con las herramientas necesarias y donde además las administraciones locales se ven permeadas por la corrupción”.

Estos conceptos hacen parte de dos informes entregados el jueves a la Corte por la Mesa: “Balance de la implementación del programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres Líderes de Población Desplazada” e “Informe de seguimiento al Auto 092 de 2008—Oriente Antioqueño”.

Incumplimiento A continuación algunas de las conclusiones y recomendaciones del “Balance”.

“A lo largo del presente informe se ha comprobado la persistencia de los problemas en el diseño y el precario estado de implementación del Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres Líderes de Población Desplazada”, con base en lo cual la Mesa concluye que, entre otros puntos, “la falta de una formulación clara e independiente del Programa ha ocasionado que, transcurridos más de dos años del Auto 092 en pro de garantizar los derechos de las mujeres desplazadas, no se esté dando cumplimiento a cabalidad de los criterios de racionalidad.

Los avances dados hasta el momento son mínimos en relación con la urgencia de tomar medidas frente a la situación de las mujeres”.

Además, sostiene el informe, “uno de los elementos clave para el desarrollo de una política pública específica, es la participación que en todos los ciclos de ella tenga la población beneficiaria, que para este caso son las mujeres desplazadas y las mujeres lideresas de la población desplazada. No obstante, las mujeres consideran que no han sido consultadas para la formulación de este programa, que el proceso con Acción Social y las demás Entidades ha sido solamente informativo sobre las propuestas del gobierno para la participación y la prevención del riesgo.

Es claro para la Mesa de seguimiento la diferencia entre la participación consultiva y la participación simple”.

“La política pública de desplazamiento forzado (específicamente los programas de protección), y las medidas puestas a disposición para garantizar la participación de la población desplazada (protocolo y su aplicativo) no se articulan con las órdenes dadas por la Corte Constitucional en el Auto 092 y siguientes”, puntualiza el informe.

“Específicamente”, dice el documento, “las mujeres han señalado que Acción Social llega a las diferentes ciudades y reúne un grupo de mujeres a las cuales les presenta unos lineamientos del programa, les pide que hagan un análisis de una sola parte de lo que compone el programa, por ejemplo de los temas que se deben tratar en los talleres de prevención del riesgo, y cuando regresan después de varios meses, llegan con un documento elaborado que no fue construido colectivamente pero que aparece avalado solamente con la participación en los talleres previos”.

Ignorancia “Resulta intolerable que luego de dos años de la decisión de la Corte en el Auto 092, los funcionarios públicos de las entidades territoriales no conozcan con exactitud las órdenes del Auto, lo que se demuestra en la baja destreza para orientar a las mujeres desplazadas y líderes y en la falta de articulación de la política pública local con las órdenes de la Corte Constitucional en esta materia”, precisa el informe.

Así mismo, “la Mesa considera que no se identifica ningún avance significativo en el diseño y la implementación del programa y sus dos componentes, por el contrario las situaciones fácticas que dieron origen a la orden de creación de este programa por parte de la Corte Constitucional permanecen y se recrudecen. Esto en razón a tres puntos específicos:

1. El programa no cumple con los mínimos de racionalidad en su conjunto;

2. Los avances que se han dado son parciales pero no cumplen con los criterios señalados por la Corte Constitucional en el Auto;

3. Dado que el proceso ha sido lento no ha logrado impactar a las Entidades Territoriales lo que profundiza las dificultades de las mujeres para interlocutar en términos de garantía y respecto de sus derechos como víctimas del conflicto armado”.

“Finalmente”, concluye el informe, “es de anotar la preocupación profunda de las organizaciones que hacen parte de la Mesa, por el incremento del riesgo y los ataques que han recibido las mujeres y organizaciones de población desplazada, así como las organizaciones acompañantes, en razón a su participación activa en los procesos de exigibilidad de derechos.

La continuidad de estos hechos vulnera de manera irremediable a las mujeres y trunca los procesos sociales de empoderamiento, exigibilidad y representatividad que tienen con sus comunidades, además de afectar estructuralmente sus relaciones sociales y familiares”.

Entre las recomendaciones que la Mesa señala para avanzar en “la respuesta que el Estado, como garante de los derechos humanos, debe dar a las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado” está que “la participación debe ser entendida como un recurso efectivo para que las propuestas recogidas por las mujeres víctimas del delito de desplazamiento forzado, sean tenidas en cuenta de manera efectiva en todo el ciclo de la política pública, con el fin de garantizar que las acciones sean cercanas a las necesidades y reclamos de las mujeres víctimas”.

ABC de la reforma a la salud

2010-12-08T08:27:00.002-05:00

La iniciativa sufrió modificaciones tanto en el Senado como en la Cámara, lo que obliga al ajuste del texto final antes de pasar a sanción presidencial.

BRINDARLE A los colombianos un sistema de salud con calidad, equitativo y sostenible financieramente es el principal objetivo el proyecto de ley ordinario de de reforma a la salud aprobado la víspera por el Congreso, sostuvo ayer el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría.

La iniciativa sufrió modificaciones tanto en el Senado como en la Cámara, lo que obliga a la conciliación de textos la próxima semana.

El funcionario se declaró complacido con el apoyo y el compromiso que los congresistas tuvieron para sacar adelante esta importante iniciativa, que seguramente mejorará la calidad en la atención de servicios de salud para todos los colombianos.

Santa María explicó que “la reforma tiene muchos aciertos. Por ejemplo, propende por la calidad de los servicios, le asegura recursos al sistema de alrededor de 3 billones de pesos anuales, y fortalece la red hospitalaria pública, entre otras”.

En la Ley se incluyeron temas muy importantes como: recursos para atención primaria en salud y para hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad en todo el país, la creación del Fondo de garantía para Hospitales Públicos, nuevos recursos para aseguramiento y el perfeccionamiento de los giros directos, entre otros.

Sin embargo, algunos comentaristas consideraron que Santamaría sufrió dos derrotas en las sesiones plenarias de Senado y Cámara; en el primer caso, con el voto negativo al artículo 43, que pretendía asignar el 3 por ciento de los recursos del sistema general de participaciones para la financiación de la red hospitalaria pública; en el segundo, por el triunfo de una proposición del representante Simón Gaviria, del Partido Liberal, que buscaba eliminar la integración vertical de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), a lo que el ministro Santamaría se opuso.

Según Santamaría, el proyecto estableció una serie de obligaciones a la Nación, las cajas de compensación y las EPS que van a dejar desfinanciado el sistema, que tendrá problemas por 600 mil millones de pesos en 4 años.

Servicio

El proyecto tiene disposiciones como la llamada portabilidad, que permite al afiliado al sistema a recibir atención en cualquier parte del territorio nacional y que debe estar en funcionamiento al comenzar el año 2013.

Obliga al ministerio de la Protección Social a elaborar un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental.

Dicho plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los mecanismos de evaluación del Plan. El primero de ellos debe comenzar en el año 2012.

Establece acciones de salud pública, atención primaria en salud y promoción y prevención. En cuanto a la primaria, crea el Sistema Único de Atención Primaria de Salud Integral que estará constituido por tres componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud, y la participación social, comunitaria y ciudadana.

Se define como la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios.

Crea un sistema de atención preferente y diferencial para la infancia y la adolescencia y además ordena la atención completa y gratuita para las mujeres víctimas de la violencia.

Una de las novedades del proyecto es el establecimiento de los planes voluntarios de salud, que pueden incluir coberturas asistenciales relacionadas con los servicios de salud.

Serán contratados voluntariamente y financiados en su totalidad por el afiliado o las empresas que lo establezcan con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias o el subsidio a la cotización.

La adquisición y permanencia de un Plan implica la afiliación previa y la continuidad mediante el pago de la cotización al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Tales planes pueden ser de atención complementaria al POS, de medicina prepagada, de atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagada, emitidos por entidades de medicina prepagada.
La aprobación de tales planes voluntarios estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.

Consenso para aprobar proyecto del Gobierno sobre el fútbol

2010-12-04T06:55:00.003-05:00

Pasar de las actuales corporaciones a ser sociedades anónimas haría que los equipos y el balompié tengan un manejo empresarial, según los promotores de la iniciativa.

A LA espera de que se plasme en el proyecto del Gobierno, en su último debate, un consenso logrado hace dos semanas en la iniciativa por la cual se transforman los clubes deportivos en sociedades anónimas, orientado básicamente a los equipos de fútbol, está una propuesta en igual sentido de origen parlamentario. De lo contrario, la segunda de estas iniciativas reactivaría su trámite y podría darse el caso que se aprobaran dos leyes que persiguen el mismo objetivo.

Precisamente, algunas diferencias fundamentales no permitieron que fueran acumulados estos proyectos en un comienzo, como lo establece la Ley 5 en los casos en que dos o más iniciativas se ocupan del mismo tema. En consecuencia, cada uno siguió su camino por diferentes cámaras.

En términos futbolísticos se podría decir que en un lado del campo de juego está la propuesta presentada por el Gobierno (073/10 Cámara acumulado con el proyecto 077/10), mientras que en el otro se encuentra el de origen parlamentario (130/10 Senado), de autoría del representante Simón Gaviria.

En cuanto al trámite se podría decir, nuevamente acudiendo al argot futbolero, que el Gobierno va ganando este partido, 3 goles a 1, pues el proyecto 073 sólo le falta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley, después de haber avanzado en las comisiones séptimas y plenaria de Cámara; mientras que la iniciativa parlamentaria apenas recibió el miércoles pasado su primer debate en la Comisión Tercera de Senado, a pesar de que la ponencia fue radicada desde el pasado 13 de octubre.

Sin embargo el hecho que el proyecto parlamentario haya arrancado en su trámite justo cuando el gubernamental está a punto de anotar gol (convertirse en ley) sería un claro mensaje al ministro del Interior Germán Vargas y a la plenaria del Senado, que si el proyecto del Ejecutivo no plasma el consenso logrado, la propuesta de Simón Gaviria no esperará en el banco de suplentes y seguirá su trámite, posiblemente en marzo venidero, cuando el Congreso regresa de su receso tras el primer período de la actual legislatura.

Favorecer el consenso

Además de las pocas diferencias, pero sustanciales, que presentan estos proyectos, desde un primer momento se pusieron camisetas de diferente color, a pesar de perseguir el mismo objetivo, tras ser radicados después del 20 de julio pasado.

El proyecto de Gaviria, que recoge el articulado de una propuesta en similar sentido que presentó Mauricio Parodi ante el anterior Parlamento, fue enviado a las Comisiones Terceras al ser considerado un tema societario; mientras que la iniciativa gubernamental fue asignada a las Comisiones Séptimas, visto como un tema deportivo.

Como igualmente de cada iniciativa se radicó ponencia ya no es posible acumularlas en un solo proyecto y además porque van por Comisiones distintas, por lo que el único camino posible es que sigan su trámite o que el autor de una de ellas desista y la retire.

Sin embargo el reciente consenso que lograron los impulsores de los dos proyectos se debe manifestar en que el gubernamental sea el que llegue a convertirse en ley, claro está si recoge las inquietudes de la iniciativa parlamentaria o, de lo contrario, esta última reiniciará su trámite.

Sobre el particular el representante liberal Simón Gaviria dijo que “tenemos que trabajar sobre la base del proyecto de la Comisión VII (Senado y Cámara, iniciativa del Gobierno), yo siento que el punto intermedio que se trabajó con la Federación (Colombiana de Fútbol) por parte del grupo de ponentes se tiene que respetar, y por consiguiente ese proyecto tiene una gran cantidad de virtudes y puede prosperar”.

Gaviria explicó en qué consiste el consenso que se logró en cuanto a tres temas principales, que acercan las dos iniciativas: “Uno es un fortalecimiento más riguroso en materia de control al lavado de activos, el proyecto del Gobierno tenía unos controles supremamente laxos sobre este tema. Dos, respecto a las donaciones, el 95% de los equipos de fútbol colombiano son entidades sin ánimo de lucro, por lo que las donaciones que se hagan a ellas no son una donación, son una inversión. Lo que la Federación pretendía era transformar las entidades sin ánimo de lucro a sociedades anónimas y que la misma gente que controla el fútbol lo siguiese haciendo sin aportar capital fresco. El punto intermedio que se logró es que se les reconozcan las donaciones que han hecho, pero en pie de igualdad que la hinchada y los inversionistas puedan entrar a los equipos”.

El otro punto logrado en este consenso es que se establecen unos requerimientos en materia de capitalización líquida de los equipos, pues hoy en muchos casos tienen más activos intangibles, como el nombre o la ficha que les permite participar en las categoría A y B profesional, que bienes tangibles, como son dinero e inmuebles.

Empero Gaviria advirtió que “si el otro (proyecto del Gobierno) se vuelve laxo en materia de lavado de activos, no se permite que capital fresco entre al fútbol y le nieguen la posibilidad a la hinchada de invertir en los equipos, y vamos a seguir con equipos mal capitalizados, si lo que se construye en Cámara se desbarata en Senado, tendremos que seguir trabajando sobre nuestro proyecto”.

Las donaciones

El Ministro del Interior ha señalado que “nadie podrá transformarse sin pasar por los controles previos al examen del origen de los recursos nuevos o que en su momento fueron aportes a dichas asociaciones. Las nuevas figuras societarias quedarán sometidas al control de la Superintendencia Financiera, porque cotizarán en Bolsa, de la Superintendencia de Sociedades y de Coldeportes”.

Por su parte el representante Simón Gaviria ha dicho que permitir que las donaciones que han hecho los actuales aportantes a los clubes sirvan para adquirir acciones de las futuras sociedades sería perpetuar su manejo de los equipos y que por esa vía se lavaran dineros ilícitos que durante años han entrado al fútbol.

Sin embargo en el marco del consenso alcanzado Gaviria explicó que “nos fuimos por el punto intermedio, es decir las donaciones se reconocen, por ejemplo pongámosle un valor de $100, y se hace una oferta pública obligatoria, donde los hinchas pueden comprar acciones de su equipo, los inversionistas también pueden hacerlo, en pie de igualdad a las donaciones del pasado. Entonces si las donaciones del pasado eran $100 y consiguen $100 más, los nuevos se quedan con la mitad. Si consiguen $400 más, los nuevos sumarían un total de $500 y se quedarían con el 80%”.

Sin embargo el Parlamentario aclaró que si el donante no es capaz de comprobar el origen lícito de esas donaciones, no serán reconocidas en la nueva sociedad.

Tumban principio de oportunidad para desmovilizados

2010-11-24T07:13:00.003-05:00

La decisión no afectará procesos como el de Martha Leal en la investigación de las chuzadas. Cerca de 17 mil ex paramilitares no se podrán acoger al beneficio penal

CERCA DE 17 mil paramilitares desmovilizados que aspiraban a que el proceso penal en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado y uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas cesara, a cambio de colaborar con la justicia para desarticular los grupos paramilitares que todavía persisten, ya no lo podrán hacer pues tiene que primar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Así lo decidió ayer la Corte Constitucional, al declarar inexequible el capítulo de la ley que establece el principio de oportunidad para los desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, en una apretada votación de cinco magistrados a favor y cuatro en contra.

Según el alto Tribunal, el derecho de oportunidad resquebrajaría el derecho de las víctimas del conflicto armado a la reparación y justicia. Sin embargo, el principio de oportunidad seguirá vigente para los demás procesos como el de Martha Inés Leal en el caso de las chuzadas.

El artículo segundo de la Ley 1312, el cual la Corte declaró inconstitucional, decía que el principio de oportunidad aplicaría:

“Al desmovilizado de un grupo armado organizado al margen de la ley que en los términos de la normatividad vigente haya manifestado con actos inequívocos su propósito de reintegrarse a la sociedad, siempre que no haya sido postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios establecidos en la Ley 975 de 2005 y no cursen en su contra investigaciones por delitos cometidos antes o después de su desmovilización con excepción de la pertenencia a la organización criminal, que para efectos de esta ley incluye la utilización ilegal de uniformes e insignias y el porte ilegal de armas y municiones”.

La demanda de inexequibilidad manifestaba que se violaba el derecho de las víctimas, pues no se les garantizaba el acceso de éstas a los procesos donde se otorgara el principio de oportunidad.

“La causal tampoco exige la identificación del victimario ni supone la existencia de un proceso penal en el cual la víctima pueda hacer valer sus derechos y peor aún prevé audiencias colectivas para aplicar el principio de oportunidad sin garantizar la participación de las víctimas”, dice el demandante.

“El trato discriminatorio – añade la demanda - de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se presenta en relación con la norma demandada porque mientras las demás víctimas de otras categorías de violaciones de derechos humanos como los crímenes de lesa humanidad cuentan con mecanismos legales para evitar la impunidad de los hechos, las primeras enfrentan el riesgo cierto de que sus casos sean cerrados por aplicación del principio de oportunidad que favorece a los victimarios”.

Sin embargo, el procurador general Alejandro Ordóñez le había solicitado a la Corte Constitucional declarar exequible la norma demandada.

“En cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, para que pueda llegar a considerarse su vulneración, es menester establecer un supuesto lógico insoslayable: la existencia de víctimas. Las víctimas de un delito no se pueden suponer o presumir, deben existir. En delitos como los que se estudia, es muy difícil establecer la existencia de víctimas. En efecto, ¿quién sería o podría ser víctima del uso ilegal de uniformes o insignias o del porte ilegal de armas o municiones, o del mero concierto para delinquir que no se concreta en hechos tangibles?”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Restrepo y Vargas aplauden avance de ley de víctimas

2010-11-24T07:02:00.002-05:00

Se espera que hoy se debata y vote el resto del articulado para pasar su primer debate y así poder pasar a la plenaria de la Corporación.

CON TREINTA votos a favor y ninguno en contra fueron aprobados en comisión primera de Cámara, 121 artículos de los 177 que contempla el proyecto de ley de víctimas, que busca dictar medidas para la atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, destacó el trabajo legislativo que permitió ayer aprobar buena parte del articulado.

“Estoy muy complacido con el trabajo, sin distingos, de la comisión primera de la Cámara. El Gobierno aspira que este proyecto haga tránsito y se abra paso el que la sociedad colombiana no le quede mal a las víctimas en general ni a los despojados en particular”, indicó.

También el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, se mostró satisfecho por esta votación y recordó que el de víctimas, acumulado con el de restitución de tierras, son proyectos de suma importancia para el país.

“Esta es una Ley integral que involucra a desplazados y a toda la población que recibirá todos los beneficios que se están proponiendo en la iniciativa y cuyos costos están estimados en 40 billones de pesos”, manifestó.

La comisión logró aprobar ayer 122 artículos. Luego de la extensa sesión que terminó a las 3 de la tarde, se espera que hoy se debatan y voten los 55 artículos que le restan a la ley para pasar su primer debate y así poder pasar a la plenaria de la Cámara.

Según el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, se aprobó 90 por ciento del articulado de lo que en cuanto al tema de tierras se refiere. Para él, lo aprobado ayer “no es insustancial. Hay temas gruesos. Se aprobaron los principios generales de la ley, lo cual es un tema que poco se ha recavado, y son orientadores y transversales a todo lo que la ley establece, por lo tanto lo que se aprobó es muy importante”.

Así mismo, Rivera dijo que con la aprobación de los 122 artículos “se dio un paso muy efectivo en procura de que las víctimas tengan derechos en Colombia”, en especial en el tea de tierras.

El representante Iván Cepeda, vocero del Polo Democrático en la Cámara, consideró que “se aprobó la parte menos problemática de la ley”, mientras que hoy “viene ya la discusión sobre varios de lo aspectos centrales. Nosotros hemos logrado que en 15 artículos haya un acuerdo entre la unidad nacional, el Gobierno y el Polo”.

En cambio, para Rivera “lo que queda pendiente es una observación que hizo el Defensor del Pueblo en el sentido de cómo va a ser el procedimiento para cuando la víctima quiera de manera directa acudid a la sala agraria, pero es un tema de organizar la redacción para ordenar procedimientos, no es un tema sustantivo”.

Cepeda agregó que su partido planea plantear nuevas modificaciones, “pero pensamos que esos 15 artículos son un gran avance porque fortalecen el concepto de reparación, el fondo de reparación y el acceso de las víctimas a sus derechos, así que esperamos que se aprueben tal cual”.

El ministro Vargas aclaró que el Ministerio de Hacienda ya estableció un cronograma que garantizará el financiamiento y el cumplimiento de la aplicación de la ley de víctimas y de tierras: “Esto no se logrará en un año ni en dos, lo cual implica que tenemos que darle prioridad a los sectores más vulnerables para resarcir los derechos de las personas más afectadas por la violencia”.

Reforma a salud regula vicios, no corrige fallas: académicos

2010-11-24T06:52:00.002-05:00

La reforma a la salud regula vicios del sistema pero no corrige su principal falla, concluyó un estudio del Grupo de Investigación de Economía Laboral de la Universidad de la Salle, conocido ayer por los medios.

El proyecto continuará hoy debatiéndose por parte de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que ayer votaron los primeros 67 artículos de Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, que plantea alternativas para quitarle peso a la tutela y faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver las solicitudes médicas rechazadas. Una iniciativa que ha generado polémica porque algunos sectores argumentan que la tutela debe ser mantenida como recurso legal para resolver solicitudes de los usuarios. Mientras que otros consideran que ante la llamada “tutelitis” este recurso debe desaparecer del panorama médico.

La senadora Dilian Francisca Toro, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presidenta de la comisión séptima del Senado, aseguró que “las tutelas van a seguir existiendo, porque así lo permite la Constitución cuando se es violado un derecho fundamental de los ciudadanos”.

La legisladora advirtió que la única pretensión del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su bancada legislativa es que “las decisiones sean más de los médicos y especialistas y no de los jueces”.

“Si nosotros logramos que las solicitudes de tratamientos a los pacientes sean definidas por los propios médicos, pues es mucho mejor porque serán los especialistas los que van a decidir”, puntualizó la congresista vallecaucana.

Sin embargo, la crítica de los académicos está enfocada precisamente en que la iniciativa, en ligar de establecer un procedimiento administrativo para los denominados tratamientos no-POS, deja en manos del recurso de la tutela el acceso a la salud en esos casos.

“Lo que estamos proponiendo nosotros es que se establezca un mecanismo para que sea la misma EPS la que determine la necesidad del tratamiento”, le explicó a este Diario el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Luis Fernando Ramírez.

En compensación, anotó Ramírez, el sistema les incrementaría “la UPC, la unidad de pago por capitación, en un 5 por ciento. Creemos que ese es un fondo cercano a los 800 mil millones de pesos con los cuales las mismas EPS, con un sistema de autorregulación, deberían estar en capacidad de atender todos esos reclamos, dar un servicio más inmediato, evitar que se congestione la rama judicial y que los usuarios queden satisfechos en sus necesidades”.

Para el catedrático, “el principal problema que tienen los ciudadanos que acuden al servicio de salud tiene que ver con lo que llamamos los tratamientos no-POS, lo que no está reglamentado, lo que no está cubierto. Eso está derivando que las personas tienen que acudir a la vía judicial muy frecuentemente para poder lograr hacerse entender”, tanto en los sistemas contributivo como subsidiad.

“Eso se está volviendo un problema fiscal, porque ante una orden judicial las EPS hacen el tratamiento y después tienen que cobrarle eso al sistema de salud a los precios que ellos quieren, porque eso no está reglamentado”, precisó.

“Las pruebas que hicimos nos arrojaron que de cerca de 300 mil tutelas, casi la mitad tuvieron que ver con el tema de salud y le costaron al Fosyga más o menos 1,8 billones de pesos”, indicó Ramírez.

Para los académicos de la Universidad de la Salle, la iniciativa reconoce de plano que los colombianos tendrán que seguir acudiendo a la acción de tutela, para reclamar sus derechos fundamentales en materia de salud, como le ocurrió a las 141 mil personas que en 2009 acudieron a este instrumento para garantizar su derecho a la salud, representándoles un costo considerable en tiempo y dinero durante los procesos judiciales.

Ramírez consideró que “el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud viola de manera sistemática los derechos fundamentales de los colombianos, pues la magnitud de recursos movilizados del sistema judicial para responder a los procesos por acción de tutela en salud, sumado a los recursos que los propios usuarios deben destinar para reclamar sus derechos fundamentales representa un costo muy elevado para la sociedad colombiana, costo que debería ser removido por esta reforma”.

Miran legalidad de control de giros a los municipios

2010-11-21T08:45:00.003-05:00

UN ANÁLISIS constitucional al decreto que define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), cuyo destinatarios son los municipios y distritos del país, realizará la Corte Constitucional a partir del próximo martes.

Específicamente, la alta Corte estudiará una demanda contra la norma, que entre otros aspectos contempla la suspensión de los giros a los entes territoriales, por presunta violación de la autonomía de éstos últimos.

El decreto 28 de 2008 contempla en su capítulo de la suspensión de los giros a los municipios que “en este evento, la entidad territorial responsable aplazará las apropiaciones presupuestales que se adelanten con cargo a estos recursos, y no podrá comprometer los saldos por apropiar de los recursos sometidos a la medida de suspensión de giro. Una vez adoptada la medida, los actos o contratos que expida o celebre la entidad territorial con cargo a esos saldos de apropiación, serán nulos de pleno derecho y por lo tanto no producirán efectos legales”.

Frente a este aspecto, el demandante argumenta que afecta el principio de autonomía de los entes territoriales para administrar recursos, “porque la suspensión de giros a la entidad territorial, no le permite a ésta hacer efectivo el derecho de participar en las rentas nacionales, mientras que los recursos sin girar, de los cuales no se reconoce ninguna remuneración, financian al Gobierno Nacional”.

La demanda también acusa el decreto citado, por cuanto una de las medidas que contempla para hacer control de los recursos del SGP, es el giro directo, “sin intermediación de la entidad territorial respectiva, los recursos a los prestadores de servicios de que se trate, o a los destinatarios finales de los mismos (…) para tal efecto, se constituirá una fiducia encargada de administrar y girarlos”. Según el demandante, esta disposición suprime la competencia administrativa regional.

El actor también manifiesta que el derecho que se otorga a la Nación o al Departamento, de usar la infraestructura existente en la entidad territorial, para la eficiente ejecución de los recursos del SGP, desconoce el derecho de propiedad exclusiva del ente territorial involucrado.

La demanda también pide declarar inexequibles los capítulos que tienen que ver, primero con la medida correctiva que ordena suspensión de procesos contractuales “en los cuales no se prevea o aseguren el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios o no se adecuen a los trámites contractuales o presupuestales dispuestos por la ley”, a través de la Procuraduría; y segundo con la facultad que tiene el Ministerio de Hacienda de declarar nulos los actos y contratos que celebren los municipios, luego de la suspensión de la competencias de éstos para ejecutar los recursos del SGP.

En este último tema, Andrés Castro, el demandante, argumenta que se viola el debido proceso, “porque esa declaratoria sólo corresponde a los jueces de la República y no a las autoridades administrativas”.

Por último, Forero expone que es inexequible el inciso que dice que “las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno y darán lugar a causal de destitución del cargo conforme a las normas legales correspondientes”, porque no solamente se sanciona con ineficacia la decisión adoptada por un juez, sino que se crea una nueva causal de retiro de un servidor de la rama judicial, sin facultades para ello.

Desestiman argumentos

En un concepto rendido el pasado dos de agosto, el procurador general Alejandro Ordóñez desestimó los argumentos esgrimidos en la demanda y le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el decreto acusado.

Según el jefe del Ministerio Público, “las medidas correctivas para controlar riesgos en la ejecución de los recursos del SGP no vulneran la autonomía territorial para administrar recursos, por ser límites constitucionales y legales que se aplican para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante el acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, cuando las autoridades territoriales son ineficientes en la administración de esos recursos”.

Ordóñez advirtió que la Procuraduría, en ejercicio de su función constitucional de vigilar el cumplimiento de la Carta, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, puede ejercer su función preventiva de solicitar a cualquier autoridad pública la suspensión de los procesos contractuales, sin que para ello se requiera habilitación legal específica y sin que esto signifique violación del principio de separación funcional del poder público.

Por último, el jefe del órgano de control señaló que no se extralimitó el Gobierno Nacional al establecer el incumplimiento de la regulación sobre inembargabilidad de los recursos del SGP como causal de destitución de los jueces, “porque esa norma legal responde al fin constitucional de garantizar el uso de esos recursos para la prestación de servicios públicos”.

Por ahora, toca esperar si la alta Corte acoge los argumentos expuestos por el demandante o por el Ministerio Público.

Aprobado proyecto de seguridad ciudadana

2010-11-17T07:57:00.002-05:00

Fue aprobado ayer en primer debate, por parte de la Comisión Primera de Senado, el proyecto de seguridad ciudadana, presentado por el Gobierno.

Esta era una de las iniciativas por la cual el Ejecutivo había mostrado su preocupación porque no arrancaba su trámite legislativo. Incluso la semana anterior esta célula legislativo lo tenía agendado para darle debate, sin embargo ante las diferentes inquietudes que se presentaban sobre su articulado se prefirió aplazarlo.

La Comisión aprobó el proyecto con pocas modificaciones respecto al articulado presentado por el Gobierno. En este sentido aprobó la tipificación como delito de la pertenencia a una banda criminal, las conductas en el porte de armas, el aumento en los términos para formular imputaciones y legalizar órdenes de captura de manera más expedita.

Igualmente aprobó que los allanamientos puedan ser adelantados por las autoridades durante las 24 horas del día, aunque deberá existir el acompañamiento de la Procuraduría cuando sean en horas de la noche.

También, la reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia en lo que tiene que ver con que las sanciones a los menores se apliquen hasta que se cumplan y no sólo hasta que el joven tenga 21 años, como opera hoy.

Al respecto el senador liberal Juan Manuel Galán, integrante de la Comisión Primera, dijo que “se eliminó la inequidad que había entre los menores, entre los 16 y los de 21 años, por ejemplo, que cuando un menor cumple 21 queda libre así haya sido condenado o lo hayan judicializado por un delito, eso se eliminó y en consecuencia queda igual para todos”.

Añadió que también aprobaron el funcionamiento de una dirección que se encargará de la política penal para menores, la cual será parte del Ministerio de Justicia que sea creado en los próximos meses.

Corte declara inexequible la norma de Inteligencia

2010-11-17T07:53:00.003-05:00

Ésta fortalecía el marco legal para que organismos como el DAS y la Uiaf puedan desarrollar sus funciones y reglamentaba el uso de información reservada

POR VICIOS de forma, al no haberse tramitado como una ley estatutaria, ayer la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible la norma de Inteligencia y Contrainteligencia, la cual fortalecía el marco legal para que organismos como el DAS y la Uiaf puedan desarrollar sus funciones y además, reglamentaba el uso de información reservada.

Con ponencia del ex presidente del alto Tribunal, Nilson Pinilla Pinilla, la Sala acogió los argumentos de una demanda interpuesta contra la ley 1288 del 2009 por la Comisión Colombiana de Juristas, donde se exponían vicios de forma y de fondo.

La demanda argumentaba que la norma aprobada en el 2009 se debió haber tramitado como una ley estatutaria, porque regulaba las bases de datos que pertenecen a los organismos de Inteligencia y contrainteligencia y al establecer pautas y criterios sobre protección de la información que recaban y recolectan dichos organismos, así como porque reglaba la creación y funcionamiento de bases de datos personales administradas por ellos, y por controlar el ingreso y salida de información de las bases de datos.

Sin embargo, en un concepto rendido a mediados de año, el procurador Alejandro Ordóñez manifestó que según jurisprudencia de la alta Corte la regulación de derechos fundamentales no debe hacerse por medio de una ley estatutaria.

“Por regla general, según la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Corte, la regulación de derechos fundamentales no debe hacerse por medio de una ley estatutaria, salvo que se trate de una regulación que afecte el núcleo esencial del derecho fundamental, valga decir, el conjunto de atribuciones y potestades sin las cuales el derecho no sería reconocido, o que se regule el derecho fundamental de manera íntegra, estructural o completa”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Los demandantes también argumentaban vicios de fondo, como la de una presunta afectación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas, por cuanto la norma establece que la información de Inteligencia y contrainteligencia estará amparada por la reserva legal por un plazo máximo de 40 años, y exonera a los servidores públicos del deber de denuncia y de declarar en eventuales procesos judiciales.

Por otro lado, los demandantes acusaban que la ley al no incluir dentro de las autoridades autorizadas para conocer los datos de Inteligencia a la Defensoría del Pueblo, “afecta el control independiente, adecuado y eficaz de dichas actividades, impide la defensa cabal de los derechos humanos y pone en riesgo los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

Por último, los actores aducen una omisión legislativa relativa, al establecer la ley que las compañías de comunicaciones deben suministrar datos sobre la identidad y la localización de sus usuarios, sin que medie una orden judicial previa o un control posterior. Esta carencia de control vulnera, a juicio de los demandantes, el derecho a la honra, a la reputación, a la vida privada y al habeas data.

Hoy arranca debate de la ley de víctimas

2010-11-17T07:46:00.001-05:00

A pesar de que ayer el Gobierno celebró que inició el debate sobre la ley de víctimas, sería demasiado optimista pensar que alcance a recibir más de un debate en Cámara en este período inicial de la actual legislatura, el cual finaliza el 16 de diciembre venidero.

Hoy la Comisión Primera de la Cámara iniciará la discusión del proyecto con la explicación de la única ponencia que tiene este proyecto. Además hay convocada plenaria de Cámara para las 3 p.m., lo cual permite prever que apenas se alcanzaría a aprobar el informe de ponencia. “Es que hay más de 180 artículos y más de 100 proposiciones”, explicó el representante conservador y coordinador de ponentes, Óscar Fernando Bravo.

Añadió que esta única ponencia está firmada por diferentes colectividades, pero con salvedades, “esas salvedades se van a convertir en artículos nuevos”, previó. Aparte de esto hay una constancia presentada por el Polo con más de 100 asuntos a tratar.

Temas más polémicos

La ley de víctimas es uno de los proyectos más importantes para el Gobierno Nacional, tanto que el Presidente lo radicó personalmente en el Congreso.

La iniciativa tiene como objetivo implementar la reparación del Estado por la vía administrativa a cerca de cuatro millones de víctimas de la violencia.

A pesar de que el proyecto está impulsado por los partidos que se aglutinan en la coalición de Gobierno y cuenta con el apoyo, con algunas salvedades, de otras formaciones como el Partido Verde, presenta varios aspectos que prometen un candente debate desde ya en la Comisión Primera de Cámara, en el primero de sus cuatro debates.

Sobre el particular el ponente Óscar Bravo señaló que “primero el Polo se opone a toda la ley, entonces ahí va a haber una discusión nosotros defendiendo y ellos tratando de decir que no sirve para mayor cosa. También hay diferencias en cuanto a la calidad de víctima y en cuanto a la reserva de las víctimas dentro del proceso judicial, así como en cuanto a los límites presupuestales de las indemnizaciones”.

Sobre este último aspecto ayer el presidente Santos pidió que se estableciera un límite en la indemnización, sin embargo el representante Bravo explicó que ya está previsto en la ponencia para primer debate: “El tope de la indemnización administrativa es de 40 salario mínimos”

Ley de sociedades en el fútbol se juega en plenaria de Cámara

2010-11-16T09:05:00.003-05:00

Diferencias irreconciliables no permitieron que se acumularan la iniciativa gubernamental y la parlamentaria en el mismo sentido

EN MEDIO de una fuerte polémica hoy la plenaria de la Cámara tiene en el orden del día darle segundo debate al proyecto gubernamental (073 de 2010 Cámara, acumulado con el proyecto de Ley No. 077 de 2010 Cámara) por medio del cual los clubes con deportistas profesionales se convierten en sociedades anónimas, orientado básicamente a los equipos de fútbol.

La discusión está en que esta iniciativa prevé que los actuales aportes que tienen los socios en los clubes se pueden convertir en acciones en las nuevas sociedades; sin embargo el representante Simón Gaviria señala que por esta vía algunos podrían aprovecharse para legalizar dineros del narcotráfico que desde 1985 han ingresado para apoyar los equipos.

El Representante liberal considera que de esta forma las personas que hoy controlan el fútbol mantendrían el poder de los mismos, convertidos en sociedades anónimas.

En canchas opuestas

La solución a la aguda crisis económica y a nivel de la estructura de los equipos que vive el fútbol colombiano desde hace varios años estaría en que los clubes, hoy organizados como asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, se conviertan en sociedades anónimas, como opera en varios países del mundo. De esta forma se democratizaría la propiedad de los clubes, podrían ingresar dineros de inversionistas pero, a la vez, se promete que el Estado tendría más control sobre los manejos financieros de estas entidades deportivas.

Seis proyectos en este sentido hundidos registra la historia del Congreso; no obstante en esta legislatura hay una verdadera ofensiva pues además del proyecto del Gobierno cursa otro en Senado (Nº 130 de 2010) de autoría del representante Simón Gaviria.

Esta iniciativa ya cuenta pon ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de Senado, por parte de los senadores Camilo Sánchez y Manuel Mazenet Corrales.

Sin embargo desde un primer momento el proyecto parlamentario y el gubernamental han estado de un lado y otro de la cancha, a pesar de que el objetivo es el mismo: que los 36 equipos de fútbol profesional, contados en la categoría A y la B, se conviertan en sociedades anónimas.

Las diferencias no son tantas pero sí profundas, por lo que no fue posible que estos proyectos hayan sido acumulados.

En primer lugar el proyecto de Gaviria le entrega la competencia del control contable de los clubes a la Superintendencia Financiera, mientras que el proyecto gubernamental le da también cabida en este tema a Coldeportes.

En segundo lugar, el proyecto de Gaviria no establece un tope en el límite de acciones que puede poseer un socio, mientras que la iniciativa del Gobierno lo fija en un 20 por ciento.
En tanto que los proyectos sí coinciden en que las actuales asociaciones y corporaciones deportivas se conviertan en sociedades anónimas, más después que la ponencia para segundo debate del proyecto gubernamental hace obligatorio este paso, pues la iniciativa original del Ejecutivo la presentaba como opcional.

Sin embargo el reconocimiento que hace el proyecto gubernamental a los aportes que tienen los socios en los actuales clubes para que se conviertan en acciones en las nuevas sociedades parece ser una diferencia irreconciliable. Simplemente Gaviria quiere que estas sociedades arranquen cero kilómetros en materia de financiación, cerrando los resquicios para que no se cuele uno que otro dinero de dudosa procedencia.

Sobre este particular, la semana anterior el ministro Vargas Lleras señaló que “los ponentes acordaron que presentarán una ponencia donde los que quieran transformarse tendrá que ser hacia una sociedad anónima. Si el propósito del proyecto es que los clubes deportivos se democraticen, se capitalicen y sean mucho más transparentes por los controles a los que tienen que estar sometidos, sería inconveniente dejar el sistema mixto, es decir, unos en cooperativas y otros en asociaciones, ya que muy pocos se transformarían en sociedad anónima”.

Añadió que el proyecto del Gobierno prevé un examen muy riguroso a los recursos y dineros que hacen parte de los equipos, para controlar su procedencia.

“Nadie podrá transformarse sin pasar por los controles previos al examen del origen de los recursos nuevos o que en su momento fueron aportes a dichas asociaciones. Las nuevas figuras societarias quedarán sometidas al control de la Superintendencia Financiera, porque cotizarán en bolsa, de la Superintendencia de Sociedades y de Coldeportes”.

Ponencia plenaria Cámara

De la conversión de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas a sociedades anónimas, o a cooperativas u organismos cooperativos.

Artículo 4°. De la conversión de los clubes profesionales. En ningún caso, la conversión producirá la disolución ni la liquidación de los clubes con deportistas profesionales, por lo que la citada persona jurídica continuará siendo titular de todos sus derechos y a la vez responsable de las obligaciones que venían afectando su patrimonio.

Igualmente la conversión no afectará los contratos, los reconocimientos deportivos, ni los derechos deportivos.

Para realizar la conversión, cada organismo deportivo efectuará el intercambio de aportes en los clubes, por acciones sobre la base de un 75% en proporción al capital aportado inicialmente; entendiéndose esto como el capital inicial mínimo aportado por cada asociado.

Gobierno reitera alerta por Estatuto Anticorrupción

2010-11-16T08:59:00.002-05:00

Para el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, la agenda del Gobierno no está trancada, a pesar de los reveses que ha tenido.

TODA LA agenda legislativa del Gobierno avanza a buen paso en el Congreso, a un mes de concluir la primera parte de la legislatura, manifestó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas.

La única preocupación del ministro es el trámite del estatuto anticorrupción con el que el Gobierno pretende incrementar las penas contra las personas y funcionarios públicos que cometan irregularidades en su gestión.

“Invocando a la comisión primera a que avance en el mismo, el tema de la corrupción preocupa mucho y queremos que esta iniciativa a lo menos se debata, se discuta y de ser posible se apruebe”, puntualizo.

“El resto de la agenda legislativa va muy bien. Regalías: le falta un debate. Comisión Nacional de Televisión: ya terminó”. Hoy “se inicia la discusión del proyecto de víctimas y tierras, al orden público le falta un debate. Son 30 proyectos caminando todos adecuadamente”, aseguró Vargas.

Avance

La agenda legislativa del Gobierno avanzó durante la semana pasada, aunque la ley de víctimas debió esperar la evacuación de la reforma al régimen de regalías, debido al carácter de prioridad que se le dio en vista de que es un acto legislativo.

Otro traspiés fue del proyecto de ley que busca que los equipos de fútbol se conviertan en sociedades anónimas, que no pudo ser aprobado hace ocho días en la plenaria de la Cámara, debido a que se presentaron diferentes posiciones frente al tema.

Con mensaje de urgencia está la iniciativa de primer empleo, que comenzará a debatirse mañana en reunión conjunta de las comisiones terceras.

A parte de esos contratiempos, el proyecto de regalías y la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión pasaron sus siguientes debates; el primero tendrá cuatro debate, de ocho necesarios, en la plenaria de la Cámara, mientras que el otro pasó a quinto debate en la comisión primera del Senado, donde ya tuvo una exitosa primera vuelta.

La U

Parte del optimismo de Vargas radica en que el compromiso de la coalición se ha visto reflejado en las votaciones de los proyectos, particularmente del Partido Liberal, que junto a Cambio Radical son las bancadas más juiciosas.

La semana pasada, tras una reunión de casi tres horas entre el presidente Juan Manuel Santos y los congresistas del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el mandatario logró que los miembros de su colectividad le reiteraran su compromiso para sacar adelante los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno.

Desde el Club Guaymaral, en Bogotá, el presidente Santos afirmó que “el partido ha sido determinante para que esa agenda avance en el Congreso. Se comprometió a seguir avanzando para que la agenda en su totalidad pueda culminar con éxito”.

En particular, Santos celebró el compromiso de La U en temas trascendentales de la agenda legislativa como lo son los proyectos que reforman el sistema de salud y el régimen de regalías.

Sigue varada en Cámara regulación de dosis mínima

2010-11-12T09:00:00.002-05:00

El ministro Germán Vargas dijo que la implementación de la iniciativa implicaría costos cercanos a los once billones de pesos

ABANDONADO A su suerte parece estar el proyecto de ley reglamentario del Acto Legislativo 02 de 2009, por medio del cual se prohibió la dosis mínima y se establecen tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para la rehabilitación de las personas adictas.

La iniciativa está a la espera de su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, para el cual ya cuenta con una ponencia que pide su archivo, y el Ejecutivo, a pesar de ser de origen gubernamental, lo presentó la administración de Álvaro Uribe, no muestra interés en el mismo.

Esa falta de interés así la percibe el presidente de la Comisión, el representante nariñense Berner Zambrano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien le dijo a los medios que “yo pienso que la verdad no hay interés por parte del Ministerio de la Protección Social porque no han movido nada. Es decir, cuando hay interés cada ministro o cada autor se mueve, busca a los ponentes, a los coordinadores, y en este caso con este proyecto la verdad que nada en absoluto”.

Por ahora esta iniciativa seguirá a la espera de saber cuál será su suerte pues el debate en el que se pondrá a consideración su archivo no se tiene agendado para la semana entrante, puesto que la Comisión tiene previsto dar el primer debate a la ley de víctimas.

Hace cerca de dos semanas el ponente de este proyecto, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, presentó una ponencia solicitando su archivo, rememorando que el ministros del Interior, Germán Vargas, ratificó el concepto negativo por parte del Ministerio de Hacienda a la iniciativa y por eso la ponencia señaló que “al no encontrar el soporte económico del proyecto, lo que al tenor de lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, hace jurídica y financieramente inviable la iniciativa”.

Vargas expresó su preocupación por la inviabilidad presupuestal para garantizar los tratamientos de rehabilitación a las 320 mil personas adictas a estas sustancias: “Las cifras que nos ha enviado el Ministerio de Hacienda son desoladoras: más de once billones de pesos costaría la financiación de esta iniciativa y adicionalmente los tratamientos internos y externos”.

El Ministro explicó ante la Comisión que, según los argumentos del Ministerio de Hacienda, un tratamiento de rehabilitación cuesta por persona 6 millones de pesos y la población susceptible de ser beneficiaria es de 320 mil personas, sin incluir 24 mil internos en cárceles que ya reciben asistencia y rehabilitación por cuenta del Ministerio del Interior y de Justicia.

“Los tratamientos de institutos internacionales tienen un costo de 36.2 millones de pesos por persona con internación por tres meses, alimentación, exámenes, etc. Bajo el escenario más económico, dice el Ministerio de Hacienda que se necesitarían 1,9 billones de pesos. Y bajo otro escenario menos alentador una suma que supera los 11,4 billones de pesos”, ilustró Vargas Lleras.

Sin embargo, el alto funcionario fue enfático en admitir que el problema del consumo de estas sustancias es grave y el Gobierno debe darle solución con un proyecto que aplique medidas graduales que puedan ser viables desde el punto de vista económico.

Esta ha sido la ruta crítica del proyecto de regalías

2010-11-12T08:46:00.003-05:00

En tres debates, de ocho, a la iniciativa de acto legislativo le han hecho modificaciones más de forma que de fondo. Próxima semana seguirán su análisis.

EN MES y medio el proyecto de acto legislativo que modifica el Sistema General de Regalías ha tenido tres debates, de ocho obligatorios, donde le han hecho modificaciones más de forma que de fondo. Para que pueda pasar a la siguiente legislatura sin problemas, deberá ser aprobado en al menos cuatro debates.

Presentamos un cuadro comparativo con las modificaciones que ha tenido en sus tres debates, iniciando con el proyecto de reforma constitucional original que radicó el Gobierno.

Proyecto original

El proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso el dos de septiembre dice:Serán sujetos beneficiarios del Sistema General de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo de Competitividad Regional. Los departamentos, municipios y distritos en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos tendrán derecho de participación en las regalías y compensaciones.

Los recursos del Sistema General de Regalías se destinarán a financiar proyectos regionales de desarrollo económico, social y de infraestructura, inversiones en ciencia, tecnología e innovación, ahorro pensional territorial y para la generación de ahorro público.

El Fondo de Ahorro y Estabilización será administrado por el Banco de la República y estará constituido por una parte del valor total de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones y tendrá como objetivo general absorber las fluctuaciones en el valor de las mismas, con el propósito de reducir la volatilidad en los ingresos de los beneficiarios.

El Fondo de Competitividad Regional, que será administrado por el Gobierno Nacional en los términos que defina la ley a que se refiere el artículo 360, estará conformado a su vez por el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, los cuales se constituyen en un mecanismo de equidad entre las entidades territoriales del país y su finalidad es la financiación de proyectos regionales de desarrollo. La distribución de sus recursos se realizará con base en los criterios de pobreza, eficiencia, población y equidad regional.

El Fondo de Compensación Regional tendrá una duración de veinte años, a partir de la vigencia de la ley a que se refiere el artículo anterior. Se compone con un porcentaje del valor de los recursos del Fondo de Competitividad Regional y se destinará a las regiones más pobres del país, asignándole una alta prioridad a las zonas costaneras y fronterizas. A su vez, el Fondo de Desarrollo Regional, al cual tendrán acceso todas las regiones del país, tendrá duración indefinida y se financiará con el porcentaje restante de los recursos del Fondo de Competitividad Regional. La misma Ley definirá la gradualidad en la asignación de los porcentajes entre los dos Fondos, de tal manera que al final del vigésimo año la totalidad de los recursos se concentren en el Fondo de Desarrollo Regional.

El diez por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías, descontados los valores destinados al Fondo de Ahorro y Estabilización y de ahorro pensional territorial, se destinará a proyectos de ciencia, tecnología e innovación y se ejecutará de conformidad con la ley a que se refiere el artículo anterior.

Primer debate

El 23 de septiembre pasado la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo, el cual sólo obtuvo cuatro votos en contra. En esta célula legislativa incluyeron que un 10 por ciento de los recursos de las regalías fuera destinado al ahorro pensional territorial.

Además, que los municipios ribereños donde nace el Río Magdalena también tendrán derecho de participación en el Sistema General de Regalías e hicieron énfasis en el carácter regional que tienen los recursos de regalías y compensaciones.

En la discusión de la iniciativa, el senador Juan Carlos Vélez, de La U, expuso la necesidad de que la ley defina el término en el cual los recursos del Fondo de Competitividad Regional debían concentrarse únicamente en el Fondo de Desarrollo Regional.

Por otra parte, los senadores Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez y Hernán Andrade, del Partido Conservador, destacaron la importancia de que se incluyan también como destinatarios de las regalías y compensaciones a los puertos terrestres, no sólo a los marítimos y fluviales.

Segundo debate

El 12 de octubre pasado la Plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo, con 70 votos a favor y 13 en contra.

En esta oportunidad se creó un nuevo Fondo que se verá beneficiado de los recursos de las regalías, el Fondo de Participación de Entidades Productoras. Además se incluye un parágrafo transitorio que dice: El Gobierno Nacional contará con un término de tres meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que ajuste el Régimen de Regalías al nuevo marco constitucional.

Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso de la República contará con un término, que no podrá exceder de seis meses, para su aprobación. Si vencido este término no se ha expedido la ley, se faculta al Gobierno Nacional para expedir decretos extraordinarios que regulen la materia.

De otro lado, también se corrige el texto de la iniciativa para que sus alcances sean más extensivos.Por último, se incluye como beneficiarios de las regalías a los municipios costeros donde desemboca el Río Magdalena.

Tercer debate

Después de su discusión en la Comisión Primera de la Cámara, a la iniciativa le fue suprimido el Fondo de Participación de Entidades Productoras, por lo que quedó con los cuatro Fondos originales. Además, hace explícito que los municipios y distritos productores ejecutarán directamente los recursos provenientes de las regalías.

De otro lado, contempla que el Fondo de Desarrollo Regional “tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”.De igual manera, amplía la duración del Fondo de Compensación Regional de 20 a 30 años. Por último, crea un órgano colegiado que definirá el futuro de los recursos de las regalías.

Gobernaciones y alcaldías incumplen Ley de Género

2010-11-11T07:46:00.003-05:00

Sólo 7 de las 32 gobernaciones de igual número de departamentos cumplen con la Ley de Cuotas, la cual busca asegurar la participación de la mujer en todas las ramas del poder público. En el caso de las ciudades capitales el panorama es más desolador pues sólo 5 de las 32 existentes acatan esta normatividad.

Así lo reveló ayer el avance de un estudio en el que se hace un balance de los 10 años de la Ley de Cuotas, presentado por Diana Espinosa, coordinadora de la comisión para la inclusión y representación política de las mujeres de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

Esta Ley establece que como mínimo un 30 por ciento de los cargos decisorios en el sector público debe ser ocupado por mujeres. Añade que “el incumplimiento de lo ordenado constituye causal de mala conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta”.

El estudio consiste en la revisión de los datos disponibles sobre el cumplimiento de la Ley 581 del 2000 para cargos de designación, con base en informes de los órganos del Estado que tienen mandato de realizar la vigilancia, así como hace un análisis de los perfiles de las mujeres que han ocupado cargos de poder a nivel nacional en este periodo, y de quienes ocupaban en el año 2009 cargos a nivel territorial con el propósito de identificar sus trayectorias profesionales.

En cuanto a cifras, Diana Espinosa explicó que no existen datos sobre el cumplimiento de la Ley en 2000, 2001 y 2002. Del 2003 al 2009 el estudio se evidencia que la mayoría de las regiones del país no cumplen con el 30 por ciento de participación política femenina designada en la ley de cuotas, a pesar de que según datos del Sistema Nacional del Información de Educación superior, desde el año 2002, son más las mujeres que los hombres que se gradúan de carreras universitarias.

Cumplen con la ley

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Villavicencio
Armenia
Bucaramanga

Senado: se enreda proyecto de seguridad ciudadana

2010-11-11T07:40:00.002-05:00

La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad. La discusión se reanudará la próxima semana

EL PROYECTO de ley con el que el Gobierno quiere controlar los niveles de delincuencia que se han incrementado en el país no tuvo un fácil inicio en el Congreso.

Ayer, pese a que el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, pidió celeridad en el trámite del proyecto de ley, la comisión primera del Senado decidió crear una subcomisión para que analice los temas más polémicos de la iniciativa, después de horas de intenso debate, y entregue sus conclusiones el martes de la próxima semana. La polémica se centró en los temas de allanamiento las 24 horas y la responsabilidad penal para menores de edad.

El senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a los medios que “hay quienes defienden que los allanamientos sólo se pueden hacer en horas hábiles, como si el delito tuviera horas hábiles de atención al público y yo defiendo que el allanamiento pueda hacerse en cualquier momento de las 24 horas del día”.

Sobre “la responsabilidad penal de los sicarios jóvenes, de los que matan repetidamente, aprovechando las bandas criminales la protección que les da la inimputabilidad de los niños”, anotó que su “punto es que si hay un asesino reiterado que tiene 17 años, debe ir a la cárcel. Por supuesto, estamos discutiendo a qué tipo de centro de atención debe ir, pero yo me opongo a que vayan a un centro de rehabilitación de menores donde se fugan todos para seguir delinquiendo, y exijo que haya un centro carcelario donde paguen una pena real. Y que la pena mínima sea de 7 años y máximo de 15, como lo propuso la senadora Gilma Jiménez”, del Partido Verde, “pero que esa pena implique que no haya excarcelación ni rebajas”.

Este proyecto de origen gubernamental modifica algunos aspectos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del proceso de extinción de dominio y del Código de la Infancia y Adolescencia.

Debate

Uno de los ponentes de la iniciativa, el senador Juan Carlos Vélez, de La U, le explicó a este Diario que se llegó al consenso “en lo que tiene que ver con el porte ilegal de armas. Yo fui autor de un proyecto de ley que está incorporado ahí. Pero algunos aspectos no se habían incluido, como el de la detención domiciliaria, que pues prácticamente cuando no hay concurso con el concierto para delinquir, hoy día es beneficiaria la persona del subrogado penal, de la detención domiciliaria en el caso de ser condenada”.

Vélez advirtió que la comisión acogió la propuesta de eliminar beneficios penales para este mismo tipo de delito, como “el beneficio de excarcelación, porque el 90 por ciento de las personas capturadas por porte ilegal de armas quedan en libertad, según datos del director de la Policía, el general Oscar Naranjo”.

“En tercer lugar”, agregó, “también incluimos la sanción para los que tengan porte ilegal de explosivos, porque capturaban una persona con explosivos y no había sanción de algún tipo para ella”.

El senador Vélez manifestó que también se creó un tipo penal para el llamado fleteo, que “es una conducta que está haciendo carrera y amerita una sanción penal drástica, fuerte, asimilable al secuestro. Además, si la persona va al banco y más adelante lo abordan y lo atracan, entonces se vuelve en un hurto calificado, y yo creo que hay que darle una connotación más drástica”.

Altas y bajas en ritmo de la agenda legislativa

2010-11-03T08:18:00.003-05:00

El ambicioso menú de reformas presentado por el Ejecutivo al Congreso ha contado con no pocos sobresaltos, aunque todavía su marcha se ajusta al cronograma.

CON UNOS proyectos más adelantados que otros en cuanto al número de debates que han podido surtir, avanza con buen ritmo la agenda que presentó el Gobierno en esta primera legislatura. La mayoría de las iniciativas por lo menos ya tienen un debate, lo que les asegura no hundirse por falta de trámite de aquí al 16 de junio de 2011.

Uno de los dolores de cabeza para el Ejecutivo, en cuanto a proyectos que se han quedado a la zaga, es el de Primer Empleo, que sigue también a la espera de ponencia para primer debate, aunque el mensaje de urgencia que dio el Gobierno la semana anterior imprimiría la celeridad que requiere en su trámite.

El gobierno Santos sorprendió al país al inaugurar al Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio con una cascada de proyectos de todo tipo. Conocedores del tejemaneje parlamentario señalan que desde 1992 una Administración no mostraba la casi totalidad de sus cartas desde un primer momento, manifestada en una agenda legislativa tan voluminosa.

Analistas señalan que la administración Santos optó por este camino porque, en primer lugar, había iniciativas que no daban espera, pues su rápida aprobación era necesaria para el desarrollo de las políticas gubernamentales más gruesas, como empleo y la reforma a la ley de regalías. Sin embargo hay otros proyectos que bien habrían podido esperar en su presentación, como la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión o el de reelección de alcaldes y gobernadores, pero el Gobierno decidió no aguantar hasta el otro año su radicación confiado en que el Acuerdo de Unidad Nacional le garantizaba en el papel un control del 80 por ciento del Parlamento para la aprobación de su paquete de iniciativas.

En la práctica esta apuesta gubernamental le ha funcionado y es factible que al finalizar el primer periodo de esta legislatura, el próximo 16 de diciembre varias iniciativas hayan cumplido su trámite legislativo, siendo aprobadas, como es el caso del proyecto para separar dos ministerios y eliminar el DAS.

Ruta de los proyectos

1. Separación de los Ministerios
Esta iniciativa busca separar los Ministerios de Interior y de Justicia; el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Protección Social de Salud. Además otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración central, que en este caso sería para eliminar el polémico DAS.

Este proyecto, que fue el primero que radicó el nuevo Gobierno el 17 de agosto pasado, pasó sin mayores problemas en la Comisión Primera de la Cámara y en la Plenaria de Cámara. Posteriormente fue aprobado por la Comisión Primera de Senado. Solamente la falta ser aprobada por la plenaria del Senado para finalizar su trámite legislativo y pasar a sanción presidencial.
Sin embargo, este proyecto tendrá que esperar hasta la otra semana pues en esta la plenaria del Senado sólo se reunió ayer para un debate de control político sobre los precios de los combustibles.

2. Primer Empleo
Esta iniciativa establece exenciones tributarias para la creación de empresas, así como a los empleadores de jóvenes menores de 25 años.

Supuestamente esta semana sería presentada por fin la ponencia para primer debate en la Comisión Tercera de Cámara, sin embargo paradójicamente el mensaje de urgencia que envió el Gobierno la semana pasada implicaría que el coordinador de ponentes de la Tercera de Cámara deba reunirse con uno designado por la Tercera de Senado, lo que demandaría por lo menos una semana más. Empero el acelerador a fondo aplicado por el Gobierno al proyecto por medio del mensaje de urgencia implicaría que sea aprobado antes de diciembre de este año.

3. Eliminación de Comisión de TV
Ya fue aprobado en Senado y por parte de la Comisión Primera de Cámara. Está a la espera de su debate en la plenaria de Cámara para terminar su primera vuelta, pues por tratarse de una reforma constitucional requiere de ocho debates.

4. Reforma a la salud
Proyecto de ley ordinario que cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno. Las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara trabajan en la ponencia para primer debate, la cual terminarían de elaborar esta semana. Igualmente el Gobierno radicó el viernes anterior el proyecto de Ley Estatutaria en Salud.

5. Reelección de alcaldes y gobernadores
El proyecto gubernamental está agendado para recibir su primer debate hoy en la Comisión Primera de Cámara. Sin embargo, la bancada de La U en esta célula legislativa ha anunciado que pedirá su retiro pues en Senado avanza una iniciativa en similar sentido, del parlamentario Juan Carlos Vélez.
Por ser una reforma constitucional, requiere de ocho debates para su aprobación.

6. Ley de Víctimas
Esta iniciativa busca reparar por parte del Estado a las víctimas de los grupos delincuenciales e incluso de agentes del Estado. Fue acumulado con el proyecto de Ley de Restitución de Tierras.

7. Estatuto Anticorrupción
La iniciativa busca enfrentar el fenómeno de la corrupción al interior del Estado, para lo cual establece medidas de orden penal y administrativo. Está pendiente para primer debate en la Comisión Primera de Senado.

8. Reforma política
Este proyecto reglamenta algunos aspectos de una reforma constitucional de 2009, en aspectos como el régimen sancionatorio de los partidos, siendo una de las iniciativas clave para el Gobierno pues pretende que sus efectos se sientan en las elecciones regionales de 2011.
Ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de Cámara y no pudo ser debatido la semana anterior por la plenaria de Cámara por falta de quórum.

9. Reforma a régimen de regalías
Proyecto orientado a redistribuir entre las diferentes entidades territoriales los recursos provenientes de las regalías, hoy en manos de las regiones productoras.
Ya fue aprobado en primer debaten en la Comisión Primera de Senado y posteriormente por la plenaria de Senado. Está pendiente de ponencia para tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

10. Ordenamiento Territorial
Ya fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara en primer debate y está a la espera del segundo debate en la plenaria de esta Corporación.

11. Sociedades anónimas en el fútbol
Esta iniciativa pretende que los clubes que hoy funcionan como asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, se conviertan en sociedades anónimas.
Ya fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara y está pendiente para segundo debate en la plenaria de Cámara.

Insisten en cadena perpetua para abusadores de niños

2010-11-02T08:16:00.003-05:00

La iniciativa aportará para su trámite legislativo las certificaciones que ya le había entregado la Registraduría por el número de firmas y otra por la financiación.

DESPUÉS DEL traspiés que sufrió el pasado 28 de mayo en la Corte Constitucional, que declaró inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años, la iniciativa revivirá pues nuevamente será radicada en el Congreso, seguramente esta semana, para subsanar las deficiencias que llevaron a su hundimiento en el alto Tribunal.

Así lo anunció la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien ha sido una de las abanderadas de esta iniciativa que busca reformar el artículo 34 de la Constitución introduciendo la cadena perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.

Esta ley fue declarada inexequible en una votación 6 a 2 con salvamento de voto por parte de la magistrada María Victoria Calle, quien había presentado el 6 de mayo pasado ponencia positiva a la misma.

Igualmente, el 20 de enero de este año, el procurador Alejandro Ordóñez emitió su concepto sobre esta ley, en el que pidió a la Corte declararla exequible.

De esta forma este será el único de los referendos que sus promotores insistirán en sacarlo adelante, de las tres iniciativas que se hundieron entre febrero y abril de este año, como son la ley del referendo para una segunda reelección presidencial y el referendo del agua.

Vicios son subsanables

La senadora Jiménez señaló que “en los próximos días se vuelve a radicar la ley del referendo, estamos trabajando de común acuerdo con el Gobierno Nacional, el señor Presidente de la República apoya ese referendo, me lo expresó personalmente, y esperamos que él nos pueda acompañar a radicar nuevamente la ley del referendo”.

Las razones que expuso la Corte Constitucional para declarar inexequible la ley de referendo de cadena perpetua a los abusadores de menores de 14 años tienen que ver, en primer lugar, conque se dio inicio al trámite legislativo sin la certificación que entrega la Registraduría en cuanto a que se respetaron los topes de financiación.

En segundo lugar porque el Congreso (en Senado) modificó el texto original, pues el mismo señalaba que procederá la pena de prisión perpetua para delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental.

El texto modificado cambió la expresión “procederá” por “se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua…”.

Sin embargo a juicio de la Parlamentaria son subsanables estos aspectos señalados por la Corte como motivo para declarar inexequible la citada ley.

Desde hace meses Jiménez ha tenido en mente radicar nuevamente el proyecto, sin embargo ha estado a la espera de que el alto Tribunal publique el texto del fallo. Ya que esto no ha sucedido hasta la fecha, la Congresista ha decidido radicar de nuevo la iniciativa al considerar que los argumentos expresados por la Corte en su fallo del pasado 28 de mayo son suficientemente claros para insistir en que vuelva a hacer su trámite legislativo.

“Con lo que ya salió es suficientemente clara en lo que pasó. La Corte dice que en el trámite de la ley se cometieron dos errores: el hecho de no haber radicado un certificado de la Registraduría, que nosotros radicamos después, que el de las platas. Y que en el Congreso le incorporaron unos cambios al texto, entonces quedó claro que el Congreso no le puede hacer cambios a los textos de los referendos de iniciativa popular, y como el certificado lo tenemos, lo que procede inmediatamente es volver a radicar la ley del referendo”, indicó la Parlamentaria del Partido Verde.

Al explicar el fallo en mayo pasado, el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, destacó que este referendo requirió sólo 30 millones de pesos para el proceso de consecución de firmas, a pesar de que el tope establecido para esta clase de iniciativas es de 334 millones de pesos.
En tanto que desde 2008 los promotores de este referendo obtuvieron en diferentes regiones del país más de 1,8 millones de firmas que lo apoyaron.

En ese sentido otro de los propósitos de Jiménez es no perder ese esfuerzo en la consecución de estos respaldos. “Es que lo que vamos a intentar es no tener que volver a conseguir las firmas en tanto que la recolección de las mismas no tuvo ningún problema, todo lo contrario, es que el presidente de la Corte Constitucional (Mauricio González Cuervo) señaló esa recolección de firmas como ejemplar. Lo que nos señala a nosotros, y hay jurisprudencia sobre la materia, es que cuando una ley se cae por vicios de trámite, subsanados esos vicios de trámite, la ley puede volver a ser sancionada. La Corte no hizo ninguna consideración ni ninguna reflexión de fondo sobre el objeto del referendo, pues no corresponde hacerla, hizo fue la revisión del trámite de la ley”, apuntilló la Senadora.

Los otros referendos

El 26 de febrero anterior, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo para consultar al pueblo sí aprobaba o no una segunda reelección presidencial inmediata, que de triunfar el Sí, el único que se podría favorecer en ese momento era el entonces presidente Álvaro Uribe.

El fallo del alto Tribunal se fundamentó en vicios de procedibilidad en la etapa de recolección de las firmas así como en el trámite que tuvo la iniciativa en el Congreso.

En cuanto al proceso de recogida de firmas, la Corte encontró una serie de irregularidades como la violación al tope establecido para la financiación de este proceso; mientras que en el trámite legislativo concluyó que el Congreso excedió las limitaciones que le impone el principio de democracia participativa al modificar el texto original.

Mientras que el referendo para hacer que el acceso al agua fuera un derecho fundamental se ahogó en el trámite legislativo, pues finalmente la plenaria de la Cámara no alcanzó en junio pasado la votación suficiente para aprobar o rechazar la ponencia que pedía regresar al texto original, el cual fue modificado en la Comisión Primera de Cámara, que eliminó el derecho humano al agua y la desprivatización del servicio de acueducto, entre otras modificaciones.

Ya antes el comité promotor de la iniciativa había presentado una apelación contra las modificaciones al texto, lo que fue aceptado por la plenaria de la Corporación, que envió el texto a la Comisión V de Cámara para que iniciara el trámite nuevamente

Mañana definirían futuro de principio de oportunidad

2010-11-02T08:07:00.003-05:00

La norma fue demandada porque probablemente viola los derechos de las víctimas al limitar su participación en los procesos donde es aplicado el beneficio.

A LA expectativa se encuentran la Fiscalía y los sujetos procesales que podrían ser objeto del beneficio de la no aplicación de una pena a cambio de colaboración total con la justicia, por cuenta del examen constitucional que seguirá haciendo mañana la Sala Plena de la Corte Constitucional de la ley que contempla el principio de oportunidad.

Además, este asunto tiene especial relevancia, pues actualmente un juez de la República avaló el principio al que llegaron la ex directora de operaciones del DAS, Marta Inés Leal y la Fiscalía para revelar los autores intelectuales de las chuzadas.

El análisis de dicha norma había sido aplazado desde la semana pasada por el alto Tribunal. La demanda en contra de la ley 1312 de 2009 argumenta, entre otros detalles, una presunta violación a los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, debido a una limitada participación de éstas en el principio de oportunidad.

Los demandantes de la ley, argumentan que en el caso de aplicarse el principio de oportunidad a desmovilizados de un grupo armado organizado al margen de la ley, se trataría de una amnistía encubierta y, en tanto tal, vulnera también los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral, al privarlas de un proceso en el que puedan participar.

No “exige la identificación del victimario ni supone la existencia de un proceso penal en el cual la víctima pueda hacer valer sus derechos y peor aún prevé audiencias colectivas para aplicar el principio de oportunidad sin garantizar la participación de las víctimas”, dice la demanda.

En concepto rendido el pasado 12 de julio, el procurador Alejandro Ordóñez le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional no acoger la solicitud de la demanda, respecto a la presunta vulneración de las víctimas.

Según el jefe del Ministerio Público, como el principio de oportunidad, en el caso de los desmovilizados, se otorga con base sólo en el delito de concierto para delinquir agravado, éste no genera víctimas directas, dado que es un delito “en el cual incurren los desmovilizados por el mero hecho de haber pertenecido al grupo al margen de la ley”.

“En cuanto a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, para que pueda llegar a considerarse su vulneración, es menester establecer un supuesto lógico insoslayable: la existencia de víctimas. Las víctimas de un delito no se pueden suponer o presumir, deben existir. En delitos como los que se estudia, es muy difícil establecer la existencia de víctimas. En efecto, ¿quién sería o podría ser víctima”, se pregunta Ordóñez en su concepto, “del mero concierto para delinquir que no se concreta en hechos tangibles?”.

Sin embargo, Ordóñez expone en su concepto que cuando bajo el amparo de la aplicación del principio de oportunidad se pretende esconder otros delitos, “situación que, como se ha dicho, hace inaplicable el principio de oportunidad, es evidente que sí se puede afectar los derechos de las víctimas de dichos delitos”. Para el jefe del Ministerio Público, “las víctimas, pues, no son las de los delitos respecto de los cuales se aplica el principio de oportunidad, sino de otros delitos que pueden quedar impunes merced a una falsa declaración del desmovilizado y a una ineficiente tarea investigativa del Estado”.

Ahora le corresponderá a la alta Corte decidir si acoge los argumentos de la Procuraduría o los de la demanda de la ley.

Congreso aprobó tratado sobre desaparición forzada

2010-10-20T08:01:00.002-05:00

Si Santos sanciona la Convención, el país se comprometería a incluir este delito entre los susceptibles de extradición, entre otros puntos

POR 88 votos a favor y ninguno en contra, ayer la Plenaria de la Cámara aprobó la adhesión de Colombia a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzosas, adoptada en 2006 por las Naciones Unidas.

Esta aprobación, tras haber recibido previamente el visto bueno del Senado, supondrá, de ser ratificada por el presidente Juan Manuel Santos, la entrada en vigor de la Convención, ya que de los 19 signatarios solo faltaba un país para hacerla efectiva.

Para Colombia como Estado parte esta adhesión le implica, entre otros, que “nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada”.

Igualmente “los Estados partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada entre los delitos susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad”.

Al respecto, el representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo que “esta Convención es un instrumento novedoso, yo diría revolucionario en materia de protección de derechos humanos. Es el primer tratado internacional que consagra oficialmente los derechos a la justicia y la reparación de las víctimas. Igualmente crea un comité internacional ante el cual pueden presentar quejas los familiares de víctimas de desaparición forzada”.

Por su parte el director del Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), Marcos Romero, señaló que “fundamentalmente la Convención fortalece la ley que Colombia ya ha votado sobre desaparición forzada, en las cuales se establece que la desaparición es un delito de lesa humanidad y que por lo tanto es imprescriptible, es decir que la investigación puede abrirse en cualquier momento y que no importa el paso del tiempo para que el Estado asuma las investigaciones”.

Ley de víctimas

El pasado 27 de septiembre el Gobierno radicó la ley para reparar a las víctimas de la violencia, iniciativa que está a la espera de ponencia para primer debate tras ser acumulada con el proyecto de restitución de tierras.

La adhesión de Colombia a esta Convención implicaría hacer algunos cambios en el proyecto de víctimas para que esté a tono con esta norma internacional.

Así lo consideró el legislador Iván Cepeda, quien dijo que la ley de víctimas tiene profundas carencias y en algunos casos disposiciones que significan un retroceso para los derechos de las víctimas.
En consecuencia, añadió, hoy el Polo Democrático dirigirá una misiva al Gobierno Nacional solicitándole que la ley de víctimas sea ajustada.

Por su parte, Marcos Romero dijo que en Colombia opera lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, que quiere decir que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que suscriba el país hacen parte de la Carta Magna y lo que creo “es que cada vez más la ley de víctimas va a tener que orientarse hacia reconocer los estándares internacionales de reparación”.

Aplazan votación sobre uniones gay

2010-10-20T07:58:00.002-05:00

Una subcomisión para que analice el texto del proyecto de ley que contempla garantizar los derechos civiles y patrimoniales a las parejas del mismo sexo, de autoría de la senadora Piedad Córdoba, fue creada por la Comisión Primera del Senado ayer, después de que fueran presentadas algunas objeciones durante el debate.

Los reparos hacen referencia a la interpretación y alcances del texto. El senador del Partido de la U Juan Carlos Vélez Uribe manifestó que el artículo sobre la garantía de los derechos civiles, patrimoniales, penales y demás para las parejas homosexuales, como no precisa dichos derechos específicos, se podría interpretar en el sentido que dichas parejas tendrían también el derecho a la adopción.

Además, según el Senador, al aceptar las uniones de parejas del mismo sexo en el proyecto, se estaría aprobando el matrimonio gay. Estas preocupaciones también fueron expuestas por el senador liberal Luis Fernando Velasco.

Sin embargo, el ponente, el senador del Polo Democrático Iván Moreno Rojas, manifestó que el objetivo del proyecto es cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional, donde ampara los derechos civiles y patrimoniales de las parejas homosexuales, aunque aceptó que podrían hacer algunos ajustes al texto.

En consecuencia, la Subcomisión, de la cual hacen parte legisladores de las distintas bancadas, examinará el texto y lo ajustará, para evitar ambivalencias en la interpretación del mismo.

De otro lado, el senador conservador Roberto Gerlein Echavarría también criticó la iniciativa, argumentando objeciones religiosas y morales.

No obstante, tanto el Polo Democrático como el Partido Liberal manifestaron su apoyo al proyecto. De igual manera, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, aseguró que lo respaldaría, siempre y cuando no dé vía libre al matrimonio gay ni a la adopción.

Logran consenso para tramitar Ley de Víctimas

2010-10-20T07:51:00.002-05:00

Serían destinados 4 billones de pesos para hacer posible la iniciativa. Sin embargo, el representante del Polo Iván Cepeda manifestó que los recursos no alcanzarán.

CLARO Y despejado es el camino que le resta al proyecto de Ley de Víctimas en su trámite en el Congreso, fue la conclusión a la que llegaron varios representantes de la Comisión Primera de la Cámara después de asistir a una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Juan Manuel Santos, donde discutieron el futuro de la iniciativa.

Y es que uno de los reparos que habían presentado, entre otras, la bancada conservadora después de un encuentro con el ex presidente Álvaro Uribe, era su inconveniencia por los elevados costos que traería su aplicación, al igual que la inclusión de víctimas de agentes del Estado.

Pues bien, al parecer ayer estos dos inconvenientes quedaron subsanados después del consenso que hubo en Casa de Nariño. Así lo dio a conocer el representante liberal Guillermo Rivera, quien señaló que el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry hizo claridad en que la reparación administrativa costará en 15 años máximo 40 billones de pesos y que cada persona recibiría un tope máximo de 40 millones de pesos.

"No todas las víctimas van a exigir la reclamación. Eso significa que la ley va a costar menos que eso", aseguró el parlamentario.

Además Rivera, quien es el ponente del proyecto de ley, explicó que en la reunión con el presidente Santos hicieron claridad en el sentido de que para la reparación de víctimas de los agentes del Estado no harán modificaciones.

De igual manera, otro parte de tranquilidad sobre la iniciativa que busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, lo dio el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Berner Zambrano, quien manifestó que para esta iniciativa "no hay opositores" y que "existe consenso" en dicha célula legislativa, después que se llegara a un consenso entre la bancada conservadora y la liberal, y a pesar que el representante del Polo Democrático Iván Cepeda se mostrara preocupado por los escasos recursos que serían destinados para la reparación integral.

Sin embargo, Zambrano indicó que durante los debates que tendrá el proyecto, estudiarán los puntos en contra que tiene el Polo, sobre todo los que tienen que ver con el monto total de su reparación.
“Quedaría que se siguieran recogiendo opiniones del partido de oposición e incluirlas en el proyecto para garantizar la sostenibilidad del proyecto”, expuso el representante.

Según el representante Cepeda, “en términos de reparación dicen que van a dar 44 billones, pero cuando leemos con atención sólo 33 van a ser para asistencia. Entonces van a haber en 10 años 1 billón de pesos para las víctimas”.

En cuanto al trámite de la iniciativa, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara afirmó que será expedito, ya que también deben estudiar otros proyectos de importancia para el Gobierno, tal como el de regalías y la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.

También trascendió que la ponencia sería presentada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el próximo 26 de octubre y al día siguiente iniciarían su debate. Así mismo, a partir de mañana se llevará a cabo la audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Restitución de Tierras.

Rechazan Constituyente para reformar la justicia

2010-10-15T08:17:00.003-05:00

El magistrado Jaime Arrubla sostuvo que el pretexto para convocar la respectiva figura sería con el ánimo de “enterrar” los procesos de la parapolítica

UN RECHAZO rotundo a la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia dio el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla.

Según el magistrado, el pretexto para convocar la Constituyente sería el de acabar con los procesos de la parapolítica. “Una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia es inconveniente y no se sabe si lo que busca es enterrar la parapolítica”, dijo Arrubla desde Santa Marta, donde se lleva a cabo el XIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria.

Hay que recordar que desde hace un mes el proceso de parapolítica recobró un nuevo aire con varias capturas, entre las que se encuentran la del senador Javier Cáceres, de Cambio Radical, y con más condenas.

Arubla aprovechó la ocasión para lanzar más críticas al proyecto de reforma a la justicia, cuya discusión fue aplazada para el 2011.

El magistrado criticó el aspecto de que las providencias judiciales proferidas por la Corte Suprema pudieran ser revisadas por la Corte Constitucional, por vía de tutela.

Según Arrubla, por ser el órgano de cierre de la justicia ordinaria penal, sus fallos no pueden impugnados ante ningún otro tribunal.

La semana pasada el presidente del Congreso, Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), había dicho que en esta legislatura no se tramitaría una ley que convocara una Constituyente para reformar la justicia, tal como se había ventilado en algunos medios de comunicación.

“No le jalamos a la Asamblea Constituyente ni como partido ni como presidente del Congreso, lo puedo decir de forma categórica y seria”, sostuvo Benedetti.

Sin embargo, el senador Juan Lozano, presidente de La U, no descartó del todo la propuesta, pero afirmó que para esta legislatura estaría descartada: “La agenda prioritaria no será alterada con la discusión, en esta legislatura, del tema de la Asamblea Constituyente”. Y subrayó que su partido “no va a incorporar la discusión de la Asamblea Constituyente” en “esta legislatura”.

Siguen críticas a propuesta de penalizar los menores

2010-10-12T08:48:00.003-05:00

Según el Ministerio Público, la disminución de la edad no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja menor

NO PARAN las críticas contra la propuesta de bajar la edad para la responsabilidad penal, entre otros temas, que contempla el proyecto de ley de la seguridad ciudadana, radicado hace una semana en el Congreso por el Gobierno.

Ayer, la Procuraduría se opuso al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes entre 16 y 18 años, propuesto en la iniciativa gubernamental.

Según el Ministerio Público, la disminución de la edad penal no contribuiría a nada distinto que trasladar la problemática del infractor juvenil a una franja inferior. “Concebir un Sistema de Justicia Juvenil sin justicia restaurativa y sin la finalidad de la reintegración social para los adolescentes, es cercenar toda posibilidad de eficacia a este Sistema”, sostiene el ente de control.

Respecto del juzgamiento de los adolescentes como si fueran adultos, la entidad señaló que es una opción que está en contravía de la Convención de los Derechos del Niño, que demanda un tratamiento diferencial para esta población debido a su minoría de edad.

La Procuraduría consideró que se está presentando la seguridad ciudadana como un propósito de ejecución imposible, si al mismo tiempo se propugna por la protección de los derechos de los adolescentes.

“Esta postura desconoce flagrantemente el Principio del Interés Superior, de exclusiva aplicación del Derecho de Infancia y Adolescencia, que marca una diferencia sustancial con el Derecho Penal y el Sistema de Enjuiciamiento Criminal diseñado para adultos, y desconoce además la protección integral y la prevalencia de los derechos de los menores de edad”, dice en un comunicado el Ministerio Público.

En cuanto a la aplicación de la sanción penal a los adolescentes tomando en consideración la gravedad del delito cometido, la entidad señaló que desconoce que el Código de la Infancia y la Adolescencia imponen la adopción de un sistema de sanciones distinto al previsto para los adultos.

“Para el Ministerio Público, este es un Sistema de Justicia y por lo tanto debe garantizarse su estructura y funcionamiento como tal, donde el competente para hacer seguimiento a las sanciones impuestas a los adolescentes, debe ser un juez especializado en infancia y adolescencia”, dijo la Procuraduría.

La iniciativa de seguridad ciudadana contempla aumentar a 12 años las penas privativas de la libertad a los adolescentes que sean judicializados.

La Corte ni siquiera votó ayer por terna para Fiscal

2010-09-28T07:41:00.003-05:00

Aunque se habían citado para intentar la elección, los magistrados se dedicaron a buscar fórmulas que desentraben el proceso para reemplazar a Mario Iguarán.

EN LA que se ha catalogado como la última semana posible para que la Corte Suprema elija Fiscal General, antes de que el quórum de su Sala Plena se vea afectado por la salida de tres magistrados, a quienes se les cumple el período, ayer tampoco hubo humo blanco y el tiempo empieza a jugar en contra del alto tribunal.

El presidente encargado de la Corte, Jaime Arrubla, explicó que el alto tribunal estudia formulas para destrabar la elección de Fiscal General.

Arrubla sostuvo que los magistrados admiten que se han dado muchas votaciones sin ningún resultado y por eso hoy no hubo votación para ninguno de los integrantes de la Terna.

El magistrado Arrubla dijo que analizan el reglamento para estudiar la posibilidad de reformarlo y por eso se convocó a una sala ordinaria, escenario natural para poder hacer una modificación.

Agregó que el hecho de no haber votado para elegir al nuevo Fiscal en la sala número 23, no quiere decir que no lo vuelvan a hacer.

Intentos fallidos

Después de 14 meses, ninguno de los ternados ha alcanzado los 16 votos posibles para poder reemplazar el cargo que dejó Mario Iguarán. Y es que las cosas se empezaron a complicar al interior de la Sala Plena de la Corte Suprema, desde la semana anterior, cuando dos magistrados de la Sala Penal, Alfredo Gómez y José Leonidas Bustos salieron del país para asistir a una capacitación en la Escuela Judicial de Barcelona, durante tres meses.

De esta manera, de los 23 magistrados que componen el alto Tribunal, actualmente quedan 20, lo que dificulta aún más las respectivas votaciones, entre ellas la del Fiscal General.

Además, por este mismo hecho, ayer la alta Corte tampoco pudo modificar su reglamento interno para así pasar de una mayoría calificada a una mayoría simple, de 12 magistrados, y así hacer más ágil las respectivas elecciones.

De hecho, en la última Sala Plena que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, se intentó también, sin éxito, modificar el estatuto interno, para destrabar el proceso de elección del fiscal. En esa Sala hubo tensión al interior de la corporación judicial, debido a que el magistrado de la Sala Civil, William Namen, presentó su renuncia la cual no fue aceptada, por el desgaste en el que se ha visto avocada la alta Corte con tantas votaciones sin fortuna.

Retiros

El próximo primero de octubre se retira por vencimiento del período el magistrado de la Sala de Casación Laboral, Luis Javier Osorio, y dos de los magistrados que han tenido enfrentamientos y líos jurídicos con el ex presidente Álvaro Uribe, los magistrados Yesid Ramírez y César Julio Valencia, de las salas de Casación Penal y Civil, respectivamente.

De igual manera, el magistrado de la Sala Laboral, Eduardo López, culmina su período el primero de noviembre del presente año. Normalmente la Sala Plena de la Corte está integrada por 23 magistrados, pero con la ausencia de estos seis magistrados en el próximo mes, incluyendo la vacante que dejó la magistrada Isaura Vargas desde hace ya más de un año en la Sala Laboral, el quórum se reduciría a sólo 16 jueces.

Santos quiere demostrar que se la juega por ley de víctimas

2010-09-27T07:42:00.001-05:00

EL NUEVO proyecto de ley de víctimas será radicado este mañana a las 11, cuando el presidente Juan Manuel Santos lo lleve personalmente hasta la secretaría de la Cámara.

Así lo precisó en las últimas horas el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.

En el acto”, que se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, “van a intervenir víctimas muy destacadas de la comunidad internacional, que vendrán al país para participar de este evento”, explicó Vargas. Serán unas 20 personas, víctimas de deferentes actos terroristas y de guerra, que van desde afectados por en tragedias como la caída de las torres gemelas en 2001 hasta sobrevivientes del genocidio de Ruanda en 1994.

“Lo harán también víctimas de organizaciones ilegales”, adelantó Vargas, tanto guerrilla como paramilitares, así como de agentes del Estado; también “han sido invitados los voceros más destacados de las organizaciones de víctimas”.

Iniciativa liberal

“La que fue una iniciativa del Partido Liberal hoy es una iniciativa del Gobierno y estamos muy contentos de que el Gobierno le de esta presentación nacional e internacional a la ley de víctimas”, manifestó el ex ministro Rafael Pardo, director de esa colectividad, al conocer los detalles de lo que hará hoy.

Al día siguiente de su triunfo en la segunda vuelta, EL NUEVO SIGLO le preguntó directamente a Santos sobre el interés de Pardo de darle prioridad al “reconocimiento y reparación a las víctimas”, a lo que el mandatario relató cómo ese diálogo ya iba muy adelantado: “Los equipos han venido trabajando. Se han puesto de acuerdo en la mayor parte de los puntos. Nos queda un trabajo por hacer”, afirmó, para expresar que ese mismo día les pidió acelerar el desarrollo de la iniciativa, para que “esos puntos estén dentro de este acuerdo” y “poder anunciar que Partido Liberal ingresa al gran acuerdo de unidad nacional”, lo que en efecto ocurrió.

Como se recordará, una ley de víctimas promovida por el Partido Liberal, particularmente por el senador Juan Fernando Cristo y el representante Guillermo Rivera, se hundió en la legislatura pasada por instrucciones dadas directamente desde la Casa de Nariño a la bancada del Gobierno.

Peros conservadores

En las últimas semanas el Partido Conservador ha expuesto sus reservas frente al proyecto que será radicado hoy.

“¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos, se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos”, le declaró a este Diario el ex canciller Fernando Araújo, presidente del Directorio Nacional Conservador.

“El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?”, planteó Araújo.

Sobre los reparos de los conservadores, el Pardo le dijo a este Diario que, por una parte, “es evidente que cualquier norma tiene un costo”, pero que es “el propio gobierno es el que define el tope presupuestal y el tope de tiempo en que se puede realizar la reparación”; y por otra, que “una víctima es una víctima por los hechos que sufrió y no en función de quien los ocasionó” y recordó que en la ley de Justicia y Paz se reconoce que, según citó el dirigente liberal, “la condición de víctima es independiente de la condición del victimario y por supuesto de la condena judicial del victimario”.

En todo caso, la controversia sembró un manto de duda acerca de si se trataba de preparar el camino para volver a hundir la iniciativa. “Yo creo que en la medida que el Gobierno esté comprometido, como en efecto lo está, es muy difícil que este proyecto se hunda. Yo creo que este proyecto va a salir adelante”, le aseguró a este Diario el representante Rivera.

ABC del proyecto

Definición de víctimas
Se incluye a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es decir, a las víctimas de las guerrillas, los grupos paramilitares y los agentes del Estado, que tendrán derecho a solicitar a un Comité de Reparaciones Administrativas su reconocimiento como víctima

Tierras
El proyecto de ley intenta reconocer que los bienes de una víctima pueden haber sido afectados por despojo (apropiación ilegal), pérdida, menoscabo y despatrimonialización y por tanto, se debe reconocer el derecho a la restitución. Le corresponderá al victimario probar la legalidad de los actos jurídicos. El proyecto de restitución ya radicado en la Cámara; se acumulará al proyecto de reparación integral de las víctimas.

Cumplimiento
Se contemplan disposiciones sobre los deberes y las sanciones a los funcionarios públicos en relación con los derechos de las víctimas.

Niños y adolescentes
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al restablecimiento de sus derechos de prestación y de protección de acuerdo con las normas especiales vigentes para ellos, incluso para las situaciones de violencia, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado y atentados con minas.

También tienen derecho a que se les adelanten los trámites de reparación por vía administrativa y a un proceso judicial que sancione a los perpetradores identificados o indefinidos de los delitos de reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado que haya afectado niños y niñas desde el 1 de enero de 1991.

El proyecto contempla la situación de niños que han abandonado las armas o que han sido desplazados forzadamente. Ellos tendrán derecho a ser reintegrados social y económicamente en sus ámbitos familiares, comunitarios y sociales.

Los niños y niñas que hayan quedado huérfanos de padre y madre o de uno solo de ellos, deberán ser notificados al ICBF para que por intermedio de un Defensor de Familia puedan reclamar los recursos que les corresponden por ser víctimas.

Los niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonales tendrán derecho a recibir de manera gratuita y permanente por parte del Estado y las Empresas Promotoras de Salud, tratamientos médicos, prótesis, órtesis y asistencia psicológica para su plena rehabilitación.

Derechos a información
Información de asesoría y apoyo. Las autoridades deberán brindar a la víctima o su representante toda la información necesaria sobre aspectos jurídicos básicos, asistenciales, terapéuticos y otros.

Comunicación
Las autoridades deberán comunicar sobre el inicio, desarrollo y terminación del proceso penal. También sobre las instancias y recursos judiciales. Los avances y principales eventos que ocurran dentro del proceso deberán ser comunicados por escrito o por medio electrónico.

Violencia sexual
Tratamiento especial en casos de violencia sexual: Se dispone de un conjunto de directrices para evitar que los prejuicios sexuales y de género lleven a suponer que la víctima propició o aceptó la violencia sexual.

Reserva
Se proponen la declaración a puerta cerrada, el testimonio por medio de audio o video, la reserva de identidad mediante la asignación de un seudónimo o una clave o la utilización de medios técnicos para alterar la voz y la imagen. También se incluyen medidas que faciliten la declaración de personas traumatizadas, niños y niñas, adultos mayores y las víctimas de violencia sexual. Estas medidas se complementan con los programas de protección y la presencia de personal especializado en situaciones traumáticas.

Gastos proesales
Se crea un programa orientado a pagar los gastos en que incurran las víctimas por su participación legítima en los procesos penales. Se tendrán en cuenta gastos de traslado, alojamiento y manutención.

Senado practicó primera cirugía a Reforma de Regalías

2010-09-24T08:22:00.003-05:00

Al Acto Legislativo le quedan siete debates en los que continuará siendo transformado. La controversia gira en torno a porcentajes.

CON 14 votos a favor pasó su primer debate el Acto Legislativo que reforma el Régimen de Regalías.

En la Comisión Primera, que ante la ausencia del senador Javier Cáceres, de Cambio Radical, por la medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema, está por ahora integrada por 18 congresistas, votaron en contra del proyecto los miembros del Polo Democrático Iván Moreno y Luis Carlos Avellaneda y dejaron de hacerlo dos legisladores conservadores: Roberto Gerlein por enfermedad y Hernán Andrade por pertenecer a una región, el Huila, que sería afectada por la iniciativa.

División

En el debate le salieron nuevos peros al proyecto. Hace ya un par de semanas un congresista, alto directivo de una de las cámaras, al hablar del compromiso de la bancada de Unidad Nacional en la aprobación de todos los proyectos de la coalición, le aseguró a los medios que la reforma a las regalías sería aprobada… pero no como la proyectó el Gobierno.

El coordinador de ponentes Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le explicó a este Diario los cambios que tuvo el proyecto: “Eliminamos los porcentajes para dejárselos a la ley.

Protegemos la Cormagdalena, para dejársela también a la ley. Introducimos elementos de protección ambiental y de las fuentes de agua. Garantizamos que los rendimientos financieros del Fondo de Ahorro también vayan a las regiones. Y autorizamos al Gobierno Nacional para que establezca una normatividad transitoria mientras el Congreso aprueba la ley que desarrolla este proyecto”.

Según el senador vallecaucano, él había propuesto que el tope de los porcentajes para el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional no sobrepasaran el 30 por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías.

“La equidad regional que ese proyecto va a construir está basada en la premisa de que las riquezas de Colombia son de todos los colombianos”, dijo Barreras en la Comisión Primera.

Inconformes

Sin embargo, Barreras fue rápidamente refutado. El senador Andrade, del Partido Conservador, manifestó que con el actual proyecto de Acto Legislativo, las regalías no van a ser repartidas equitativamente ni se van a resolver todos los problemas que padecen las regiones.

“Ministros, suban el porcentaje destinado de las regalías a los departamentos”, les pidió Andrade a los ministros de Hacienda y Minas, Juan Carlos Echeverry y Carlos Rodado, presentes en recinto. El congresista manifestó que así como está la iniciativa regiones como el Meta, que recibe actualmente 480 mil millones de pesos por concepto de regalías, recibiría sólo 80 mil millones.

El senador magdalenense José David Name, de La U, criticó la intervención que quiere hacer el Gobierno de Cormagdalena. Según el legislador, el proyecto reformatorio del Sistema Nacional de Regalías suprime los recursos que se le destinan a Cormagdalena y prácticamente firma la sentencia de desaparición de la Corporación para el Desarrollo del Río Grande de la Magdalena, creada por la Constitución de 1991.

La senadora llanera Maritza Rodríguez, también de La U, se unió a las críticas al proyecto porque despojaría de los recursos a las regiones productoras hasta en un 80 por ciento: “Si hay un incremento importante en la producción, la vamos a compartir; pero no aceptamos que nos expongan acá unos supuestos que no son reales. El senador Roy dice que las regiones productoras no van a ser despojadas de sus recursos, pero por supuesto que vamos a ser despojados del 80 por ciento de nuestros ingresos”.

Aplauden concertación con Cortes para reformar justicia

2010-09-15T08:57:00.004-05:00

EL PROCESO de concertación que está realizando el Gobierno en torno a la reforma a la justicia fue destacado ayer por voceros de los partidos políticos, incluyendo las colectividades que no hacen parte de la coalición de unidad nacional.

Voceros de las organizaciones políticas se manifestaron ayer en el marco del segundo día de la Mesa de Justicia, la cual fue precedida por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas.

El funcionario resaltó la participación activa de los representantes de los partidos y movimientos políticos durante la jornada, anotando que “es deber de todos no sólo venir a la mesa sino expresar y materializar esa idea en la asignación que finalmente se apruebe para la rama”.

Mientras el senador Juan Lozano, presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), celebró la postura de no presionar o precipitar una decisión para la justicia colombiana; el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, indicó que su colectividad brindará el apoyo en lo estricto y en las propuestas que se compartan.

Luego que el senador Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, ponderara la iniciativa de la reforma a la justicia presentada por el Gobierno Nacional, el representante Germán Varón, co director de Cambio Radical, resaltó la importancia de que la rama tenga un presupuesto autónomo, que le permita implementar las reformas para que la justicia sea más cercana a la gente.

El Partido Liberal, por boca del senador Jesús Ignacio García, advirtió que la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura puede traer problemas al futuro de la justicia disciplinaria, en tanto que el Polo Democrático, a través del ex magistrado Rodolfo Arango, anunció que ve con buenos ojos que haya un debate público de la reforma.

El senador Carlos Alberto Baena, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), reconoció que la propuesta de crear un Consejo Superior de la Justicia que maneje la parte administrativa y financiera “es una opción, pero quitarle al Consejo Superior de la Judicatura la facultad de juzgamiento es riesgoso para el Estado”.

Por el Partido de Integración Nacional (PIN) intervino su presidente Alirio Moreno para invitar a reflexionar sobre el contenido de la propuesta presentada por el Gobierno Nacional y señalar que es indispensable que la justicia funcione y que el Código Civil debe ser adecuado a la contemporaneidad colombiana.

Aplazan revolcón en justicia para próximo el semestre

2010-09-14T07:36:00.002-05:00

Santos afirmó que cambios en normatividad penal y de política criminal son necesarias para enfrentar con mayor contundencia a los delincuentes.

UN PROYECTO para realizar cambios en la normatividad penal y de política criminal será presentado en los próximos días al Congreso por el Gobierno Nacional anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos.

“Lo que sí no da espera son los cambios en la normatividad penal y de política criminal que nos permitan afrontar con mayor contundencia la delincuencia en los centros urbanos y en todo el país, los cuales presentaremos al Congreso en los próximos días”, señaló Santos en su discurso de instalación de la Mesa de la Justicia, en Bogotá.

El presidente Santos señaló que el Gobierno Nacional tiene el firme propósito de presentar al Congreso una reforma a la justicia bien hecha, precisando que el proyecto con base en el cual se concertará con las Cortes no es improvisado, sino que es producto de años de trabajo, observación y consultas; pero también anotó que si la Mesa de Justicia considera que la iniciativa requiere de más tiempo, el Gobierno pospondría su presentación para el segundo período de la actual legislatura del Congreso: “Nuestro deseo es presentar la reforma en pocos días, pero si los argumentos y la prudencia aconsejaran hacerlo en el primer semestre del próximo año, estamos abiertos a esa opción”.

Ayer temprano, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, había manifestado que dependiendo de lo ocurra hasta mañana, “reuniremos a la mesa de la unidad nacional y tomaremos una decisión, de si avanzamos este semestre en la radicación o no. Para evitar pérdida de tiempo, si no hay un consenso sobre el contenido en la reforma, pensaríamos en no radicarla sino hasta marzo”.

Regresan listas de aspirantes a magistrados

2010-09-10T08:05:00.003-05:00

Como lo habíamos anticipado, ayer la Corte Suprema de Justicia devolvió al Consejo Superior de la Judicatura las cuatro listas de aspirantes para suceder a igual número de magistrados, quienes abandonan la Corte por vencimiento de términos, por considerar que no atienden la Ley de Cuotas con la participación de por lo menos el 30 por ciento de mujeres.

Cada una de las listas está integrada por 15 aspirantes, lo que implicaría que en cada una de las mismas haya por lo menos cinco mujeres.

Los magistrados que deben ser reemplazados por el vencimiento de su período este 1º de octubre son Javier Osorio, de la Sala de Casación Laboral, así como los ex presidentes de la Corte Suprema Yesid Ramírez y César Julio Valencia, de la Sala de Casación Penal y Civil, respectivamente.

El cuarto magistrado a reemplazar es Eduardo López, de la Sala Laboral, quien culmina su período el 1º de noviembre venidero.

Este hecho podría complicar aún más la elección del Fiscal General, de no elegirse antes del 1º octubre los reemplazos de los magistrados que se les vence el período en esa fecha, pues además a mediados del mismo mes, tres magistrados irán al extranjero a capacitarse.

Es decir que si la Corte Suprema no logra la elección a tiempo de las listas de aspirantes que le remita el Consejo Superior de la Judicatura, podría presentarse la situación que a mediados de octubre solo haya 16 magistrados de los 23 con que cuenta la Corte Suprema, teniendo en cuenta también que el Alto Tribunal no ha podido en sus votaciones llenar la vacante que dejó hace meses la magistrada Isaura Vargas. Para la elección del Fiscal General se necesita una mayoría calificada de 16 votos.

Persisten reservas sobre la Ley de Víctimas: F. Araújo

2010-09-09T07:44:00.003-05:00

El presidente del Directorio Nacional Conservador insistió en que la preocupación por la reparación a afectados por agentes del Estado y la financiación de las indemnizaciones

LOS PEROS expuestos por el Partido Conservador frente a la ley de víctimas aún no han sido resueltos satisfactoriamente, le precisó ayer a este Diario el presidente de la colectividad, el ex canciller Fernando Araújo.

El martes pasado, cuando los ministros de Agricultura y del Interior, Juan Camilo Restrepo y Germán Vargas, radicaron la ley de tierras, se indicó que hoy se podría hacer lo mismo con la de víctimas.

ENS: Los reparos presentados por los conservadores sobre la ley de víctimas, ¿han sido resueltos?

FERNANDO ARAÚJO: Nosotros no hemos recibido los elementos adicionales de la ley de víctimas que el gobierno se comprometió a presentar para atender las solicitudes del Partido Conservador.

¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa que los familiares de los terroristas de las Farc o del Eln pretendan presentarse ante el Estado colombiano a reclamar indemnizaciones por la muerte de sus familiares. En la reunión en la que participamos, se nos ofreció redactar unas cláusulas de salvaguardia, pero todavía esas cláusulas no las conocemos.

ENS: También está el tema fiscal.
FA: Sí. El otro tema que nos preocupa es el valor fiscal de la ley de víctimas. Fíjese en que las cifras que se mencionan, se habla de unos 4 millones de víctimas, incluyendo a los desplazados. Se habla de indemnizaciones de hasta 20 millones de pesos por víctima. Si uno multiplica 20 por 4 llegamos a la cifra de 80 billones de pesos. ¿De donde vamos a sacar esa plata?

Cómo un punto de referencia para la opinión pública, el 4 por mil le genera al país 3 billones de pesos al año. Necesitaríamos 27 años de 4 por mil para poder atender las indemnizaciones que generaría esa ley de víctimas. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? ¿Somos concientes los colombianos de eso?

ENS: Con base en esto, ¿son ustedes enemigos de la ley de víctimas?
FA: No. Esto no quiere decir que seamos indolentes frente al dolor de las víctimas. Por supuesto que somos solidarios con las víctimas. Pero primero sería una irresponsabilidad con el país, que en lugar de resolverle los problemas lo hagamos sea crearle más problemas al Estado colombiano, a la rama judicial, que de aprobarse las cosas simplemente como se han propuesto, se vería cogestionada de tutelas reclamando los derechos establecidos por esta ley.

ENS: Ayer los congresistas conservadores establecieron un cronograma para estudiar los proyectos del Gobierno.

FA: Efectivamente, logramos restablecer una agenda que comenzará el jueves de la próxima semana, cuando estudiaremos en detalle el proyecto de Acto Legislativo de las regalías. Y, si el espacio nos lo da, también la ley de tierras.

Lo que hemos definido es que para cada reunión citaremos con dos temas, pero que no abordaremos el segundo hasta que el primero de los temas no quede totalmente agotado. Si no se agota y no nos alcanza el tiempo pues el tema quedará para la siguiente sesión.

Urgen aprobar prórroga a la Ley de Orden Público

2010-09-08T07:42:00.003-05:00

LA LEY 418, expedida el 26 de diciembre de 1997, “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, cuya vigencia era “de dos años a partir de la fecha de su promulgación”, podría completar 17 años de vida si el Congreso aprueba una nueva prórroga solicitada por el Gobierno anterior y respaldada por el actual.

Hoy, precisamente, está citado a las 10 de la mañana el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas a la Comisión Primera de la Cámara, para que exponga los alcances de una comunicación que sobre el particular le envió al coordinador de ponentes de la iniciativa.

“Lo que buscamos es que los miembros de la Comisión tengan una información puntual por parte del Ministro” acerca de “qué es lo que se quiere con esta ley”, le comentó a EL NUEVO SIGLO el destinatario de la misiva, el representante vallecaucano Roosevelt Rodríguez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Y en ese mismo plan están los integrantes de la Comisión, como se desprende de lo manifestado por el representante bogotano Germán Navas, del Polo Democrático, que le dijo a este Diario que estará con ánimo desprevenido en la sesión de hoy.

El proyecto es el 26 de 2010 Cámara, “por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1.106 de 2006, se modifican algunas de sus disposiciones y se adicionan otras”, radicado en julio por el entonces ministro Fabio Valencia.

Además de Rodríguez y Navas, son ponentes los representantes Juan Carlos García, del Partido Conservador; José Rodolfo Pérez, de Alternativa Liberal; Victoria Eugenia Vargas, del Partido Liberal; y Juan Carlos Salazar, del Partido de Integración Nacional (PIN). Ellos todavía no han radicado ponencias para el primer debate en la Comisión.

Prórroga
La norma fue expedida durante el gobierno de Ernesto Samper y prorrogada sucesivamente por Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

El la iniciativa radicada por Valencia se adiciona otorgarles funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, extender las pólizas de seguros antiterrorismo para el transporte fluvial, que ahora sólo existen para los transportadores terrestres, y la ampliación del ámbito de aplicación del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía.

En aquel momento, Valencia dijo que también se vinculan las entidades territoriales, como los departamentos, distritos y municipios, a las alertas tempranas en materias de orden público y violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Facultades
El 8 de noviembre de 2006 la plenaria de la Cámara aprobó, en último debate, la prórroga de la ley por cuatro años, recibiendo el Gobierno facultades para adelantar procesos de paz con los grupos armados ilegales, creando, por ejemplo, zonas de encuentro para los alzados en armas, suspender órdenes de captura, otorgar indultos y proteger a las víctimas, entre otras herramientas básicas para cumplir ese objetivo.

Ahora
En la ya mencionada carta del ministro Vargas al representante Rodríguez (ver recuadro), el actual Gobierno considera que “esta iniciativa legislativa del proyecto del ley 026 que prorroga la Ley 418 de 1997 requiere con urgencia su pronto debate en el Congreso, por lo que resulta de la mayor importancia someter a debate la respectiva ponencia en el Legislativo. Sin esta herramienta legal el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales encontrarían mayores obstáculos para responder de manera oportuna contra las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley, de las bandas criminales y de las acciones indiscriminadas del terrorismo contra la población civil”.

Adiós a los despejes

El pasado 30 de agosto, por solicitud del presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas le envió una carta al representante Roosevelt Rodríguez solicitando la eliminación de la prórroga de la Ley 418 del parágrafo que permite la creación de zonas de distensión en el país.

En la comunicación, el ministro Vargas hace cinco consideraciones para esta ponencia, entre las que se destaca la supresión “en el artículo 8°”, del “inciso segundo y tercero del parágrafo primero: El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales.

“El Gobierno Nacional podrá acordar, con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.

Con base en la norma se permitió el establecimiento de territorios de excepción como la zona de ubicación de Santa Fe Ralito, acordada el 13 de mayo de 2004 entre el Gobierno de entonces y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un corregimiento de Tierralta, Córdoba.
En su lugar se sugirió la siguiente propuesta: “En ningún caso podrán establecerse órdenes especiales de localización a la Fuerza Pública para la creación específica de zonas de ubicación o de despeje de cualquier parte del territorio nacional”.

Otras propuestas
El Gobierno propuso también cambiar el artículo 14, que castiga el reclutamiento de menores de edad con prisión de tres a cinco años, por el texto del artículo 162 del actual Código Penal vigente, Ley 559 de 2000, que penaliza la misma conducta con cárcel de seis a diez años.
Otra propuesta es la de incorporar “el deber de garantía de protección contra actos de terrorismo, hoy vigente para las vías terrestres, a las vías fluviales”.

Importancia

Al final de la carta, Vargas le expone a Rodríguez que “hoy en día la necesidad de consolidar una política de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional está ligada al afianzamiento de la presencia institucional de carácter civil en el territorio, en búsqueda de una mayor gobernabilidad local y sobre todo, de una convivencia ciudadana en el marco de escenarios donde diferentes actores criminales configuran su accionar contra la población civil, como el terrorismo indiscriminado de las bandas criminales y el accionar de grupos armados irregulares de configuración múltiple”.

Para el Gobierno, explicó Vargas, “esta iniciativa legislativa del proyecto de Ley 026 que prorroga la Ley 418 de 1997 requiere con urgencia su pronto debate en el Congreso, por lo que resulta de la mayor importancia someter a debate la respectiva ponencia en el Legislativo. Sin esta herramienta legal el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales encontrarían mayores obstáculos para responder de manera oportuna contra las acciones terroristas de los grupos armados al margen de la ley, de las bandas criminales y de las acciones indiscriminadas del terrorismo contra la población civil”.

Definida lista de aspirantes a remplazar 4 magistrados

2010-08-12T07:41:00.001-05:00

Una lista de 60 candidatos a reemplazar a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, envió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al alto Tribunal, para que realice la respectiva selección.

La lista, que incluye 15 aspirantes por magistratura, fue compuesta después de cerrarse la convocatoria.

Para reemplazar a Yesid Ramírez Bastidas, magistrado de la Sala de Casación Penal, a quien el ex presidente Uribe denunció penalmente, están José Acuña, Myriam Ávila, Fernando Alberto, Agustín García, Claudia López, Álvaro Luna, Camilo Montoya, Fabio Ospitia, Fernando Reyes, Leonel Rogeles, Guillermo Salazar, la fiscal Ángela Buitrago, el actual director de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, Hugo Quintero y el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez.

En remplazo del magistrado de la Sala Civil, César Julio Valencia Copete, aspiran Marco Antonio Álvarez, Felipe Borda, Isabel Espinel, Jorge Eduardo Ferreira, Ana Giacomette, Fernando Giraldo, Diana Aída Lizarazo, Oscar Julio Maestre, Héctor Moreno, Alberto Rodríguez, Cristina Rojas, Nubia Sabogal, Ariel Salazar, Luis Téllez y Jaime Tovar.

Para reemplazar al magistrado de la Sala Laboral, Luis Javier Osorio, quien denunció el ofrecimiento de supuesta prebendas para votar a favor de Margarita Cabello Blanco, aspirante a las Fiscalía, están candidatizados: John Acosta, Germán Avendaño, Donald Dix, Oswaldo Duque, Carlos Lebrun, Gustavo López, Margarita Márquez, Hernando Mazo, Carlos Molina, Diego Montoya, José Luis Quiroz, Julieta Rocha, Marirraquel Rodelo, Álvaro Bustamante, Ana María Zapata.

Y para reemplazar al también magistrado de la Sala Laboral Eduardo López fueron postulados Héctor Álvarez, Carlos Ayala, Mauricio Burgos, Eduardo Carvajalino, Julio Díaz, Claudia Fandiño, Edgar Fandiño, Eduardo Fierro, José García, María Mercedes Gómez, Carlos Niño, Francisco Rafael Ostau de Lafont de León, Miguel Pérez, Yolanda Vega y Antonio del Cristo.

Corte defiende facultad de nominar y elegir dignatarios

2010-08-11T08:30:00.001-05:00

DOS SEMANAS después de que el Gobierno anunciara que presentaría una reforma a la Justicia concertada con las altas Cortes, la controversia por alguno de los temas que desarrolla, no para.

A pesar de que el asunto de la elección del Fiscal General parecía superado, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, prendió el debate hace un par de días cuando se mostró partidario de incluir en dicha reforma, la supresión de la facultad de las Cortes para elegir o intervenir en elecciones de altos funcionarios como el mismo Fiscal, Contralor y Procurador.

El primero en reaccionar a esta propuesta fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien, aunque dijo que el alto Tribunal estaría dispuesto a debatir cualquier propuesta presentada por el Gobierno, defendió las facultades nominadoras de las altas Cortes.

“Cada Rama colabora con otras funciones que tienen las otras, así lo estableció la Constitución. Cada Corte debe cumplir con su tarea, pero también debe colaborar en otras tareas administrativas”, aseguró Arrubla.

“En ningún sistema sucede esto, ya que por ejemplo usted encuentra un Congreso que hace leyes pero que también hace nombramientos, un Ejecutivo que ejecuta leyes pero dicta normas y por intermedio de sus superintendencias toma decisiones casi jurisdiccionales”, agregó el presidente del máximo Tribunal de la Justicia Penal ordinaria.

El magistrado añadió que esas propuestas no pueden tomarse a priori, y sostuvo que lo importante es jalonar la tarea del Estado de armonizar las instituciones.

En cuanto a la elección de magistrados de la misma Corte, Arrubla dijo que esa función es indispensable: “Si se refiere a magistrados de la misma Corte, son requeteesenciales, a magistrados de tribunales también”.

Sin embargo, puntualizó en que estudiarán cualquier propuesta que haga el Gobierno.
La directora de la corporación Excelencia en la Justicia, Gloría María Borrero, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que esta propuesta es indispensable para evitar la politización de la Justicia.

“Se lo he oído al ministro. Además, esta es una de las alternativas que la comisión de expertos estudió. Y realmente esa ha sido la puerta de entrada a la politización de la Justicia. Indudablemente hay que quitar las facultades electorales de los tribunales, en todo lo que tiene que ver con contralores departamentales y también las competencias electorales de las altas Cortes. Hay que revisar todas esas competencias, ojalá para quitarlas todas. Pero hay que mirar caso por caso”, aseguró Borrero.

El ex procurador Jaime Bernal también se mostró de acuerdo con quitarles estas facultades a las altas Cortes.

“Conforme se está presentando la realidad, en donde la honorable Corte Suprema de Justicia está bloqueada para varios nombramientos, exige un cambio radical para poder buscar plena autonomía de la Justicia, evitar estos enfrentamientos, evitar la politización. Se tendría que ensayar un sistema muy diferente, como por ejemplo, un concurso de méritos para esos altos cargos, diseñado de tal manera que los participantes sean académicos y se les exija mayores requisitos a los actuales, para que hecha una lista de los que pasen el concurso, se apliquen los sistemas de cooptación”, propuso Bernal en diálogo con este Diario.

De hecho, Bernal afirmó que toda reforma judicial debe empezar por suprimir estas competencias: “Me parece que debe hacerse una reforma a fondo, y debe empezarse por cambiar el sistema de nombramientos. La realidad está demostrando que con respecto del sistema de elección del Fiscal, eso hizo crisis, porque llevamos un año en que no se ha podido nombrar al Fiscal en propiedad”.

Preocupación por salida de 4 magistrados de la Corte

2010-08-02T09:29:00.001-05:00

LA SALIDA inminente de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vencimiento del período, ha causado preocupación en varios sectores del país, ya que se podría afectar la elección del Fiscal General y del tercer postulado a la terna para contralor, si al momento del retiro no han sido elegidos.

En efecto, el primero de octubre se retiran el magistrado de la Sala de Casación Laboral Javier Osorio y dos de los magistrados que han tenido enfrentamientos y líos jurídicos con el presidente Álvaro Uribe, los ex presidentes de la Corte Suprema Yesid Ramírez (2004) y César Julio Valencia (2007), de la Sala de Casación Penal y Civil, respectivamente. Igualmente, el magistrado de la Sala Laboral, Eduardo López, culmina su período el primero de noviembre del presente año.

La preocupación radica en que la Sala Plena de la Corte Suprema lleva 10 meses intentando elegir el remplazo de la magistrada de la Sala Laboral, Isaura Vargas, sin éxito alguno; elección que ha frenado también las elecciones del director en propiedad del ente acusador y la terna que le corresponde escoger para contralor general, debido a que el voto del magistrado que falta podría ser decisivo a la hora de que alguno de los aspirantes a fiscal o contralor logre las mayorías.

La elección de un magistrado de la Corte Suprema, lo realiza su Sala Plena de una lista de entre cinco y 15 aspirantes enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Si a finales del próximo mes no se han hecho las respectivas elecciones, con la ausencia de cuatro magistrados, que serían cinco en noviembre, se complicaría más tener un Fiscal General en titularidad a corto plazo y destrabar la elección del sucesor de Julio César Turbay, ya que para que se conozcan los nombres electos, tiene que haber una mayoría calificada, representada en 16 de los 23 magistrados que conforman la Sala Plena.

En consecuencia, si en octubre no es elegido el nombre del reemplazo de la magistrada Vargas, la Sala Plena quedaría integrada por 19 magistrados, lo que le restaría votos a los aspirantes en los distintos procesos de elección que tiene a su cargo el máximo Tribunal de la Justicia Penal Ordinaria, incluyendo la elección de dignatarios de la misma corporación, pues el magistrado Jaime Arrubla lleva como presidente encargado desde enero.

En la elección del Fiscal General, la procuradora delegada para asuntos disciplinarios Margarita Cabello obtuvo el jueves de la semana pasada 13 votos, el ex presidente de la Corte Suprema, Jorge Aníbal Gómez, 10 sufragios y el consejero de Estado, Marco Antonio Velilla, logró 9.

Sin embargo, la alta Corte citó para mañana en las horas de la tarde una Sala Plena extraordinaria para seguir con las votaciones para Fiscal General, por lo que no se descarta que mañana, el proceso que ha durado más de un año, llegue a su fin y se conozca el nombre del reemplazo de Mario Iguarán.

En cuanto al proceso de elección del tercer ternado para contralor general, que cumple tres meses, aún la Sala Plena no ha podido escoger un nombre de nueve que fueron preseleccionados por cada una de las tres Salas de Casación. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya eligieron su nombre a la terna.

Elecciones en Consejo de Estado y Judicatura

La semana pasada, la Sala Plena del Consejo de Estado eligió cuatro magistrados, tres para la Sección Tercera y uno para la Sección Primera, quedando pendiente sólo una vacante por cubrir.

El pasado 27 de julio, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo eligió a Olga Valle, Stella Díaz y Danilo Alfonso Rojas como nuevos magistrados de la Sección Tercera, donde se crearon tres magistraturas nuevas por la actual congestión que maneja. Sin embargo, en esta Sección todavía falta por elegir el reemplazo de Miriam Guerrero, vacante que está siendo ocupada por la magistrada encargada Gladys Agudelo.

De igual manera, en la misma fecha fue elegida María Elizabeth García como consejera de Estado de la Sección Primera. Ente el 2009 y este año el alto Consejo adelanta el proceso para llenar nueve magistraturas vacantes.

De otro lado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a casi un año de estar vacante el cargo, no ha elegido en propiedad al director ejecutivo de la Rama Judicial, que es el encargado de manejar el presupuesto de la Justicia.

A principios de este año, dicha Sala devolvió la terna para gerente de la Rama Judicial, que integró la Comisión Interinstitucional, argumentando que los postulados no cumplen con los requisitos exigidos para el cargo.

Sexto Congreso Binacional de Derecho Procesal

2010-07-28T07:44:00.003-05:00

Magistrados, jueces, notarios, abogados, docentes y estudiantes de Colombia y Venezuela se darán cita este 30 y 31 de julio en Cúcuta, para participar del Sexto Congreso Binacional de Derecho Procesal.

El encuentro que es organizado por la Universidad Libre, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el Colegio Nacional de Abogados del Oriente Colombiano, rendirá homenaje a la memoria de Jaime Pérez López, fundador de la seccional de la Universidad Libre en Cúcuta y un apasionado por la integración colombo-venezolana.

“Esta es una actividad debidamente institucionalizada y preparada para que la justicia y los justiciales puedan actualizarse”, aseguró Carlos Alberto Colmenares Uribe, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Norte de Santander.

Agregó que este congreso busca oxigenar el conocimiento y poner a la vanguardia a quienes se formaron y se están formando en el derecho. “Por tal motivo, contará con la presencia de mentes iluminadas que contribuyen al conocimiento jurídico y la administración de justicia”.

Importancia

Colmenares Uribe dijo que el congreso binacional se muestra como una ayuda en este momento de tensión y de crisis que se vive entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

“Con este magno evento queremos demostrar que el conocimiento y la inteligencia une a los pueblos. También es el sello que nutre la paz”, dijo.

De los mil asistentes que harán parte de la sexta versión del Congreso Binacional, se prevé la visita de 500 venezolanos, entre los que se encuentran magistrados de las altas cortes, jueces, rectores y fiscales, y una delegación significativa de Perú, Ecuador y Bolivia.

El Rector de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, Iván Vila Casado, manifestó que esta actividad académica permite el fortalecimiento de los lazos de amistad con profesores y profesionales del derecho del vecino país. Así mismo, contribuye a la paz, la integración, el conocimiento y el elogio a la inteligencia.

Invitados

Entre los invitados al Sexto Congreso Binacional de Derecho Procesal están los colombianos Jairo Parra Quijano, Luis Ernesto Vargas Silva, Hernán Fabio López Blanco, Carlos Bernardo Medina Torres, Dagoberto Charry Rivas, Edgardo Villamil Portilla, Enrique del Río González, María Patricia Balanta Medina y Edgar Osorio.

Además, Yajaira Irurrueta, de Venezuela; Jordi Nieva Fenoll, de España; Juan Carlos Henao Pérez, René Molina Galicia, de Venezuela; Rodrigo Rivera Morales, Juan Bautista Parada Caicedo y Alfredo Beltrán Sierra.

Proyecto: Fiscal sería elegido por Presidente

2010-07-27T06:34:00.001-05:00

En la iniciativa, de acuerdo con lo anunciado ayer, se aprovecha para crear la doble instancia que han pedido los congresistas, especialmente los procesados por la parapolítica. A los aforados constitucionales se les asignaría “un juez de control de garantías, con el propósito de dar aplicación plena a los instrumentos multilaterales en materia de garantías procesales.

El juzgamiento de los aforados constitucionales continúa en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que los juzgará previa investigación y acusación de la nueva unidad, a través de una sala especial compuesta por tres magistrados de la Sala Penal en primera instancia, y en segunda instancia mediante la Sala Penal en pleno, sin que en ella puedan hacer parte los magistrados que profirieron el fallo de primera instancia”.

En cuanto a la investigación y acusación de esos aforados, “con el propósito de respetar y mantener el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos”, indicó el comunicado, en el proyecto se planteó la creación de la Unidad de Investigación y Acusación para Aforados Constitucionales integrada por nueve agentes acusadores que procesarán al Presidente, al Vicepresidente, a los magistrados, al Procurador, al Contralor, a los congresistas, al Fiscal y a los ministros del despacho, entre otros.

De esos nueve agentes, unos serán nominados a través de ternas por el Presidente y elegidos por el Congreso; otros ternados por el Congreso y elegidos por las Cortes; y otros candidatizados por las Cortes y elegidos por el Presidente.

“La Fiscalía General conocería de los delitos de los ciudadanos en general, quienes no estén cobijados por el fuero constitucional y ejercería facultades judiciales (las del artículo 250 de la Constitución) pero no jurisdiccionales. Los casos que estén bajo la vieja Ley 600 de 2000, antiguo Código de procedimiento penal, serán evacuados por fiscales transitorios de descongestión”, precisó el comunicado.

Medios, en alerta por sanciones incluídas en proyecto de ley que reglamenta el Código del Menor

2010-07-23T08:02:00.002-05:00

Contempla desde multas que llegan a $150 millones hasta la suspensión definitiva.

Esas disposiciones, que hacen parte del paquete de penas que plantea el Consejo de Estado contra quienes violen las disposiciones del Código del Menor en lo referente al tema de las comunicaciones y que serán presentadas el jueves, han desatado la polémica.

De hecho, Andiarios ya anunció su oposición total al proyecto porque considera que raya con la censura.

En este momento, la ley protege, entre otros temas, la identidad de los menores afectados por delitos o autores de los mismos, así como la presentación de contenidos violentos o peligrosos en determinados horarios.

Cumpliendo instrucciones de la Corte Constitucional, los magistrados de la Sala de Consulta del Consejo de Estado redactaron un proyecto de ley sobre el tema.

Tiene 28 artículos en los que imponen a los medios y a las asociaciones de anunciantes y agencias de publicidad la creación de manuales de autorregulación para evitar que "se fomenten comportamientos perjudiciales o peligrosos para la infancia y la adolescencia".

Las empresas periodísticas, de publicidad y de entretenimiento que manejen espacios en televisión, prensa y radio contarán con tres meses de plazo, a partir de la aprobación de la ley, para elaborar el manual y entregarlo al Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones.

De lo contrario, serían sancionadas con multa de un salario mínimo (515 mil pesos) por cada mes de atraso.

Las multas y sanciones a quienes no cumplan estas disposiciones van dirigidas a las empresas y a los directores, administradores y autores de los espacios o contenidos. Estas irían desde 10 salarios mínimos mensuales (5.150.000 pesos) hasta 300 (150 millones de pesos).

También se incluyen otros castigos como la suspensión del programa, la sección o la publicación y hasta la cancelación de la concesión o licencia para operar en casos de reincidencia. La Comisión de Televisión y el Ministerio tendrían la facultad de imponer las sanciones.

Aunque explícitamente el proyecto prohíbe la censura previa, uno de sus artículos plantea "medidas provisionales" que incluyen "la suspensión de la emisión, publicación o mensaje mientras se adopta una decisión definitiva" sobre un caso.

Según el Consejo de Estado, la iniciativa partió de un borrador que presentó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En el proyecto han colaborado la Procuraduría, el Ministerio de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones y la Comisión de Televisión.

El presidente del alto tribunal, el magistrado Luis Fernando Álvarez, dijo que en l audiencia de hoy se escucharán las opiniones de ONG y organismos internacionales como Unicef, las entidades del Estado que tienen que ver con el tema, la Procuraduría y representantes de los medios.

"Estamos cumpliendo el mandato de la Corte Constitucional y queremos escuchar a todos los involucrados", señaló el magistrado Álvarez.

Opiniones

"Andiarios se opone al proyecto porque en lugar de seguir la misma línea del Código del Menor, sensibilizar la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas, busca mecanismos que constituyen censura o llevan a la autocensura con la imposición de multas o el cierre de medios. La Corte Constitucional ya había tumbado una facultad que tenía ICBF de imponer sanciones a los medios que infringieran esas normas y dejó el asunto a los jueces": Nora Sanín, directora de Andiarios.

"Conceptualmente, el tema de la autorregulación es correcto y estamos de acuerdo. No es muy distinto a como siempre hemos trabajado en la agencia. En el caso de las sanciones a los medios, se debe tener cuidado de respetar la libertad de prensa": Carlos Arango, vicepresidente de medios comerciales de Sancho.

Sigue confusión judicial en atención a desplazados

2010-07-22T08:15:00.003-05:00

Ayer, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela proferido por el Juzgado 32 Penal del Circuito de Bogotá que ordenaba a Acción Social el pago de la Atención Humanitaria retroactiva para más de mil quinientos desplazados, representada en unos 30 mil millones de pesos.

Según este fallo de segunda instancia, la ayuda humanitaria es “temporaria e inmediata y está encaminada a acciones de socorro”. Además, señaló que el juez 32, con su decisión de primera instancia, desnaturalizaría "no sólo la acción constitucional de tutela sino la misma esencia de la ayuda humanitaria" y aseguró que con el fallo de tutela desbordó "los límites de competencia del juez de tutela".

De igual manera, el Tribunal hizo énfasis en la improcedencia de ordenar, mediante fallo de tutela, la entrega de la atención humanitaria en forma retroactiva, pues ésta no es un crédito a favor de la población en situación de desplazamiento.

Así mismo, determinó la improcedencia de órdenes emitidas por jueces que conocen tutelas de los desplazados, sobre las cuales ya la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 se ha pronunciado, con fundamento en que es esta alta Corte el ente encargado de realizar el seguimiento a la política pública que desarrolla el Gobierno Nacional en lo relacionado con la población en situación de desplazamiento.

Así mismo, el Tribunal Superior sentenció que Acción Social no es la única entidad encargada de la atención a esta población, pues estas ayudas por mandato legal le corresponden al conjunto de Entidades que integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, Snaipd.

El pasado primero de julio, la Corte Constitucional había ordenado suspender los pagos por reparación a los desplazados ordenados por los jueces de tutela, argumentando contradicciones en la jurisprudencia asumida por éstos.

En tal sentido, el alto Tribunal anunció que proferirá una sentencia unificada en el tema de desplazados, de varias tutelas que han llegado en revisión.

La Corte analizará distintos casos para determinar un monto específico, con el fin de que no se presenten situaciones en las que para indemnizar a algunos desplazados se desconozca el derecho de otras personas en la misma situación y que no han acudido a la acción de tutela.

La mayoría de tutelas han sido falladas en contra de Acción Social para reparar a víctimas que aseguran que por causa del conflicto armado tuvieron que dejar atrás sus trabajos y viviendas y no han podido estabilizarse económicamente en otros lugares.

Proyectos de regalías y la Regla Fiscal inician trámite legislativo

2010-07-21T08:09:00.003-05:00

Con las iniciativas en cursos, el país entra a una etapa de preservar los dineros para enfrentar el déficit público.

AL comenzar el nuevo periodo Legislativo, el Gobierno no perdió tiempo y desde ayer presentó los proyectos para el país adopte una Regla Fiscal y modifique el manejo de las regalías que se destinan a las regiones con recursos petroleros.

Con la implementación de la Regla, se establece inicialmente un balance primario que permitirá reducir progresiva¬mente la deuda del Gobierno Nacional desde el nivel de 39,4 por ciento del PIB proyecta¬do para 2010 a uno de 28,4 por ciento del PIB en el año 2020.

Según el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, este proyecto es un instrumento de política que afianza la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica. Su adopción compromete a la autoridad fiscal con un manejo responsable de las finanzas públicas, que entre muchos beneficios, le permite asegurar un nivel de deuda de mediano plazo, facilitar el manejo contracíclico de la política fiscal, facilitar la coordinación en el manejo de la política económica y, además, ganar la confianza de los mercados, todo lo cual en conjunto se verá reflejado en el bienestar general de la población.

El ministro Zuluaga afirmó que solo aquellos países que han hecho avances en la dirección a la sostenibilidad fiscal, como es el caso de Colombia, pueden dar el salto hacia la adopción de una Regla Fiscal cuantitativa y afianzar con ello el manejo responsable de las finanzas públicas.

A su vez, el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, consideró que la Regla Fiscal es un paso fundamental en la consolidación de la disciplina y la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, en un entorno de expansión del sector minero-energético. Esta iniciativa contribuirá a que la política fiscal adopte un papel estabilizador de la economía en las diferentes fases del ciclo.

La Regla Fiscal propuesta al Congreso, aplica sobre el balance primario del Gobierno Nacional Central (GNC), como porcentaje del PIB. Entre las razones que explican que la cobertura institucional de la regla recaiga exclusivamente sobre las operaciones del Gobierno Nacional Central, se destaca el hecho de que su desbalance explica el desequilibrio fiscal del Sector Público No Financiero, y que la deuda del Gobierno representa actualmente alrededor del 87 por ciento de la deuda pública.
Adicionalmente, las entidades territoriales ya cuentan con una normatividad adecuada, que les ha permitido sanear y equilibrar sus finanzas y mantener bajo control el crecimiento de sus gastos.

La fórmula de la Regla establece el nivel del balance fiscal primario que debe lograr la autoridad fiscal en cada momento del tiempo, una vez descontados los efectos del ciclo económico y de los ingresos petroleros sobre sus finanzas. Así, se requerirá un mayor superávit (o menor déficit) cuando la economía se ubique por encima de su nivel potencial y/o los ingresos petroleros estén por encima de su senda de largo plazo y, por el contrario, se permitirá un menor superávit (o mayor déficit) cuando la economía se ubique por debajo de su nivel potencial y/o los ingresos petroleros estén por debajo de su senda de largo plazo.

Es importante destacar dos características de la Regla. La primera es que permite un espacio para la política fiscal contracíclica, lo cual significa que la autoridad fiscal podrá ahorrar en momentos de auge y desahorrar en momentos de recesión, sin que se comprometa su meta de mediano plazo.

Esta característica permitirá una mejor coordinación entre la política fiscal y monetaria del país, ya que durante las expansiones de la economía, o bonanzas de un sector específico, la regla promueve una política fiscal contraccionista, apoyando así los esfuerzos de estabilización de la autoridad monetaria a través del incremento de las tasas de interés.

Por el contrario, durante las recesiones, la regla permite una política fiscal expansionista, lo cual ayudaría a la política monetaria en su propósito de estimular la economía a través de menores tasas de interés.

Por otra parte, el Gobierno también presentó al Legislativo el proyecto que modifica el manejo de las regalías que se destinan a los municipios.

Sobre esta iniciativa, el presidente Álvaro Uribe, dijo que "yo tengo que pedirle a las regiones colombianas que le ayuden al nuevo Gobierno con la fórmula de ahorro de regalías. Es bien importante, para ahorrar para las nuevas generaciones y para no afectar los otros sectores de la economía".

Recordó Uribe que en los últimos ocho años el pago de las regalías por producción de hidrocarburos en los departamentos pasó de 900 millones de dólares a un monto entre los 2 mil 800 millones y los 3 mil millones de dólares.

Estimó el mandatario que dicho valor podría aumentar a 6 mil millones de dólares en pocos años, por lo cual consideró de vital importancia lograr el ahorro de regalías por parte de las regiones, y de esta manera aprovechar el buen momento del sector energético colombiano para impulsar otros proyectos dentro de los departamentos y municipios en el futuro.

"El equipo económico saliente y el equipo económico entrante están discutiendo eso. El equipo económico nuevo llega con unas tesis. En esa materia hemos fracasado en estos años porque las regiones no se han dejado quitar un peso en regalías", expresó el Jefe de Estado.

Piden reforma que elimine exenciones y extienda el IVA

2010-07-20T08:13:00.002-05:00

Fedesarrollo sostiene que la nueva generación de recursos debe ser destinada a la reducción de la deuda pública.

Más pronto que tarde, el nuevo Gobierno deberá impulsar una reforma tributaria que elimine las exenciones y extienda la base y la tasa del Impuesto a las Ventas (IVA). Así lo reclamó Fedesarrollo, al analizar las tareas primordiales que deberá emprender la nueva administración a partir del 7 de agosto de este año.

Sostiene la entidad social que como complemento de estas medidas, “se deben trasladar gran parte de los impuestos directos (renta y patrimonio) que hoy recaen sobre las empresas a las personas naturales”.

Explican los analistas que el conjunto de medidas permitirá generar de manera permanente nuevos ingresos tributarios por cerca de 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además de volver el Código Tributario más equitativo, progresivo y eficiente.

Argumentan los expertos de Fedesarrollo que teniendo el país tantas necesidades en el campo de la infraestructura, particularmente de transporte, no tendría sentido buscar la consolidación fiscal a través de castigar aún más la ya menguada inversión pública.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el horizonte de gasto de mediano plazo contempla aumentos en el pago de pensiones, servicios de salud y beneficios a la población desplazada, “en nuestra opinión la estrategia para reducir la deuda debería contemplar la generación de nuevas fuentes de recursos”, y que la alternativa para ello es implementar una reforma tributaria estructural.

En el análisis sobre los asuntos pendientes que deberá asumir la Administración de Juan Manuel Santos, Fedesarrollo dice que “el nuevo Gobierno, por su parte, le apuesta a la confluencia de un conjunto de factores que le permitirían poner la deuda pública en un sendero sostenible, sin necesidad de aumentar los impuestos, si bien no ha descartado retirar algunas exenciones”.

En primer lugar, explica, espera que el crecimiento económico y los programas de formalización laboral, acompañados de mayores controles a la evasión, generen un aumento importante del recaudo tributario.

De otra parte, aprovechando el auge de la producción petrolera, aspira a un aumento en los recursos de capital y a reformar el régimen de regalías para disponer de mayores recursos para financiar el presupuesto. “A nuestro juicio, se trata de una estrategia de pronóstico reservado”, puntualiza Fedesarrollo.

Sobre este punto, dicen los investigadores que “no vemos claros los mecanismos para fomentar de manera importante la formalidad; recordamos que en el pasado ha habido decepciones con estrategias fiscales basadas parcialmente en controlar la evasión; percibimos enormes dificultades políticas para reformar el régimen de regalías; y hacemos memoria de fallidas estrategias, en Colombia y en el exterior, en las que el crecimiento económico supuestamente resuelve los problemas fiscales”.

Explica Fedesarrollo que hay pocos casos en que esa estrategia ha probado ser exitosa; son muchos los ejemplos en que la misma falló y donde, tardíamente, los gobiernos se vieron abocados a subir los impuestos.

Sin embargo, la entidad señala que “compartimos con el Gobierno entrante el propósito de acometer reformas, particularmente en el campo microeconómico, para aumentar el crecimiento sostenible a entre 5 y 6 por ciento. Tenemos dudas, sin embargo, en cuanto a fundamentar las estrategias de reducción del desempleo y la informalidad y de consolidación de las finanzas públicas en esa mayor tasa de crecimiento”.

Añaden los economistas que “estamos convencidos que tanto en el frente laboral como en el fiscal se corren grandes riesgos al basar la solución de los problemas más en el rédito que brinda un mayor crecimiento económico que en políticas específicas en los campos laboral y tributario”.

Por otra parte, y en lo que corresponde a las finanzas públicas, manifiesta Fedesarrollo que “durante 2009 el balance fiscal en Colombia y en prácticamente todo el mundo se deterioró debido a la contracción de los recaudos tributarios y a la adopción de estímulos fiscales para compensar la desaceleración de la demanda privada y, en muchos casos, también de las exportaciones”.

En el caso de Colombia el proceso de reducción de la deuda pública que se venía dando desde 2005, se revirtió. Como porcentaje del PIB la deuda pública se había reducido de 43 por ciento en 2005 a 36,4 por ciento en 2008. Hoy día se ubica en 37,6 por ciento y de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo se espera que en 2011 alcance 39,6 por ciento.

Aún así, el nuevo Gobierno reconoce que la trayectoria creciente de la deuda pública no es consistente con el anhelo de que el país recupere el grado de inversión de las agencias calificadoras de riesgo, con la consiguiente caída en la prima de riesgo que ello conllevaría.

Manifiestan los analistas que “el grado de inversión, que solía ser un lujo cuando el país lo perdió en 1999, es ahora virtualmente una necesidad. Cuentan con él, entre otros, Brasil, Chile, México, Perú y Panamá. Teniendo en cuenta que la deuda crece cuando los ingresos del Gobierno no son suficientes para cubrir sus gastos, la estrategia para disminuir el saldo de la misma tiene dos dimensiones, aumentar los ingresos y/o disminuir gasto”.

Estado no es responsable en todo secuestro: juristas

2010-07-17T05:58:00.003-05:00

EL ESTADO no es responsable en todos los casos de secuestro, afirmaron expertos en temas administrativos, al argumentar que en cada caso hay que examinar las pruebas que demuestren una omisión de la Nación en la protección de sus ciudadanos.

Hablamos con ex consejeros de Estado, quienes en su momento conocieron de varias demandas en contra de la Nación por omisión de ésta en el cumplimiento de sus deberes y que permitió secuestros, homicidios y lesiones personales, y explicaron en qué casos hay responsabilidad del Estado. Esto, en momentos en que se ha generado una polémica nacional por las intensiones que tuvo la ex senadora Ingrid Betancourt de demandar al Estado por su secuestro a manos de las Farc, habiendo sido advertida, en ese entonces, de la alta probabilidad de secuestro cuando siendo candidata presidencial quiso desplazarse hacia San Vicente del Caguán en el 2002.

El ex magistrado Ramiro Saavedra señaló que el Estado es responsable cuando habiendo podido prever no lo hace, pero que sin embargo, depende de cada circunstancias.

“Depende de cada circunstancia concreta, pero si es previsible y evidente de que se produzca el secuestro, obviamente habrá una falla del servicio, porque habiéndose podido prever, no se tomaron las medidas pertinentes”, explicó el ex magistrado.

Saavedra explicó los casos en los que cabe la demanda por responsabilidad del Estado. “Otro caso, por ejemplo en el evento en que la persona que ha recibido amenazas y las pone en conocimiento de las autoridades y no hacen nada, ahí va haber responsabilidad del Estado. Esto es un tema de pruebas, si la persona pidió la protección y no lo tuvo”, afirmó.

Según el ex magistrado Saavedra, otra posibilidad es que en zonas rurales donde hay frentes guerrilleros y haya una alta probabilidad de secuestro un alto funcionario necesite desplazarse, como un congresista o un magistrado, “el Estado tiene que suministrarle escoltas, en la medida que sea conocido. Pero si la persona se va clandestinamente ahí no hay responsabilidad. El Estado es responsable en la medida en que no cumpla con su obligación de proteger a las personas, pudiéndolo hacer y teniendo que hacerlo”.

El ex magistrado Pablo Cáceres también habló con este Diario y expresó que las responsabilidades dependen de cada caso.

“Depende del caso, porque si han existido condenas contra el Estado por esa razón se trataría de una falta del servicio en el momento de un secuestro, o que durante el mismo el Estado hubiera abandonado las personas secuestradas”, declaró Cáceres.

Jurisprudencia

Desde los años ochenta, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha insistido en qué casos el Estado puede ser declarado como responsable de secuestros, asesinatos o de la comisión de lesiones personales.

El Consejo de Estado ha señalado esta responsabilidad como falla del servicio.
“La responsabilidad de una demanda se presente cuando hay omisión irregularidad, ineficacia o ausencia del servicio por parte de la Administración y una o varias de tales circunstancias origina un daño sin que exista una causal eximente”, quedó consignado en una sentencia de 1992, donde también se señaló que “como consecuencia de lo anterior debe aparecer plenamente demostrado el hecho o hechos en las cuales se funda la falla de la Administración, el daño producido y la relación entre los extremos anteriores”, dice una sentencia de 1992.

De igual manera, el alto Tribunal también describe otra causa como la del riesgo excepcional, que podría generar responsabilidad del Estado.

“Para decidir la responsabilidad del Estado debe tenerse en cuenta que el criterio jurisprudencial vigente en relación con el título de imputación bajo el cual deben ser decididas las demandas interpuestas con el fin de obtener la reparación de los daños causados en ejercicio de actividades peligrosas, es el de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, de acuerdo con el cual al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, en tanto que la entidad para exonerarse, deberá demostrar la existencia de una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o la fuerza mayor”, que aplicaría al caso de que existiendo riesgo de secuestro el ciudadano omite cualquier advertencia.

“Esto siempre que no se invoque en la demanda el régimen de falla del servicio, caso en el cual se estudia la responsabilidad bajo ese título de imputación, de una parte, porque el mismo es aplicable aún tratándose de daños causados con ocasión de actividades peligrosas, y de otra, porque de esa manera se cumple con la función consustancial a la jurisprudencia contencioso administrativa de identificar las falencias que se presentan en el ejercicio de la actividad administrativa”, dice jurisprudencia de 1993.

Buscan crear defensa ante las demandas al Estado

2010-07-15T06:01:00.002-05:00

Ayer el contralor general Julio César Turbay anunció que junto con la Procuraduría presentarán al Congreso un proyecto de ley que creará la Ofician de Atención Legal al Estado.

La iniciativa crearía la figura del defensor jurídico del Estado, el cual presidiría esta oficina. El contralor Turbay advirtió que están en peligro las finanzas del Estado ante la avalancha de demandas de los secuestrados. “De ser falladas en contra del Estado todas estas demandas, naturalmente éste entrará en insolvencia, en quiebra”, dijo el jefe del ente de control. Sin embargo, Turbay aseguró que aunque los ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos pueden demandar, esta plata sale del bolsillo de todos los colombianos.

“Más de 100 billones de pesos es lo que valen las pretensiones en contra del Estado, hoy en día”, advirtió, a la vez que señaló que en 2009 se destinaron más de 500 mil millones de pesos para cumplir sentencias del Consejo de Estado y conciliaciones a favor de los demandantes.

Sólo las demandas que instauraron Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán y Consuelo González, que fueron presentadas entre abril y mayo de este año en el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, suman 28 mil millones de pesos.

Polanco, quien fue secuestrada el 26 de julio del 2001 en el edificio Miraflores de Neiva, reclama 12.530 millones de pesos; Gechem, plagiado el 20 de febrero del 2002 en un vuelo de un avión de Aires, pide 7.380 millones; Beltrán, quien cayó en poder de las Farc el 28 de agosto del 2001, reclama 7.895 millones; y González, cautiva a partir del 10 de septiembre del 2001, reclama 800 millones de pesos.

Por su parte, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que avale las objeciones que presentó el presidente Álvaro Uribe al proyecto de ley que propone “beneficios a las familias de funcionarios secuestrados con posterioridad al ejercicio de su cargo”, y que busca el pago de salario de los familiares del plagiado, así termine el periodo del cargo en medio del cautiverio, hasta tanto se dé su liberación.

Respaldo interamericano a la Corte Suprema

2010-07-07T04:17:00.002-05:00

De igual manera, el tribunal internacional señaló con satisfacción que la máxima instancia de la justicia penal ordinaria colombiana ha adoptado la jurisprudencia internacional en defensa de los derechos humanos, que se ve reflejado en sus fallos.

Este respaldo que recibió la Corte se dio en el marco de una visita que le hizo el presidente del organismo internacional Diego García en compañía del secretario de ese tribunal Pablo Saavedra. Al encuentro también asistió el embajador de Colombia en Costa Rica, Guillermo Fernández.

Aunque no se tocaron temas puntuales como la parapolítica o las chuzadas, la sala penal de la Corte le ratificó al tribunal internacional, la cooperación que han mantenido dichas corporaciones judiciales. Este encuentro había sido pactado por la corporación interamericana desde el Perú, donde viene realizando una gira en la que fue incluida Colombia.

Para hoy se tiene programado un taller que realizarán en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta visita protocolaria se da en medio de anuncios por parte de varios operadores judiciales del país de acudir a instancias internacionales, por las constantes amenazas y seguimientos en su contra, como consecuencia de los señalamientos que ha hecho el presidente Álvaro Uribe en contra de ellos.

De igual manera, varios magistrados del alto Tribunal colombiano han acudido a la Corte Interamericana para denunciar las interceptaciones ilegales, conocidas como chuzadas, de las que han sido objeto por parte del DAS, como es el caso del ex presidente de la sala penal, Julio Enrique Socha. De hecho, en varias oportunidades el organismo internacional ha ordenado otorgar medidas especiales a favor de algunos de ellos.

En lo que va corrido de este año, esta es la segunda visita internacional que recibe la Corte Suprema de Justicia, pues hace dos meses hizo su arribo al país la relatora de la ONU para la independencia judicial Gabriela Karina Knaul y su informe dejó mal parado al Gobierno en ese tema.

En este semestre, la sala de casación penal ha cambiado su jurisprudencia frente a los delitos de lesa humanidad. Primero, juzgó a tres parapolíticos por vínculos con la comisión de crímenes de lesa humanidad, atribuidos a bandas al margen de la ley, y segundo, decidió que no extraditaría a narcotraficantes que hubieran cometido esta clase de delitos, lo que le ha ocasionado roces con el Ejecutivo.

Tutelitis de desplazados es causada por trabas a reparación por vía judicial

2010-07-03T06:07:00.002-05:00

LAS DIFICULTADES que presenta la vía judicial ha llevado a las víctimas del desplazamiento y el conflicto interno a buscar ser reparadas por la vía administrativa por medio del recurso de la tutela, lo que explicaría la avalancha de las mismas. Sin embargo esta posibilidad fue suspendida ayer de forma temporal por la Corte Constitucional al considerar que hay diferentes posiciones jurídicas que han adoptado los jueces y magistrados para fallar, por lo que es necesario establecer un solo criterio a seguir.

La vía judicial casi no funciona, señaló Marcos Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). “Es supremamente lenta, la vía judicial depende de que un determinado juez condene, ya sea por la justicia ordinaria o por la jurisdicción de justicia y paz a un victimario, y que en esa condena se ordene la devolución o la restitución de bienes y tierras que fueron usurpados. Como en las audiencias de Justicia y Paz hasta ahora no se ha producido ninguna condena en firme, entonces se puede decir que no hay reparación de ninguna hectárea de tierras a ninguna familia desplazada a través de esa vía, hasta el momento. Entonces cuando la vía judicial es muy lenta, lo que muchos hemos pedido es que se aplique la vía administrativa, pero la reparación administrativa el Gobierno la ha planteado simplemente como entregar subsidios y pequeñas indemnizaciones”, dijo.

Ayer, atendiendo la disposición de la Corte Constitucional, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) suspendió todos los pagos a población desplazada ordenados por los jueces de tutela, para reparar e indemnizar por los perjuicios causados a las víctimas de este flagelo.

Acción Social señaló que actualmente en el país cursan 3.600 acciones de tutela que reclaman indemnizaciones para desplazados, como reparación por los daños que los violentos les causaron. Añade la entidad “que de esas acciones de tutela, los jueces y magistrados de tribunales del país han fallado 2.000 a favor de Acción Social, mientras que otras 1.200 fueron falladas en contra; la entidad las apeló y están para pronunciamiento de la justicia. Actualmente, 12 fallos están en firme y obligaban a pagar a Acción Social en los próximos días, la suma de 1.200 millones de pesos”.

El director de Acción Social, Diego Andrés Molano, señaló que por considerar que la reparación no se debe mercantilizar o monetizar, la entidad a su cargo insiste en una reparación integral, “que incluya el reconocimiento de la oferta del Estado como medida de satisfacción, el derecho a la restitución y la indemnización de las víctimas y avances en su rehabilitación, todo esto enmarcado en las garantías de no repetición”:

Agregó que el Gobierno continuará prestando los servicios y ofertas que existen para población desplazada como ayuda humanitaria, salud, educación y generación de ingresos. “Existe una oferta con un presupuesto de 1.5 billones que seguirá operando”, puntualizó.

Discusión no es sobre victimario: Codhes

Como positivo calificó Romero la decisión de la Corte de suspender los pagos por reparación administrativa a población desplazada ordenados por los jueces de tutela.

Al respecto señaló que “lo que hemos visto es que la respuesta es muy desigual y lo que la Corte anunció es una especie de estandarización de los criterios que deben seguir los jueces en todo el país para responder esas tutelas. Entonces, nos parece que es una buena decisión, hemos visto casos en que se ordena una indemnización de muy bajo costo y otra en que es cuantiosa para personas en condiciones similares”.

También dijo que aparte de que el Codhes espera que la sentencia de unificación que emita el alto Tribunal establezca las reglas por las cuales los jueces pueden dictar las indemnizaciones, además haga claridad en cuanto a que la indemnización es para todas las víctimas independiente de cuál sea el victimario.

“A mí me sorprendió que según el director de Acción Social, 2 mil de esas tutelas se negaron con el argumento que Acción Social no era el responsable de causar el desplazamiento, y la reparación administrativa nunca se hace sobre la base de determinar que es el Estado el que causa el desplazamiento, sino que es el Estado el responsable de proteger a la población. No se necesita determinar quién fue el victimario para hacer reparación administrativa”, señaló el investigador Romero.
Explicó que la reparación previa del victimario es propia de la administración por la vía judicial y no de la administrativa.

El reto para el Estado es que si no puede garantizar la reparación por la vía judicial o ésta es muy lenta se haga por la vía administrativa, indicó el investigador. “El argumento de los recursos el Gobierno no lo ha sustentado técnicamente. Cuando se examinan las posibilidades fiscales de la reparación encontramos que se puede afectar el fondo de regalías, que se pueden destinar recursos como el 4 por mil, que se estableció justamente para subsidiar al sector financiero, que se pueden establecer medidas como tomar una parte del impuesto al patrimonio, que va a producir unos 12 billones de pesos en los próximos años. Es decir, recursos hay en Colombia, falta voluntad política, el problema es que los subsidios casi siempre se entregan a los poderosos: vimos que dinero había para Agro Ingreso Seguro, dinero hay para subsidiar a los productores de etanol para sostener un precio artificial, dinero hay para entregarle a los bancos con el 4 por mil. Entonces realmente lo que nosotros pedimos es que el Estado tome la decisión firme y rechazamos el argumento del Gobierno de que los recursos son escasos”.

Estatuto de víctimas

El año anterior el Gobierno, a través de su bancada afecta, hundió el proyecto de ley de víctimas por medio de la cual el Estado quedaba comprometido a reparar a los afectados por la violencia.

En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, aseguró que de haber sido aprobada la norma habría creado un “trauma irreparable a las finanzas del Estado”. Según el Gobierno el costo de la reparación ascendía a 75 billones de pesos.

Para el investigador Romero es importante promover una ley de víctimas porque en su ausencia, los afectados seguirán acudiendo a la vía judicial y “nos vamos a ir por vía de tutela, por jurisdicción ordinaria, por Justicia y Paz, incluso por vía internacional. Un estatuto de víctimas puede mirar más estructuralmente el problema, y en vez de cientos de soluciones individuales, que probablemente no conduzcan a darle un nuevo modelo de inserción en la economía a estas personas, se podría apelar a un modelo más racional que piense, por ejemplo, qué lugar van a tener los desplazados en un estatuto agrario y en una economía agraria o qué lugar van a atener en las ciudades. La situación de hoy es inaceptable, ellos viven en unas condiciones de precariedad y marginalidad en las ciudades”.

Corte ordenó parar pago de tutelas a los desplazados

2010-07-02T07:44:00.003-05:00

La decisión la adoptó al alto Tribunal, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, al analizar el cúmulo de procesos judiciales que se disponían en contra de Acción Social, sin parámetros claros.

Para la alta Corporación es evidente la disparidad que están manejando los jueces al estudiar este tipo de demandas, y de ahí que haya ordenado medidas cautelares en torno a la materialización de los pagos a las víctimas, que ha visto vulnerada la materialización de sus derechos fundamentales.

La decisión, vale la pena aclarar, no se refiere a la ayuda humanitaria de emergencia sino al dinero que se ordenaba cancelar por concepto de reparación, es decir, los daños sufridos en las personas. La Corte tomó esta determinación al recibir una avalancha de tutelas de desplazados que requerían la reparación integral y la indemnización pronta por todos los daños y perjuicios causados por el desplazamiento.

La Corte encontró que los casos de reparación vienen siendo fallados por los jueces a veces a favor y a veces en contra de los desplazados, generando una violación al derecho a la igualdad de las personas que padecen este flagelo. “Para la Corte es claro, por tanto, que el panorama escrito puede llegar a generar un tratamiento discriminatorio que vulnere el derecho a la igualdad de las víctimas del desplazamiento forzado en materia de reparación integral vía administrativa”, sostuvo la Corporación mediante el auto 207 de 2010.

“Así mismo, encuentra la Corte que los casos de tutela, aunque vengan concebidos, pueden eventualmente generar violación al derecho a la igualdad de las víctimas del desplazamiento forzado, respecto de la garantía del derecho a la reparación, por cuanto las liquidaciones de perjuicio pueden se decididas con criterios disímiles y diversos”, dijo el alto Tribunal.

Esta suspensión será provisional y se reanudará una vez el alto Tribunal emita una sentencia de unificación en la que se pronuncie de manera general sobre los casos que tienen similares condiciones, y en particular, en cuanto a la manera como deben proceder los jueces a la hora de ordenar pagos de este tipo.

La decisión de la Corte se produjo solo un día después que el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, y el director de Acción Social, Diego Molano, le solicitara declarar que se superó el incumplimiento de derechos para los desplazados.

Molano manifestó que si bien no se ha solucionado el problema del desplazamiento, sí se ha avanzado en puntos que eran críticos; sostuvo que ya hay un mayor presupuesto para enfrentar la situación, se ha superado la falta de capacidad institucional, entre otros; así mismo, aseguró que también le presentaron un plan financiero para enfrentar de forma integral el gran número de desplazados en todo el país.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Colombia es el país de América Latina con el mayor número de desplazados internos y Ecuador consigna la mayor cantidad de refugiados, en su mayoría de origen colombiano.

De acuerdo con cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes), en 2009 se registraron 286.389 personas en condición de desplazamiento, 24 por ciento menos que en 2008, cuando se reportaron 380.863 desplazados.

Corte analizará beneficios a secuestrados

2010-06-19T06:10:00.001-05:00

La iniciativa contempla beneficios salariales y prestacionales otorgados por la ley 986 del 2005.

El proyecto dispone que también “son destinatarios de los beneficios que consagra la Ley 986 de 2005, los familiares y las personas que dependan económicamente de los destinatarios”.

De igual manera, la iniciativa contempla que estos beneficios se otorgarán hasta cuando se produzca la libertad, se compruebe la muerte, o se declare la muerte por desaparecimiento de la víctima.

“Para acceder a los beneficios de que trata la presente ley, es necesario que el secuestro, la toma de rehén y la desaparición forzada, se produzca durante el tiempo que la persona se encuentre inhabilitada, de acuerdo con las disposiciones vigentes, para ejercer un empleo público o actividad profesional en razón del cargo que venía desempeñando”, dice el artículo segundo del proyecto.

Sin embargo, el 30 de diciembre del 2009 el presidente Álvaro Uribe objetó el proyecto de ley, argumentando falta de presupuesto.

Las objeciones señalan que el Ministerio de Hacienda “indicó que la presente iniciativa legislativa resulta contraria al Marco Fiscal de Mediano Plazo, en la medida en que implica costos adicionales entre $637 y $5.403 millones, a precios constantes de 2009, como consecuencia del otorgamiento de los beneficios establecidos en la Ley 986 de 2005, para los servidores públicos que resulten víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, con posterioridad a la terminación del período para el cual fueron designados”.

Según el Gobierno, “esta medida genera gastos adicionales calculados en $164.004 millones, por cuanto se genera la obligación, por parte de su antiguo empleador, de otorgar la sumatoria de los beneficios a todas las personas que hubieran estado secuestradas”.

ABC del arancel y la descongestión judicial

2010-06-18T05:57:00.002-05:00

LOS PROYECTOS de ley de descongestión y arancel judicial, que hacen parte de un bloque de medidas para poner la justicia al día, fueron aprobados el pasado jueves en su último debate en el Congreso y esperan ser sancionados por el presidente Álvaro Uribe.

Hacemos una radiografía de ambas iniciativas:

Arancel Judicial

El arancel judicial, proyecto que fue radicado en el Congreso por Ministerio del Interior y Justicia, es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia, tales como modernización y descongestión.

• El arancel se generará en todos los procesos judiciales civiles, comerciales y contenciosos administrativos y en los arbitramentos, cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales.

• Dicho gravamen se aplicará durante el cumplimiento de una sentencia de condena que se haya proferido en un proceso declarativo de cualquier naturaleza.

• También, por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso declarativo o ejecutivo, o por el cumplimiento de una condena impuesto en un laudo arbitral.

• No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones constitucionales.

• Tampoco podrá cobrarse aranceles a las personas de escasos recursos cuando se decrete el amparo de pobreza o en aquellos procesos o actuaciones judiciales que determinen la ley.

• El arancel judicial se calculará sobre las condenas por suma de dinero o por obligaciones de dar bienes distintos a dinero.

• La tarifa del arancel judicial es del dos por ciento de la base gravable. En los casos de terminación anticipada de procesos declarativos o ejecutivos, la tarifa será del uno por ciento de la base gravable.

Descongestión Judicial

El proyecto de ley que contempla la descongestión judicial, que también fue radicado por el Ministerio del Interior y Justicia, contempla reformas al código civil, laboral y penal.

• Los jueces municipales conocerán de los procesos contenciosos y de sucesión de mínima cuantía cuando en el municipio no exista juez municipal de pequeñas causas y competencia múltiple.

• De igual manera, conocerán de la celebración del matrimonio civil, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios y a los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, donde existan.

• También, procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio no exista juez de familia o promiscuo de familia.

• El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término está vencido, o cuando advierta que la pretensión es manifiestamente infundada, o sea evidente la falta de legitimación en la causa.

• La competencia, en procesos laborales, se determina por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandante, a elección de éste.

En los circuitos donde no haya juez laboral conocerá de los procesos el respectivo juez del circuito, civil o, en su defecto, promiscuo.

• Los jueces laborales de circuito conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a 50 veces el salario mínimo legal mensual vigente, y en primera instancia de todos los demás.

Retorno del Minjusticia pasó su primera prueba

2010-06-16T05:55:00.002-05:00

A SOLO un día de culminar la actual legislatura, la comisión primera de la Cámara de Representantes le envió un salvavidas al proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Justicia y así evitó que la iniciativa, que fue radicada apenas hace dos semanas por el Gobierno, se hundiera por falta de debate.

El proyecto fue respaldado en dicha comisión por todas las bancadas, que acogieron el llamado que ha hecho el ministro del Interior, Fabio Valencia, y el poder Judicial.

Así se lo hicieron saber a los medios varios legisladores, quienes también precisaron que la iniciativa quedará en tránsito hasta la próxima legislatura, que se instalará el 20 de julio, pues no le alcanza el tiempo para ser debatida en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

De hecho, el representante del Polo Democrático, Germán Navas, aseguró que así citen a sesiones extraordinarias, sería poco probable que este proyecto sea debatido, pues el Gobierno tiene más interés en proyectos que se encuentran en la cuerda floja, como el del DAS y el que reglamenta de la reforma política.

La iniciativa que contempla la creación del Ministerio de Justicia busca separar esta cartera de la del Interior, que habían sido fusionadas por el presidente Uribe al inicio de su primer mandato, y así crear un canal de comunicación directo entre el Gobierno y el poder Judicial.

Ayer varios congresistas, incluido Navas, coincidieron en resaltar la importancia de este proyecto, pues “el actual ministro que está a cargo de las carteras del Interior y Justicia, ha dejado a un lado los problemas que afronta la Justicia en el país, para dedicarse sólo a las prioridades legislativas del Gobierno”, le dijeron a este Diario.

Sin embargo, hay quienes sostienen, como el representante Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacikonal (La U), que la iniciativa fue presentada de afán por el Gobierno y la calificó como un esqueleto.

El ministro del Interior radicó la semana pasada este proyecto, argumentando que hace parte de una reforma estructural a la rama judicial, “de manera que exista un balance institucional, funcional y técnico, que permita que sin sacrificar la autonomía propia del poder judicial, el ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la rama judicial, lo cual será de gran utilidad para fortalecer la colaboración armónica entre las distintas ramas del Poder Público”.

Esta iniciativa estaba incluida dentro de los siete proyectos que el Gobierno le solicitó al Congreso tramitar con sentido de urgencia, antes que terminara la legislatura.

De otro lado, las altas Cortes se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar con este proyecto, pues siempre se han mostrado de acuerdo con la creación de dicho Ministerio que ayudaría a que fluyan mejor las comunicaciones entre la Rama Judicial y el Ejecutivo.

De hecho, una de las conclusiones que presentó la comisión de reforma a la Justicia, convocada por el Gobierno, fue la de restablecer el Ministerio, en momentos en que las relaciones entre las Cortes y el presidente Álvaro Uribe se encuentran rotas.

Por otra parte, los candidatos a la presidencia Juan Manuel Santos y Antanas Mockus se han mostrado de acuerdo con dividir el ministerio del Interior del de Justicia.

Corte analizará pensiones y presupuesto de Contralorías

2010-06-15T05:34:00.003-05:00

UNA PRESUNTA violación a la Constitución, contenida en la Ley 797, que modifica la controvertida Ley 100 que trata sobre las pensiones y unas objeciones presidenciales al presupuesto de las Contralorías municipales y departamentales, estudiará mañana la Corte Constitucional en su Sala Plena.

Pensiones

El artículo cuarto de la Ley 797 del 2003, que trata sobre los aportes voluntarios del empleador o del afiliado al Sistema general de pensiones, fue demandado ante la Corte Constitucional argumentando, entre otros aspectos, que atenta contra la estabilidad del empleo.

El aparte demandado del artículo citado dice: “La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. (…) Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.”

El demandante argumentó que “la norma acusada desconoció el principio de solidaridad como base de la organización del Estado, (…) la solidaridad supone actuar con desprendido gesto de colaboración hacia aquellas personas colocadas dentro de la sociedad en una posición de desventaja. En este orden de ideas, el legislador debió haber optado por mantener la cotización al sistema de pensiones siempre que exista una relación de trabajo remunerada, cualquiera que sea su expresión y no por el contrario señalar que esta obligación cesaba cuando el afiliado reunía los requisitos para pensionarse o cuando se pensionaba por invalidez anticipadamente”.

De igual manera, expone la demanda que la norma atenta contra la estabilidad del empleo en cuanto que el haber cumplido los requisitos para pensión, podría conducir a acelerar la pérdida de su empleo sobre la base de factores completamente externos a la competencia efectiva del trabajador.

Contralorías

Por otro lado, la Corte Constitucional analizará las objeciones presidenciales formuladas contra el proyecto de ley que establece el fortalecimiento del control fiscal de las Contralorías, a partir de adiciones presupuestales que aportarán los entes territoriales.

La iniciativa contempla que las cuotas de fiscalización correspondientes al punto dos por ciento a cargo de las entidades descentralizadas del orden departamental, serán adicionadas a los presupuestas de las respectivas Contralorías Departamentales.

Además, el proyecto de ley dice que “a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, el límite de gastos para el cálculo presupuestal de las Contralorías Municipales y Distritales, se calculará sobre los ingresos proyectadas por el respectivo Municipio o Distrito”.

El Gobierno objetó este proyecto a mediados de enero pasado y argumentó que “los presupuestos de las contralorías territoriales, a excepción de la de Bogotá, crecerán tomando como base los ingresos proyectados, (lo cual) constituye un riesgo financiero para las finanzas territoriales como quiera que los gastos de aquellas no se compadecerían con los referentes reales financieros de las entidades territoriales, es decir, los ingresos realmente ejecutados, los cuales se reflejan al final del ejercicio fiscal correspondiente y no antes como lo pretende el proyecto en este punto”.

La Corte Constitucional deberá estudiar si acepta las objeciones presentadas por el Ejecutivo o si por el contrario las niega y, en consecuencia, el Presidente de la República tendrá que sancionar la iniciativa, o en su defecto el presidente del Congreso.

Tutela no puede anular elecciones

2010-06-08T05:52:00.002-05:00

Según el Tribunal de lo Contencioso Administrativo existe otro mecanismo para realizar esta solicitud.

“La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que existe otro medio de defensa judicial, como es la acción electoral, mediante el cual es posible impugnar el acto declaratorio de elección de congresistas”, dictaminó la alta corporación judicial.

Según el alto Tribunal, dicha acción se adelanta ante la misma jurisdicción y “a la autoridad respectiva le corresponde definir la legalidad del acto administrativo que en tal sentido disponga”.

De esta manera, el alto Consejo rechazó una tutela que había sido interpuesta contra los comicios legislativos.

“Mediante tutela se pretendió la suspensión indefinida y la nulidad de las elecciones del Congreso, realizadas el pasado 14 de marzo, pero se evidenciaron inconsistencias de las pretensiones del actor, pues, de una parte solicita la suspensión indefinida y la nulidad del proceso electoral, que antecede a la expedición del acto declaratorio de la elección, y de otra, solicita la nulidad de las elecciones, cuyos resultados se consignan en dicho acto administrativo, único susceptible de impugnarse mediante la vía de acción electoral”, dice el fallo.

“Así, agregó el Consejo de Estado, entonces si se aceptara, en gracia de discusión, que es posible acceder a la petición de suspensión indefinida del proceso eleccionario, no podría expedirse el acto declaratorio de elección y en consecuencia, tampoco sería posible anular la elección del Congreso en los términos solicitados. Finalmente, la Sala resaltó que no se demostró que con la acción de tutela se evitara la realización del perjuicio irremediable que adujo el actor”.

Se hunde proyecto para dirimir límites territoriales

2010-06-08T05:41:00.003-05:00

TRAS CASI un año de haber sido radicada en el Congreso, en estado agónico se encuentra la iniciativa que busca establecer un mecanismo expedito para resolver los diferendos limítrofes entre departamentos así como entre municipios. De no recibir siquiera el primer debate antes de que finalice la legislatura y, de paso, el cuatrienio el actual Legislativo, el 20 de este mes, se hundirá.

En la actualidad hay 20 diferendos limítrofes entre departamentos pendientes de resolución desde hace años por parte del Senado, algunos de los cuales han llevado a roces entre las administraciones regionales como es el caso del corregimiento de Belén de Bajirá, que se disputan los departamentos de Antioquia y Chocó.

El proyecto se propone dar plena aplicabilidad al artículo 290 de la Constitución Política para el desarrollo práctico de la normatividad referida a los asuntos y problemáticas del territorio, estableciendo el procedimiento idóneo, ágil y práctico para la revisión periódica de límites y la resolución de diferendos limítrofes de las entidades territoriales, en forma técnica y sin afectar funciones de las corporaciones de elección popular sobre la fijación de límites, señala la iniciativa.

El senador Jorge Eliécer Guevara, del Polo Democrático, atribuyó a “los muchos enemigos” que tiene el proyecto, para explicar porqué hasta la fecha no ha recibido su primer debate. “Pero creo que es la única opción para resolver los diferendos”, dijo.

Añadió que el Senado conservará la facultad para resolver los litigios a nivel departamental, pero resaltó que se introducen nuevos mecanismos que hacen más expeditas las definiciones de estos procesos, como es consultar a la comunidad para establecer a qué municipio pertenece. Resultado que se suma a otras pruebas que se adelantan.

“Por ejemplo, tenemos el conflicto Caquetá-Meta, y la gente en una consulta determinará si quiere irse al Meta o quedarse en Caquetá. Igual sucede en Bajirá entre Antioquia y Chocó. La consulta es un mecanismo para que el Senado tome la decisión”, acotó.

Límites

El origen de tal número de controversias obedece a descripciones de límites generales, incompletas, contradictorias, ambiguas o, en algunos casos, inexistentes, lo que conlleva a controversias jurídicas sobre la jurisdicción y la posibilidad efectiva de ejercer su autonomía por desconocimiento de los límites en que está contenida la entidad territorial, lo que afecta directamente intereses o factores económicos de tributación, regalías, transferencias, etc., y su solvencia financiera para contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, señala el proyecto en su exposición de motivos

Los instrumentos legales o normatividad en materia de deslinde con que cuenta hoy el país, son la Ley 62 de 1939, sus decretos reglamentarios 803 de 1940 y 1751 de 1947, compilados por los decretos 1222 y 1333 de 1986; su aplicación ha sido poco efectiva por la dificultad de conformar comisiones delimitadoras y la falta de ratificación oportuna del límite, dudoso o no, contenido en las actas de deslinde. Las actas no ratificadas han sido consideradas como un documento de trámite, sin fuerza vinculante, aun en los casos en que se ajustan a los textos normativos, señala una sentencia del Consejo de Estado de julio de 1996.

Avalan trato especial a empleados de carrera

2010-06-05T05:47:00.002-05:00

De esta manera, la alta Corte declaró exequible el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 que trata sobre los derechos de los empleados de carrera.

“A primera vista puede pensarse que como todos los empleados y funcionarios del Estado tienen el rango de servidores públicos, deberían tener el mismo trato por parte del legislador. Sin embargo, observó que la situación de los empleados inscritos en la carrera administrativa tiene varias peculiaridades que los distinguen de las otras categorías de servidores públicos (…) el ingreso y ascenso a los cargos de carrera se basan en el mérito y las calidades de los aspirantes, y el retiro de los mismos obedece a calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, violación del régimen disciplinario o las demás causales previstas en la Constitución y la ley”, argumentó la alta Corte.

“En ese orden, agregó la corporación judicial, la Corte advirtió que aunque todos los empleados tienen la categoría de servidores públicos, su situación no es exactamente la misma, pues al paso que los empleados inscritos en el Régimen de Carrera Administrativa han sido sometidos a un estricto mecanismo de selección sustentado en el mérito y en el concurso, los demás empleados o servidores no lo han hecho”.

Por último, el alto Tribunal señaló que esta decisión no trae como consecuencia la protección de los empleados públicos que no sean de carrera.

El artículo antedicho había sido demandado “porque la expresión acusada desconoce el mandato de protección del derecho al trabajo allí consagrado, pieza fundamental para el desarrollo de la Nación y punto de partida para el disfrute de otros derechos que garantiza la Constitución Política”.

Fallo ordenó pago de $32 mil millones a desplazados

2010-06-03T05:19:00.002-05:00

CONTROVERSIA GENERÓ ayer el fallo del juez 32 Penal del Circuito de Bogotá, quien le ordenó a Acción Social pagar 32 mil millones de pesos, en diez días hábiles, por cuenta de pagos atrasados en ayuda humanitaria a los desplazados del país.

El director de Acción Social, Diego Molano, aseguró que con esta sentencia, que beneficia a cerca de 1.500 familias, se desnaturalizan los beneficios destinados a esta población vulnerable.

“Este tema de las tutelas para la población desplazada tiene que ser manejado adecuadamente, con propósitos que permitan la mayor objetividad para atenderla. Vamos a apelar esa decisión, creemos que ahí se desnaturalizó el servicio”, aseguró el alto funcionario.

Molano, además denunció que mafias de abogados, que actúan como representantes de los desplazados, estarían detrás de millonarias demandas contra el Estado.

“Hay que hacer un frente común para evitar que ciertos grupos de mafias manipuladoras, que están utilizando las tutelas puedan afectar la estabilidad. Hay una minoría que está manipulando a la población desplazada para hacer fraudes y utilizar y aprovechar los recursos disponibles para las víctimas; estas mafias le están quitando la posibilidad, a través de recursos legales, a personas que son verdaderos desplazados”, anotó.

Molano señaló que se está trabajando con la Policía, la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para contrarrestar los casos de desplazados falsos. “Hemos montado un aparato jurídico y de apoyo de abogados para responder a cada una”, dijo el funcionario.

“Quisiéramos avanzar”, agregó, “con un proyecto legislativo que nos permita ponerle límites y controles a los diferentes servicios de atención que tienen, de modo que no se generen estos incentivos para que aparezcan las mafias”; según Molano, “la otra acción fundamental es un proceso educativo muy grande con las víctimas del desplazamiento, de modo que no se dejen manipular”.

El director de Acción Social agregó que diariamente se interponen cerca de 500 tutelas contra el Estado por beneficios a población vulnerable, la mayoría de ellas impulsadas por mercaderes de desplazados.

Al respecto, señaló que el año pasado hubo 60 mil tutelas y que la mayoría se presentaron en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre, Meta, Caquetá y Antioquia.

Nuevas políticas

La sentencia también le ordena a Acción Social diseñar nuevas políticas de manejo de la población desplazada: “Diseñar y ejecutar un programa de sensibilización a sus funcionarios en el desplazamiento forzado y del tratamiento especial que merecen sus víctimas. Las oficinas UAO, la entidad tutelada, deberá escoger personal suficientemente capacitado en el tema, que garantice a los desplazados un trato respetuoso, especial y digno”.

La sentencia exige además eliminar los “procedimientos engorrosos y requisitos extraoficiales a los desplazados para que puedan reclamar sin obstáculo alguno la atención humanitaria que el Estado está obligado a suministrarles”.

De igual manera, el juez 32 Penal instó a Acción Social a eliminar, entre otras, las siguientes “prácticas insanas en el proceso de atención a las personas desplazadas: Forzarlas a dormir en la calle frente a las oficinas UAO para tener un turno que les permita acceder a la información que allí se ofrecen; tratarlas con irrespeto y desconsideración; suministrarles información equivocada, someterlas a ires y venires, mentirles sobre visitas y llamadas telefónicas, y ponerlas en situación de ubicar a funcionarios que nunca responden sus inquietudes”.

Congresistas en alerta por regulación de dosis mínima

2010-06-02T05:26:00.002-05:00

PREOCUPACIÓN POR la claridad que debe tener la redacción del proyecto de ley “por la cual se desarrolla el Acto Legislativo número 02 de 2009 y se establecen medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas y se dictan otras disposiciones”, generó en algunos congresistas.

En particular, quieren tener cuidado en conservar el espíritu de la reforma constitucional y que la norma se enfoque en prohibir la dosis mínima pero no en penalizar su consumo.

Así se lo manifestó a los medios el senador Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), para quien debe quedar claro el protocolo de procedimiento policial cuando una persona sea sorprendida por las autoridades portando alguna sustancia estupefaciente “o que se encuentre bajo su influjo”, como rezan algunos artículos del proyecto presentado por el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.

Otro punto de preocupación de Vélez es que la norma prevé que el Estado debe ocuparse de la prevención, pero no es claro de donde saldrán los recursos para ello; por el contrario, pareciera que la responsabilidad fiscal de este aspecto recayera sobre los entes territoriales, lo que en opinión del congresista antioqueño convierte la buena intención de ocuparse de la salud del consumidor de drogas en un enunciado sin ningún efecto práctico.

Pasó

Vélez les había expresado su preocupación a sus colegas de la Comisión Primera de Senado que ayer aprobó en primer debate, por 15 votos contra uno, el informe de la ponencia presentada por el legislador Héctor Helí Rojas, del Partido Liberal.

Rojas le precisó a este Diario que al proyecto del Gobierno se le han hecho las modificaciones necesarias para que mantenga el espíritu con que el Congreso reformó la Constitución.

Pero para algunos legisladores ese cuidado no es suficiente. Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, anunció que la preocupación persiste y que la colectividad buscará que la plenaria de la cámara alta especifique bien el tipo penal del microtraficante para que en la aplicación del articulado que tramite el Congreso no haya lugar a equívocos y se termine haciendo lo que se quiere evitar: penalizar el consumo de drogas.

Velasco anunció que para trabajar en ese propósito, los senadores Rojas y Jesús Ignacio García, también del Partido Liberal, fueron comisionados para lograr una redacción precisa de esos tipos penales para que queden plasmados en la reglamentación.

Desde ayer, cuando fue aprobado en comisión, los ponentes cuentan con ocho días para presentar la ponencia a la plenaria del Senado.

Debate

En su ponencia, Rojas consignó cómo, a nivel mundial, “parece que se abre a nivel internacional una nueva visión sobre el tratamiento del fenómeno de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, orientada más a la prevención y al tratamiento de la adicción que a la producción y erradicación”.

Y el Gobierno, en la exposición de motivos del proyecto de ley, comentó que dado que “el artículo 49 de la Constitución dispone que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”, se convierte en una obligación el despliegue de “todas aquellas conductas que permitan una real y efectiva prestación del servicio, el cual debe incluir los tratamientos necesarios para poder salir del estado de drogadicción en el que pueda encontrarse una persona”.

Crece polémica por freno a restitución de tierras

2010-05-29T05:53:00.003-05:00

SE ACENTÚA la polémica por el auto que profirió la Corte Constitucional en el que le ordena al Gobierno congelar la restitución de tierras en la región del bajo Atrato, por presuntas irregularidades en la representación de las comunidades afrodescendientes en las mismas.

A las críticas hechas por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, ayer se sumó la viceministra del Interior, Viviana Manrique, quien aseguró que los argumentos que utilizó la Corte Constitucional para proferir esa decisión, no son acordes a la realidad.

“Al revisar el auto, se parten de unos presupuestos que ni siquiera están acordes a la realidad de las comunidades negras. Nosotros somos garantes del goce efectivo de los derechos de las comunidades negras.”, aseguró la viceministra.

Manrique manifestó que no es cierto que actores ilegales siguieran manteniendo el control sobre las tierras.

Indicó que el censo y la revisión de la titulación de los predios sugeridos por la Corte Constitucional, mediante la expedición del auto, ya fueron cumplidos y que aún cuando no lo hubieran conseguido, no es razón suficiente para suspender la entrega de las cerca de 10 mil hectáreas que el Ministerio se disponía dar a las comunidades negras.

En el auto proferido hace un par de semanas, el alto Tribunal expuso que grupos armados ilegales habrían presionado para que las tierras no les fueran adjudicadas a las comunidades afrodescendientes, por lo que los consejos que representan a estos pueblos en la restitución de las tierras ante el Ministerio del Interior y Justicia, no fueron conformados de forma transparente.

Sin embargo, la funcionaria del Ministerio dijo que la Corte Constitucional ha dado muestras de no contar con toda la información de la manera como el Gobierno Nacional ha ido adelantando el proceso de restitución de tierras de las comunidades desplazadas de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó.

“No se trata de que digan mentiras o verdades. Creemos que les falta información y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy”, aseguró. “Si es voluntad de la honorable Corte que se espere todavía un tiempo más para las restituciones, les solicitamos que designen un secuestre que sea garante de que realmente la propiedad colectiva le llegue a las comunidades negras, de la cual es titular los Consejos Comunitarios”, añadió.

Esta declaración concuerda con lo que dijo hace un par de semanas el presidente Álvaro Uribe, quien le pidió a la Corte darle tiempo al Gobierno para realizar un censo de las comunidades del bajo Atrato y nombrar una entidad para que adelante dicha actividad.

La viceministra del Interior señaló además que muchos de los pasos señalados por la alta Corte, para llevar a feliz término la entrega de las tierras a los afrodescendientes, ya han sido cumplidos a cabalidad, y de ahí su extrañeza ante muchas de las indicaciones contenidas en el auto en que se orden la suspensión inmediata del proceso.

La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Interior y Justicia realizar el censo de esas comunidades afrodescendientes para que se integren de nuevo los consejos que se encargarían de recibir las tierras.

Penas cumplidas, fuera del pasado judicial: Corte

2010-05-25T07:06:00.001-05:00

De esta manera, el alto Tribunal le ordenó al órgano de inteligencia no incluir en la expedición de los pasados judiciales la expresión “registra antecedentes, pero no es requerido por autoridad judicial”, en los casos descritos, porque vulneraría el derecho al habeas data.

Es así como la Sala de Casación Penal amparó los derechos de Pedro Antonio Pira a quien la justicia le prescribió una condena de doce meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, pero en el certificado judicial expedido por el grupo de identificación del DAS aparecía con antecedentes.

El órgano de Inteligencia argumentó su negativa de borrar los antecedentes del solicitante señalando que “es depositario, no dueño de las informaciones que se reciben, por lo que les está vedado destruirlas, borrarlas o hacer cualquier clase de modificación por iniciativa propia, sin un sustento legal por parte de la autoridad que conoció del caso. Por lo tanto, no goza de facultades legales para cancelarlos y estos deberán permanecer consignados en la base de datos de la entidad para ser comunicados a las autoridades judiciales competentes que le soliciten informes sobre antecedentes judiciales”.

Sin embargo, la Corte advirtió que la resolución interna del DAS, que contempla que “la persona registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad judicial”, resulta “desconocedora de principios constitucionales y causa un grave perjuicio a quien habiendo pagado la pena impuesta o, como en el caso presente, se vio beneficiado con su extinción por haber operado el fenómeno de la prescripción, deba soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una anotación de tales características, frente a su vida cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho documento para acceder a un trabajo, pues surge evidente que tal registro le merma ostensiblemente las posibilidades de que sea escogido para el mismo, lo que de contera conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina convirtiéndose en un castigo adicional, es necesario ponderar los pro y contra de tal determinación”, dictaminó el alto Tribunal.

Aplazan decisión sobre referendo de prisión perpetua

2010-05-21T06:21:00.002-05:00

Aún los nueve magistrados integrantes de la Sala se encuentran estudiando la ponencia positiva de la magistrada sustanciadora, María Victoria Calle. Sin embargo, la Sala se encuentra dividida por un bloque mayoritario que apoyaría el proyecto de fallo, y otros magistrados que piden su inexequibilidad.

Los que están a favor de declarar inconstitucional el referendo exponen que la ley va en contra de la reciente jurisprudencia de la sustitución de la Constitución sentada por la alta Corte, según la cual cualquier modificación de fondo que se le haga a la Carta, provenga de la manifestación del pueblo en un referendo o en un acto legislativo tramitado por el Congreso, es inexequible.

Por esta jurisprudencia se cayeron, el acto legislativo de los cargos provisionales y el referendo que buscaba el tercer mandato del presidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, la ponencia, así como el concepto que rindió el procurador Alejandro Ordóñez al respecto, exponen que no hay una sustitución como tal, pues tal y como dice la norma, se castigaría hasta con cadena perpetua, lo que no hace obligatoria su aplicación.

Sin embargo, esta discusión podría llegar a su fin la próxima semana, y el miércoles 26 de mayo se sepa el fallo definitivo, pues aunque la Corte tendría hasta mediados de junio para dictar sentencia, tal y como lo anunció en varias oportunidades el presidente del alto Tribunal, magistrado Mauricio González Cuervo, la corporación no se tomará todo ese tiempo y el fallo se espera a finales de este mes.

Sólo en agosto se moverán proyectos en el Congreso

2010-05-21T06:16:00.001-05:00

PARA MUCHOS, la última legislatura parlamentaria fue perdida porque el ausentismo ocasionado por las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales perjudicó, en buena medida, las actividades de control político e hizo que varias de las iniciativas, algunas presentadas por el Gobierno con mensaje de urgencia, quedarán endosadas al Congreso que se posesione el próximo 20 de julio.

Sin embargo y como lo que queda es mirar al futuro, el panorama por el momento es incierto porque a la fecha se puede afirmar que próximo Legislativo está en el limbo, pues de los 166 representantes y 102 senadores elegidos el pasado 14 de marzo, apenas cerca de 50 han recibido por parte del Consejo Nacional Electoral la acreditación que les permite fungir como congresistas, es decir menos del 25 por ciento del total.

Esto a la espera del que el organismo electoral finalice un escrutinio especial que debió acometer de la votación y actas electorales de más de 12 mil mesas a nivel nacional, que fueron impugnadas por supuestas irregularidades.

Sin embargo, no hay garantía de que el Consejo Electoral finalice este escrutinio antes del 20 de julio y por ende todos los 268 congresistas puedan asistir a la instalación del Legislativo. La nueva presidenta del Consejo Electoral, Adelina Covo, señaló al llegar al cargo que la prioridad es finalizar lo más pronto posible el escrutinio para declarar Senado y Cámara, aunque advirtió que “teniendo muy en cuenta el principio de transparencia en la búsqueda de la verdad que nos ordena la Constitución”.

Otras prioridades

Conocer cuáles son los integrantes que eligieron 14 millones de colombianos el pasado 14 de marzo, no es la única incertidumbre que ronda sobre el nuevo Congreso así como sobre la suerte de la agenda de proyectos que deben ser tramitados en la primera legislatura.

Pues como es costumbre, antes de ocuparse de sus funciones de control político, estudio y generación de proyectos de ley, los congresistas se dedicarán a elegir las mesas directivas, que en caso de cada cámara no es problema porque esta definición se dará el mismo 20 de julio.

El problema está en la elección de las mesas directivas de cada una de las 14 comisiones en Senado y Cámara, que se llevará por lo menos dos semanas más, tiempo durante el cual las bancadas de los partidos mayoritarios hilarán los acuerdos para quedarse con las respectivas presidencias; al tiempo que las colectividades de oposición pujarán por la vicepresidencia.

De forma paralela, y mientras la agenda legislativa sigue en el congelador, las colectividades presentes en el Congreso se darán a la tarea de formar las coaliciones de gobierno y oposición, proceso en el cual seguramente el ministro del Interior del nuevo gobierno meterá la cucharada para tratar de ganar las mayorías para el nuevo gobierno.

Acciones populares siguen con incentivos económicos

2010-05-21T06:02:00.004-05:00

La iniciativa, que contempla la derogación de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, fue radicada en julio anterior por el Ministerio del Interior y de Justicia por solicitud de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), que en representación de los alcaldes del país la justificó señalando que las acciones populares han perdido su espíritu de protección de los derechos colectivos y se convirtieron en un negocio rentable para unos pocos.

El proyecto de ley tiene sus orígenes en que las administraciones municipales se han visto obligadas a enfrentar un alto número de acciones populares, indicó Fedemunicipios a través de un comunicado.

En ese sentido, coincidió el Ministerio del Interior al presentar ante el Congreso el proyecto: “En los últimos años se han presentado casos en los cuales se demuestra que algunos alcaldes han visto entorpecidas las actividades propias de su administración gracias a un sinnúmero de acciones populares, cuyo fin no es el de mejorar el bienestar de la comunidad, el cual se supone sea el fin de las acciones populares.

Nuevo reglamento

El constituyente Jaime Castro, especialista en régimen municipal, coincidió en que es necesario revisar el asunto de los incentivos económicos en las acciones populares: “Yo creo que debe revisarse la materia porque se establecieron como un estímulo, pero han terminado teniendo efectos perversos porque hay quienes profesionalizaron la presentación de acciones populares por toda clase de motivos, sin mayor fundamento, simplemente buscando el incentivo que reconoce la ley. La intención inicial de los incentivos era válida pero se ha terminado desvirtuando”.

Castro no entró a terciar si deben ser eliminados estos estímulos o limitarlos, pero recalcó que es necesario reglamentar esta materia.

El fuero militar en Colombia

2010-05-09T06:02:00.002-05:00

LOS ANTECEDENTES. La existencia del conflicto interno hace del fuero militar en Colombia una cuestión sumamente sensible. Estos conflictos implican fronteras difusas entre lo civil y lo militar y son ambiente propicio para la comisión de crímenes, por parte de militares, diferentes de los que son típicos en las organizaciones militares. Una situación de tal naturaleza implica conflictos continuos de jurisdicción, debate sobre el deber ser de los ordenamientos jurídicos especiales y sobre las características del aparato jurisdiccional diferenciado que debe aplicarlos.

El fuero militar se entiende como un derecho para la guerra que se extiende, en los tiempos de paz, a las actividades de preparación para la misma, vale decir a la vida que se desarrolla dentro de las organizaciones militares. Los fueros militares se remontan a la antigüedad, y el derecho romano lo contemplaba de manera precisa. La razón de ser inicial de un fuero militar estribó en la necesidad de contar con unas disposiciones y unos jueces in situ que garantizaran la aplicación del derecho penal en las campañas militares, cuando el aparato normal de justicia no podía acompañar a las tropas, y en la necesidad de que esos jueces conocieran por experiencia propia las condiciones específicas de la guerra y de la vida militar. Tanto las campañas militares como la vida institucional necesitan de una justicia rápida y eficaz, porque las faltas de los militares en su ámbito ponen en peligro la disciplina, la moral de las tropas y la disposición para afrontar la prueba suprema del combate.

El fuero militar existe en la mayor parte de los Estados, pero sus ámbitos jurisdiccionales se han visto recortados en la contemporaneidad. Han cambiado las condiciones de la guerra, de las comunicaciones y de los principios rectores del derecho penal en general. La extensión de las garantías para el ejercicio de derechos y libertades públicas lo limita. Algunos Estados sólo lo activan en situación de guerra, algunos lo han eliminado y todas las conductas caen en la órbita de una jurisdicción única para civiles y militares. También se ha morigerado la dureza de las penas típica de la justicia castrense en el pasado. En el Estado colombiano el fuero militar se heredó de la tradición española y especialmente de los fueros establecidos en las reformas militares borbónicas, las promulgadas por el rey Carlos III a finales del siglo dieciocho. La República conservó la esencia de esos ordenamientos y siempre han formado parte de la tradición del derecho constitucional colombiano.

¿Tipicidad o causalidad?

Cuando se examinan las causas más comunes de conflicto entre las jurisdicciones civil y militar, aparece siempre un elemento común: el criterio para determinar el alcance de la jurisdicción y el carácter de los delitos que caen en cada campo. La subjetividad tiene un espacio muy amplio cuando se trata de determinar la causa de una conducta punible, y es frecuente que se den desencuentros entre quienes tienen visiones distintas de las circunstancias y condiciones de una conducta específica. En la guerra interestatal se dan menos posibilidades de ambigüedad, pero en los conflictos internos los roces son frecuentes y se puede plantear como una hipótesis plausible, para el caso colombiano, que hacer la diferenciación de las jurisdicciones según la causalidad de los delitos, complica la posibilidad de establecer, claramente, tanto la utilidad de una justicia militar como la razón de sus áreas de competencia.

El punto es el siguiente: en la definición de las competencias se parte de puntos de vista diferentes según que se siga la escuela de la causalidad o la escuela de la tipicidad. La Constitución Política de Colombia sigue la tradición de la causalidad y el texto de 1886 se mantiene en el artículo 221 del texto de 1991. La jurisdicción se establece a partir de establecer la conexión entre el delito cometido y la relación que pueda tener con el servicio, es decir, por razón y causa del servicio mismo en filas. La otra escuela parte de un principio distinto: se tipifican los delitos, o las modalidades de los delitos, que sólo pueden ser cometidos en el servicio militar y estos definen la jurisdicción. Ejemplos de los delitos que sólo pueden ser cometidos en el ámbito militar son los de deserción, ataque a superiores o a subordinados, rebelión, asonada, sedición, desobediencia, o abandono del puesto (delito del centinela) entre otros. Los delitos no necesariamente sólo militares, pero con modalidades específicas de la situación del militar, tipificables como tales, pueden ser como el homicidio o las lesiones en situación de combate, por error, daño colateral o violación de los principios de proporcionalidad y congruencia. Fuera de combate serían catalogados como no elegibles para la jurisdicción militar. Otros que no impliquen conexión con la situación de combate, aunque coincidan en el tiempo y el espacio con el mismo, no pueden ser considerados elegibles, (por ejemplo la violación de una mujer en el área de un frente de combate).

La adopción de la escuela de la causalidad (se cree que protege más al militar, pero en la realidad les ha generado más problemas) ha provocado extralimitaciones cuando de definir la relación con el servicio se trata. Se dieron casos de delitos comunes que fueron llevados, o se pretendió llevar, a juicios castrenses por razón del lugar en el cual fueron cometidos (por ejemplo una violación dentro de una instalación militar) o que provocaron polémicas interminables y colisión de competencias por causa de fronteras borrosas en lo que se entiende como "por causa y relación con el servicio". La escuela de la tipicidad evita en buena parte las confusiones, pues una vez hecha la tipificación de delitos y modalidades, ofrece mayor precisión.

Calvario colombiano

Es cierto que una fuerza militar en guerra necesita del fuero. Los delitos militares y las modalidades de otros cometidos en situaciones exclusivas de los militares, deben ser juzgados por especialistas que conozcan las circunstancias de la vida castrense, las vicisitudes del combate, la organización y la cultura de las instituciones. Pero los conflictos internos todo lo confunden. En una época, hasta 1985, cuando la Corte Suprema de Justicia, entonces guardiana de la Constitución, declaró inconstitucional la práctica, un insurgente era juzgado en consejo verbal de guerra. Aparte de consideraciones sobre los derechos del acusado, el procedimiento implicaba un reconocimiento al enemigo como "militar", así la razón de la medida no tuviera esas pretensiones.

Luego, los conflictos ideológicos provocan odios profundos. La visión de una "maldad" intrínseca en el enemigo, facilita posiciones de tolerancia y ocultamiento de acciones punibles vistas como "legítimas" dado que propenden por la "salvación" de valores u otros bienes considerados los deseables. Dicho de otra manera, facilitan justificaciones del tipo "todo vale". Además, lo numeroso de las situaciones que se presentan cotidianamente en un conflicto como el colombiano, más ineficiencias del sistema, desbordan tanto a la justicia ordinaria como a la militar y se presenta una acumulación de procesos que, en la práctica, se ha convertido en una denegación permanente de justicia. La suma de tolerancia por solidaridad de cuerpo, más ineficiencia, le hizo mucho daño a la justicia militar. También la organización, hoy reformada, producía problemas y daba pie para presentar a los jueces militares como dependientes de la jerarquía y no autónomos para decidir.

Un problema muy revelador de las contradicciones del fuero militar en Colombia, es que éste se haya extendido a la policía, cuerpo en el cual no tendría cabida por cuanto el actuar policial es de responsabilidad individual y no colectiva. Es además un cuerpo civil. Pero el conflicto la obliga a tomar dispositivos militares en muchas ocasiones cuando combate a insurgentes o a delincuentes comunes organizados al modo militar y pueden entonces verse en situaciones típicamente guerreras, que llevaron a extenderle la garantía institucional del fuero cuando combaten cuadrillas organizadas militarmente. El tema es complejo en tanto dure el conflicto y la policía no pueda sustraerse del mismo.

El problema sigue en el centro del debate. La justicia ordinaria tampoco ha demostrado ser alternativa clara. En muchos casos se ha visto una ignorancia total de las características de la organización y del actuar militar. Los límites de la obediencia debida no se entienden y tampoco elementos universales de la cultura militar. El tino con que debe ser manejado el asunto exige prudencia y conocimiento a fondo: Justicia militar sí, pero reformada y controlada para que no sea vista como burladero de la legalidad.

Polémica por propuesta de excluir a la Procuraduría de los procesos penales

2010-05-03T05:26:00.003-05:00

POLÉMICA CAUSÓ la propuesta hecha por la Comisión de alto nivel para la reforma judicial, de excluir a la Procuraduría de los procesos penales, bajo el argumento de que los derechos de los procesados que garantiza el Ministerio Público están bajo el cuidado de la defensa y la Fiscalía.

Hablamos con ex procuradores y ex fiscales generales, quienes se mostraron algunos a favor y otros en contra de esta propuesta, la cual fue incluida en las conclusiones que presentó la Comisión de reforma a la Justicia y que serían parte de un proyecto de ley que radicaría el Gobierno en el Congreso.

Los que rechazan la propuesta

El ex procurador general Edgardo Maya se mostró en contra de esta propuesta y dijo que por medio de un acto legislativo se estableció que en el Sistema penal acusatorio interviniera del Ministerio Público de forma atípica, pero necesaria para garantizar los derechos fundamentales del procesado.

“En el acto legislativo, que conservó el Sistema penal acusatorio en Colombia, se planteó como atípica la intervención del Ministerio Público, pero por las características de nuestro país, por la permanente dejación de los derechos, la Procuraduría tiene una posición de garante, de defensa de los derechos de los procesados, en un sistema donde no se les respeta los derechos a las personas”, dijo el ex Jefe del Ministerio Público.

Maya aseguró que la Procuraduría no entorpece los procesos penales.
El también ex procurador general Jaime Bernal manifestó que debe realizarse un estudio más a fondo sobre esta propuesta.

“Yo creo que debe hacerse un estudio más a fondo, para saber si las funciones del Ministerio Público, como representante de la sociedad y como garante de los derechos de todo aquel que interviene en el proceso, han sido efectivas frente al sistema penal acusatorio, porque quitar un sujeto procesal, por imitación de un Sistema acusatorio en el que en otros países no intervienen sino el ente acusador y el defensor, me parece, que es tratar de seguir copiando esquemas procesales sin un estudio ponderado de la protección de los derechos de todas las personas, que puede cumplir perfectamente la Procuraduría”, dijo el ex jefe del ente de control disciplinario.

Según Bernal, en Colombia se propuso un Sistema acusatorio con base en lo que en otros países adoptaron, como el sistema anglosajón y el continental europeo, pero sin embargo, se marcaron algunas diferencias en el colombiano, como la inclusión del Ministerio Público.

Los que están a favor de la iniciativa

El ex procurador y fiscal general Alfonso Gómez se mostró partidario de excluir al Ministerio Público de los procesos penales, argumentando que esa participación no tiene ningún sentido, pues actualmente hay otros mecanismos para defender las garantías procesales de los acusados.

“Este es el único país que tiene un Sistema acusatorio con dos Ministerios Públicos. Esa participación de la Procuraduría no tiene ningún sentido, porque el origen de esa participación era para tratar de defender la legalidad del proceso; pero hoy en día hay otros mecanismos, la legalidad se defiende por las propias normas constitucionales, por los defensores”, dijo Gómez.

“Yo creo que la Procuraduría, añadió el ex procurador, debe dedicarse al tema disciplinario propiamente dicho. La participación penal de la Procuraduría hoy no se justifica, es un funcionario que sobra, porque entre otras cosas se limita a emitir conceptos que no son obligatorios para el fiscal ni para el juez”, aseguró.
Según el ex fiscal, históricamente esa función de ser garante de los derechos no se ve reflejada en la práctica.

De otro lado, el ex fiscal general y actual senador Alfonso Valdivieso estuvo de acuerdo con esta tesis, porque según su parecer, la presencia del Ministerio Público desequilibra la relación que hay entre el Estado y el procesado en el Sistema penal acusatorio.

“En el Sistema penal acusatorio, el Ministerio sobra, porque por decirlo así, desequilibra la relación que debe haber, porque está el Estado y la persona que está siendo procesada”, dijo el ex director del ente acusador.

Según Valdivieso, “ese tema se analizó en el Congreso en su momento y pudo haber aprobado la exclusión del Ministerio Público como interviniente en los procesos penales, pero en ese momento yo creo que sin mucho fundamento, la Procuraduría se postuló”.

El senador del Partido Cambio Radical finalizó diciendo que el mismo Ministerio Público estaría de acuerdo con no participar más en los procesos penales.

“Yo estoy seguro, que hoy por hoy, la Procuraduría es conciente de que sobra esa participación, porque no tiene sentido”, dijo el ex jefe del órgano investigador.

Actualmente, la Comisión de alto nivel para la reforma judicial se encuentra socializando las propuestas que planteó, con distintas instancias de la sociedad, incluidos los candidatos a la Presidencia de la República, las Altas Cortes y organizaciones civiles.

En el informe final, presentado por esta Comisión, también se propusieron otros temas como invertir la elección del Fiscal General, la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, entre otros.

Congreso dividido frente a ampliación de Justicia y Paz

2010-04-30T05:39:00.002-05:00

EL GOBIERNO tendrá que emplearse a fondo para explicar los motivos que tiene para solicitar al Congreso la ampliación de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, sobre la cual se edificó el proceso de desmovilización de la mayoría de los grupos paramilitares.

De no ser así, difícilmente la iniciativa avanzaría en Comisión Primera de Cámara y en la plenaria del Senado, en donde en este momento hace estación en su trámite legislativo.

El Gobierno es consciente que es necesario dar un empujón para que la iniciativa salga de su estado de somnolencia. Muestra de ello es que el pasado martes, el alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, hicieron una petición formal a todos los congresistas para que de manera urgente aprueben este proyecto que pretende resolver el limbo jurídico en el que se encuentran cerca de 25 mil intrigantes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, y que por ende no se hacen acreedores a los beneficios de esta normativa.

“Se sancionó en esa fecha porque en ese momento se pensó que los acuerdos con los miembros de las autodefensas iban a estar cristalizados hoy, pero durante el año siguiente entre julio de 2005 y junio de 2006 se desmovilizaron 25 frentes y cerca de 25.000 miembros de los grupos paramilitares”, afirmó el Comisionado.

Mientras que Pearl y Pizarro hacían esta petición al Congreso, paradójicamente este proyecto figuraba en el lugar 32 del orden del día de la plenaria del Senado, el último.

Sin embargo para que este proyecto sea tramitado por el actual Congreso, no bastan los llamados del Gobierno y la buena intención de algunos congresistas para sacarlo adelante, pues también está de por medio que se agota el tiempo para que finalice el período del actual Parlamento, el próximo 16 de junio. En ese caso correspondería al nuevo Legislativo que se posesional 20 de julio venidero, definir si aprueba o archiva esta iniciativa.

Comisión Primera de Cámara

Preguntamos sobre el futuro de esta iniciativa a algunos de los actuales integrantes de la Comisión Primera de Cámara, que fueron reelegidos en los pasados comicios de marzo, y que seguramente estarán en la misma Comisión del nuevo Parlamento.

“A mí me parece que la Ley de Justicia y Paz es un fracaso, yo pensaría que hay que revisarla de fondo, no solamente ampliarla”, señaló el representante liberal Guillermo Rivera.

En tanto que el representante del Polo, Germán Navas, dijo que en su caso personal ese proyecto “hay que revisarlo con lupa porque nunca creí en los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, sólo trajo impunidad. Vamos a ver qué fórmula trae porque a mí no me ha convencido, me opuse la primera vez, pero si las cosas no han cambiado me tocará oponerme por segunda vez”.

A su turno el representante conservador Telésforo Pedraza dijo que todos somos amigos de la paz pero “no se puede ampliar, por lo menos desde mi punto de vista, hasta que haya realmente una explicación muy detallada de lo que han sido los resultados de ese proceso”. En ese sentido dijo que Justicia y Paz, en lo que tiene que ver con reparación, deja mucho que desear.

Plenaria de Senado

El senador conservador Eduardo Enríquez consideró a título personal que no habría inconveniente para que el Senado apruebe esta iniciativa gubernamental, incluso consideró que hay tiempo para que el actual Congreso la tramite: “Si hay voluntad, no tendríamos ningún problema se puede tramitar perfectamente, y si bien los términos son angustiosos, si hay voluntad política se puede tramitar”.

El senador nariñense replicó a quienes señalan que no tiene presentación ampliar la vigencia de Justicia y Paz cuando después de cinco años de aplicación no se ha producido la primera condena. “Precisamente porque no se han logrado los objetivos que se persiguen con la norma es necesario su prórroga, y si hay que hacer algún ajuste, pues el Congreso debe proceder al respecto”.

En sentido contrario se mostró el senador liberal Juan Fernando Cristo, al señalar que no ve ambiente positivo en Senado para el trámite de esta iniciativa. “Me parece que el Gobierno no ha explicado desde hace un año para qué quiere prorrogar la Ley de Justicia y Paz. Hasta el momento no han aplicado la ley, no hay sentencias, no hay reparación a las víctimas”.

¿Bloqueo a Justicia y Paz?

El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “a mí me preocupa mucho que haya en algunos sectores parlamentarios la negativa a extender los beneficios para cortarle fuerza a los procesos de Justicia y Paz”, e hizo un llamado al Parlamento: “Ese vacío legal está empujando a muchos de los desmovilizados a la vida criminal” por temor a que no van a ser beneficiados con la norma y, en consecuencia sean judicializados por la ley ordinaria.

Hoy arranca en Cámara discusión de ajuste pensional a congresistas

2010-04-27T06:16:00.002-05:00

UN MAL ambiente le esperaría en Cámara al proyecto de ley que ajusta en un 25 por ciento las pensiones de los ex congresistas que tienen derecho a la misma, según la interpretación de Ley 4 de 1992. Esta iniciativa no tuvo mayores inconvenientes en su paso por el Senado, en donde fue aprobada en comisión primera y la plenaria con el concurso de todas las bancadas.

Así por lo menos se desprende de un sondeo que sobre el particular realizamos con los voceros y algunos congresistas representativos de las diferentes bancadas presentes en Cámara. Precisamente, hoy el proyecto arrancará su trámite en este Corporación en la comisión primera.

En el caso del Partido Social de Unidad Nacional (La U), al cierre de esta edición estaba reunida la bancada de la colectividad y entre los diferentes temas que se disponía a tratar estaba definir la postura que sus representantes adoptarán frente al incremento en las mesadas de los ex congresistas. Sin embargo, el vocero de este partido en Cámara, Elías Raad, dijo que ha tenido la oportunidad de conversar sobre el tema con algunos compañeros de bancada, y “con los que he hablado informalmente pienso que no se deba aprobar el proyecto, pues estoy viendo a la mayoría de la U, por lo menos, crítica con la iniciativa. Aunque no puedo dar todavía una línea de bancada frente al mismo, pero yo creo que difícilmente La U lo acompañe”.

Raad percibe que la iniciativa encontraría reparos básicamente por los costos fiscales.

El Polo Democrático tampoco acompañará este proyecto, indicó Venus Albeiro Silva, quien el semestre pasado ejerció la vocería de esta colectividad en Cámara. “Nosotros estamos en contra de eso y lo vamos a votar negativamente”.

Explicó que el Polo considera que no es el momento para presentar una iniciativa de este tipo, no se puede sumar más beneficios a los que ya tienen los parlamentarios y “tercero, no es esa la reforma pensional que necesita el país. Si se va a mirar realmente una reforma pensional tiene que mirarse la de todos lo colombianos y no la de los congresistas, que ya de por sí tienen beneficios”.

Al tiempo que Cambio Radical también ayer, al cierre de esta edición, adelantaba un encuentro con sus bancadas congresionales para definir diferentes temas de la legislatura, entre éstos la posición que adoptará frente al proyecto de incremento pensional a los congresistas. Al respecto y a título personal se manifestó Rosmery Martínez, vocera en la Cámara. “Me parece absurdo, yo en el primer período vote negativamente para que se acabara ese régimen especial. No podemos seguir legislando para beneficio propio”. Añadió que como vocera propondrá que sus compañeros de bancada voten negativamente esta iniciativa.

Mientras que el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira) también votará para archivar este proyecto, según indicó la representante Gloria Stella Díaz. “Esa iniciativa hay que hundirla, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque no se compadece con la realidad del país, es un mal mensaje que el Congreso de la República esté pidiendo que se incrementan las pensiones en un 25 por ciento cuando las cifras de desempleo incrementaron, hay tantas personas en un estado de necesidad, como necesidades básicas insatisfechas y nosotros pidiendo que nos aumenten las pensiones”.

En la actualidad los ex congresistas que cumplen los requisitos reciben una pensión equivalente al 50 por ciento del promedio que percibieron durante el último año de su ejercicio en el Legislativo, sin embargo la Ley 4 del 92 señala que “el Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”.

En ese sentido, Elsa Gladys Cifuentes, de La U, presentó ponencia positiva al proyecto aprobado en Senado, de la siguiente manera: “Artículo 1°. Interprétese el texto del artículo 17 de la Ley número 4a de 1992, en el sentido de que el mandato que le confiere al Gobierno Nacional, relativo al régimen pensional de los senadores y representantes, se refiere a las pensiones, reajustes y sustituciones que se hayan reconocido antes o después de su vigencia, sin distinción alguna. El reconocimiento de los derechos no puede ser inferior al 75% del promedio que perciba un congresista en ejercicio durante el último año por todo concepto legal”.

Una tormenta en un vaso de agua

El senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, señaló que “han generado una tempestad en un vaso de agua” con este proyecto. Indicó que él apoyó con su firma esta iniciativa del senador Aurelio Iragorri, de La U, “para que con base en el principio constitucional de la igualdad se interprete una norma que perjudica a los ex congresistas, que los vienen liquidando con el 50 por ciento y ellos quieren que los liquiden como a todos los trabajadores o funcionarios de Colombia con el 75 por ciento”.

Enríquez aclaró que no es cierto que con este proyecto los ex congresistas quedarán con una pensión de 22 millones de pesos. Al respecto recordó que en 2005 el Congreso aprobó una reforma constitucional para que las pensiones no sobrepasaran los 25 salarios mínimos mensuales vigentes, incluyendo a los congresistas. En ese sentido dijo que la pensión hoy de un ex legislador es 12,5 millones y con los descuentos de ley queda en cerca de 9 millones de pesos.

Hoy definiré sentido de ponencia: Piedrahita

El representante Carlos Arturo Piedrahita, del Partido Liberal, mostró su inconformidad por la apatía que el Gobierno nacional ha manifestado sobre este proyecto en Cámara. Señaló que fue necesario que él como ponente y Óscar Arboleda, del Partido Conservador, en calidad de presidente de la Comisión Primera de Cámara, pidieran la Gobierno que se haga presente hoy en esta Comisión para la apertura del debate al proyecto. Piedrahita se preguntó “por qué el Gobierno nacional cuando se tramitó en el Senado, no dijo nada. En ese momento los ponentes Aurelio Iragorri y Eduardo Enríquez Maya, y no les dijo nada en ese momento porque estaban tramitando el acto de reelección presidencial.

Solamente cuando llega a la Cámara pedimos al Gobierno nacional que nos diera su concepto”.

El parlamentario liberal dijo que con base en las conclusiones de la reunión de hoy en la comisión primera hará la propuesta de archivo o positiva de la propuesta.

Emergencia social en salud es inexequible: Corte

2010-04-17T05:17:00.002-05:00

POR DECISIÓN unánime, la Corte Constitucional consideró inexequible el decreto 4975 de 2009 por medio del cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia social en salud, anunció anoche el presidente del tribunal Mauricio González.

Los magistrados determinaron que los presupuestos para declarar la emergencia no se basaban en hechos sobrevivientes, sino estructurales, los cuales pueden ser conjurados por medios ordinarios según lo explicó González.

El presidente de la Corte aclaró, que aunque los juristas no apreciaron esos hechos como sobrevinientes, aceptaron que eran muy graves, razón por la cual establecieron que los efectos de la inexequibilidad de la declaratoria de emergencia sobre las fuentes tributarias de financiación para la salud, establecidos en el decreto 127 de 2010, quedaban aplazados hasta el 16 de diciembre de 2010, pero precisando que los recursos recaudados deberán ir exclusivamente para financiar la red pública hospitalaria, pidiéndole a los órganos de control que hagan cumplir esta decisión.

La Corte permitió, de esta manera, que hasta diciembre se cobre el impuesto a la cerveza, vinos, licores, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, los cuales serán dirigidos al sector de la salud.

El tribunal invitó al Congreso para que en corto tiempo promulgue leyes que solucionen la difícil situación del sistema de la salud y se sostenga financieramente en los próximos años.

Emergencia

El Gobierno declaró la emergencia el 23 de diciembre y el 21 de enero el Gobierno Nacional promulgó otros 16 decretos, todo con el objetivo de “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

Congreso

“No hay que hacerlo a las carreras ni improvisando. Eso fue lo que hizo el Gobierno con la emergencia social y el resultado fue catastrófico”.

Con estas palabras respondió el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, la alarma de algunos sectores porque, ante la caída de la emergencia, no haya una decisión del Congreso que la sustituya.

“A mí me parece que esa es una de las principales tareas que debe tener el próximo Congreso”, señaló.

“Eso no se puede hacer a las carreras ni se puede hacer de manera improvisada. Ya vimos los resultados de un proceso improvisado. El Congreso no puede repetir el mismo error”, explicó.

Galán consideró “que hay que hacer un gran debate, con una serie de audiencias públicas, en las que participen la academia, las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicas, los gremios de la salud, el sector público, el sector privado, las fuerzas políticas y allí se recoja una reforma que surja por consenso”.

Galán, junto al representante Simón Gaviria, ya radicaron un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la emergencia social.

Gaviria señaló el “decreto que obliga a los pacientes a pagar los medicamentos con sus ahorros viola al menos diez artículos de la Constitución Nacional”.

El proyecto liberal prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.

El senador Luís Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, consideró ayer que “es indispensable que la sociedad civil tome las medidas necesarias para desarrollar un modelo que garantice el derecho fundamental a la salud, el cual debe entenderse bajo los principios de universalidad, equidad, accesibilidad y calidad, de esta manera construiremos un país con justicia social como el que merecen las futuras generaciones”.

Corte Constitucional entrega hoy fallo sobre emergencia

2010-04-16T05:37:00.002-05:00

EN UNA sesión citada para hoy, la sala plena de la Corte Constitucional dará a conocer su decisión acerca de la exequibilidad de la emergencia social en salud, decretada por el Gobierno, anunció anoche el presidente de la corporación Mauricio González.

“La Corte ha avanzado en la deliberación”, pero sólo hasta hoy “se tomará una decisión y se hará la votación para determinar la constitucionalidad”, explicó el magistrado González.

El jurista afirmó que son falsos los rumores que han circulado alrededor de una supuesta posición fijada por la Corte sobre la materia.

Sin embargo, se conoció que, por lo menos, siete magistrados se mostraron de acuerdo con declarar inexequible esta norma tras considerar que en Colombia la crisis de la salud no es un hecho sobreviniente, ya que son muchos años de deficiencias que padece este sector.

Plan B

Durante el día de ayer, el Gobierno Nacional anunció que tiene un Plan B, en caso que la Corte declare inconstitucional los decretos de emergencia social.

Según el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, “vamos a esperar. Yo confío en que la Corte haga un estudio juicioso de la emergencia social y podamos contar con un fallo que sea favorable frente a la emergencia, estamos muy pendientes”.

Palacio, que se encontraba en Cartagena, asistiendo al tercer congreso de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos), precisó que “el Gobierno está trabajando en unas alternativas que nos permitan enfrentar la situación, confiamos en que la Corte pueda tener un fallo favorable”.

Palacio expresó que de darse el caso, se trabaja en la necesidad de presentar rápidamente un proyecto de ley al Congreso, pero insistió “en que estamos esperando que la Corte después de hacer un análisis completo del tema, pueda tener un fallo que le sirva enormemente en el tema de salud en Colombia”.

Emergencia

El Gobierno declaró la emergencia el 23 de diciembre y el 21 de enero promulgó otros 16 decretos, todo con el objetivo de “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud.

Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

La Corte estudia un proyecto de fallo elaborado por el magistrado sustanciador Jorge Iván Palacio que, según ha trascendido, pide declarar inexequible la emergencia; en igual sentido se pronunció el procurador Alejandro Ordóñez, el 2 de marzo.

Corte Constitucional dirá si transfuguismo es exequible

2010-04-14T05:46:00.002-05:00

EN MEDIO de la polémica por el transfuguismo de algunos militantes entre los partidos Conservador y Social de Unidad Nacional (La U) en la contienda electoral presidencial, hoy la Sala Plena de la Corte Constitucional inicia el análisis del permiso temporal para cambiar de colectividad sin incurrir en doble militancia que otorgó la reforma política y que culminará con su dictamen de si dicho acto fue exequible o no.

La Corte estudiará una demanda en contra del parágrafo uno del artículo primero del acto legislativo 01 de 2009 (la reforma política) que permitió temporalmente el llamado transfuguismo por dos meses, y gracias al cual, varios congresistas se deslizaron hacia el partido uribista, y en consecuencia, en el Senado se lograron las mayorías necesarias para sacar adelante el referendo reeleccionista a finales del año pasado.

Dicho parágrafo fue demandado por presunto desbordamiento de facultades del Congreso al haber sustituido parcialmente la Constitución y permitir la doble militancia, que había sido expresamente prohibido por la reforma política del 2003.

Ya la Corte ha rechazado las sustituciones de la Constitución adelantadas por el Congreso, sentando jurisprudencia como lo hizo cuando declaró inexequible el referendo que buscaba la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.

El parágrafo transitorio demandado dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

La demandante Sonia Patricia Téllez argumentó “que la disposición impugnada deroga temporalmente el principio democrático, como elemento definitorio de la identidad de la Carta Magna, de tal manera que su expedición constituye un desbordamiento del poder de reforma que ostenta el Congreso de la República al actuar como constituyente derivado”.

Si la Corte declara inconstitucional el parágrafo demandado, sería ilegal el transfuguismo en que se vieron involucrados varios congresistas a finales del año anterior, en el que el partido Cambio Radical, que votó en contra del referendo reeleccionista, resultó el más perjudicado ya que perdió seis militantes en el Senado.

Concepto del Procurador

En concepto rendido el 20 de noviembre del año pasado, el procurador Alejandro Ordóñez le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la doble militancia permitida por la última reforma política.

Según el Ministerio Público, “el constituyente derivado al expedir el acto legislativo 01 de 2009 está reformando a su vez otro acto legislativo, el 01 de 2003 que no formaba parte del texto originario de la constitución de 1991 y en esa medida no consagra elementos definitorios nuevos de la Carta Magna sino que simplemente desarrolla los establecidos por el Constituyente primario, tal como sucede con la presente reforma, incluido su parágrafo transitorio que no hace otra cosa distinta que favorecer el tránsito hacia un nuevo régimen electoral que sigue los lineamientos esenciales de fortalecimiento de los partidos y de la representación política, propios del principio democrático que sirve de pilar estructural del estado colombiano”.

Es decir, para la Procuraduría el Congreso al aprobar esta última reforma política no está sustituyendo parcialmente la Constitución, sino simplemente la reforma que había anteriormente, o sea la del 2003.

“En este orden de ideas, no es posible sostener que el Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de sus competencias como Constituyente secundario sino que, por el contrario respetó los límites materiales de su potestad de reformar la carta Magna al respetar su identidad en relación con el principio democrático -en conexidad con los principios de soberanía popular y pluralismo político-, el cual ni se derogó, ni mucho menos fue sustituido por otro que se le opone”, dijo Ordóñez en su concepto.

Sin embargo, ahora deberá la Corte Constitucional dictaminar si la posibilidad que se les dio a los miembros de corporaciones públicas de elección popular se ajusta a los lineamientos del nuevo régimen electoral sin ver menoscabadas las legítimas expectativas políticas. En dicho régimen electoral se sustentan importantes principios como el del fortalecimiento de los partidos, entre otros.

Segunda prueba constitucional

Esta es la segunda demanda de inexequibilidad que se radica ante la Corte Constitucional contra la reforma política.

La primera había sido instaurada en contra del artículo que contemplaba la inhabilidad por seis meses para los servidores públicos que renunciaron a sus respectivos cargos, para aspirar a las pasadas elecciones legislativas.

Faltando un día para el cierre de las inscripciones al Congreso, la Corte Constitucional declaró inexequible dicho artículo, argumentando su decisión en errores procedimentales o de trámite que se conjuraron en la Cámara de Representantes.

Gracias a este fallo, varios concejales y diputados pudieron aspirar al Senado o a la Cámara.

Jurisprudencia de la sustitución

Hace mes y medio, en un trascendental fallo, la Corte Constitucional invocó la sustitución de la Constitución para declarar inexequible el referendo que permitiría un tercer mandato del presidente de la República.

Según el alto Tribunal, el Congreso no podía tramitar una ley de referendo que cambiara la Constitución para incluir la posibilidad de una segunda reelección. Para esto, la Corte avocó el fallo donde había dado luz verde a sólo una reelección.

Esta nueva jurisprudencia fue asumida por la alta Corte a mediados del 2009, cuando declaró inconstitucional el acto legislativo que buscaba que los empleados públicos que estaban en carácter de provisionalidad mantuvieran los cargos a los que tenían derecho los que aspiraban por medio de concurso de méritos.

La nueva jurisprudencia, en consecuencia, argumenta que ni el constituyente derivado, es decir el Congreso por medio de acto legislativo, ni el primario, o sea el pueblo por medio de un referendo, pueden sustituir total o parcialmente la Constitución. Por lo que dicha facultad sólo estaría dada a una Constituyente, como la de 1991.

Esta disposición tendrá vigencia hasta que la misma Corte Constitucional decida cambiar de jurisprudencia y le de vía libre al Congreso o al pueblo para que puedan sustituir o cambiar la Cartga Magna.

Judicatura rechaza el proyecto para suprimirlo

2010-04-13T05:42:00.002-05:00

UN RECHAZO a la propuesta de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) que fue formulada por la comisión de reforma a la Justicia, hizo dicha corporación en cabeza de su sala de Gobierno.

El primero en reaccionar fue el presidente del CSJ, magistrado Francisco Escobar, quien dijo que la corporación garantiza la autonomía de la Rama Judicial.

“Cumple diversos tipos de funciones que, entre otras cosas, garantizan la autonomía de la Rama Judicial, como el tema de la capacitación de los jueces, la carrera judicial, la función disciplinaria que se ejerce al interior de la Rama Judicial, que garantiza, en gran medida, esa autonomía”, aseguró Escobar.

El presidente del CSJ también anunció que analizarán en detalle el informe de la comisión, que fue convocada por el Gobierno para que presentara un informe sobre una reforma judicial.

El presidente de la Sala Administrativa del CSJ, magistrado Hernando Torres, fue más allá y manifestó que el proyecto de reforma a la justicia no propone una solución a los problemas esenciales de la administración judicial y que por el contrario, es una propuesta burocrática.

“El primero que debe aparecer en una reforma a la justicia es el ciudadano y vemos que no aparece ahí. Vemos más bien un enfoque de carácter burocrático, que está en reformar los órganos de administración”, afirmó el magistrado Torres.

El presidente de la Sala, quien maneja el presupuesto de la Rama, agregó que esta iniciativa no contiene ningún detalle novedoso, ni está basado en exámenes serios acerca del funcionamiento del CSJ, pues existen otros problemas latentes, como por ejemplo la certificación expedida por la ONU, según la cual, 21 millones de colombianos no tienen acceso a la administración de justicia.

“Repite lo que en seis ocasiones ya se ha hecho, pero no evalúa. No dice qué ha hecho el Consejo Superior, no dice cómo lo ha hecho, no dice qué ejecutorias se han manifestado”, se quejó Torres; “vemos que esquiva los problemas esenciales de la administración de justicia”, añadió el magistrado.

Torres sostuvo que la Sala Administrativa reconoce que muchos de los aspectos señalados por la comisión, efectivamente, requieren de modificaciones, pero adujo que en este caso “no es una reforma a la justicia sino una reforma a la cúpula de la justicia para ver si los magistrados permanecen más tiempo en sus cargos”.

El informe final, entregado por la comisión de alto nivel, que está presidida por el ex magistrado José Alejandro Bonivento e integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y otros 10 ex magistrados, realizó durante un poco más de dos meses un análisis a la reforma judicial.

En el tema del CSJ, tal y como lo había publicado, dicha comisión propuso suprimirlo y crear el Consejo Nacional de la Administración Judicial, el cual estará integrado por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y por otros tres magistrados elegidos por cada una de las altas Cortes.

También se propuso dentro del Consejo de la Administración Judicial, una Dirección General de la Administración Judicial, de índole técnica y ejecutiva, que cumpla las funciones que venía ejerciendo la Sala Administrativa y le dirección ejecutiva de la rama judicial, es decir, la planeación, recursos humanos, presupuesto, entre otros.

Otra vez obligan al Gobierno a atender población vulnerable

2010-04-09T06:17:00.004-05:00

YA SE ha vuelto costumbre que la Corte Constitucional conmine al Ejecutivo a sancionar proyectos de vital trascendencia para las poblaciones más vulnerables de la sociedad. En menos de seis meses, el alto Tribunal ha declarado, en tres ocasiones, infundadas las objeciones presidenciables por falta de presupuesto para iniciativas que buscan un mejor acceso a la salud y atención a víctimas del conflicto armado interno.

El último fallo de la Corte en este sentido, lo dictó el pasado martes, cuando tumbó las objeciones del presidente Álvaro Uribe al proyecto de ley que busca rendir homenaje a las personas desaparecidas y tomar medidas para la identificación de aquellos que han sido enterrados en fosas comunes, con el fin de otorgar un entierro digno.

Para ello, la iniciativa ordena la actualización del Registro Único de Desaparecidos y la creación de un banco genético a cargo del Instituto de Medicina Legal; así como la elaboración de mapas de identificación de zonas en las que se localicen fosas comunes.

La Presidencia de la República había objetado esta iniciativa argumentándola inconstitucional e inconveniente por los costos que representaría.

“En relación con la creación del banco de datos genéticos, debe señalarse que su funcionamiento requiere la organización, procesamiento e ingreso al sistema del perfil genético de la víctima y de sus familiares en primer grado de consanguinidad, procedimiento que de acuerdo con el proyecto, será gratuito. De acuerdo con la Oficina de Planeación del Instituto de Medicina Legal, la sola implementación de lo previsto en el proyecto supone gastos adicionales, sin mencionar aquellos que supone la conservación, almacenamiento y protección de los datos genéticos que ya han sido sistematizados”, se observa en las objeciones.

Sin embargo, la alta Corte argumentó que hacer posible este proyecto no requiere un gasto adicional, sino que está dispuesto en el presupuesto ya ordenado.

Otras objeciones

En noviembre anterior, la Corte Constitucional también declaró infundadas las objeciones presidenciales y conminó al Gobierno a sancionar el proyecto de ley que obliga la atención médica integral y gratuita para todos los colombianos menores de 18 años, que tengan cáncer u otro tipo de enfermedades catastróficas. La ley fue impulsada por estadísticas que mostraban que cada año, unos 1.200 niños mueren de cáncer en el país.

El Ejecutivo había objetado la norma con el argumento de que las disposiciones de la misma Corte ya protegían a los niños y jóvenes enfermos y, sobre todo, por las dificultades financieras que, según el Gobierno, están implícitas en este tipo de normas.

El Ejecutivo siempre ha asegurado que no hay presupuesto para cumplir muchas de las leyes aprobadas y que así se está generando una “desarticulación del sistema de salud”.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional siempre ha respondido que priman los derechos fundamentales de los menores al acceso a la salud, entre otros.

De igual manera, en septiembre del año anterior, la Corte también había declarado infundadas las objeciones del presidente Uribe respecto a la ley que obliga al Estado a financiar el 100 por ciento de los planes existentes en el POS para atender a enfermos de cáncer (Ley Sandra Ceballos), en las que también alegaba falta de presupuesto.

Magistrados proponen ampliar su propio período

2010-04-05T05:37:00.002-05:00

Argumentan que en su período actual, de ocho años, no se puede afianzar una jurisprudencia. Este es uno de los puntos incluidos en la reforma judicial.

ACTUALMENTE EL período de ocho años es muy corto para poder ofrecer seguridad jurídica, coincidieron varios magistrados de las altas Cortes, por lo que consideraron conveniente ampliar la duración de las magistraturas.

hablamos con los magistrados, quienes también expusieron que Colombia es de los pocos países donde el período de los altos jueces dura tan poco.

Este es uno de los temas que actualmente está incluido en el informe final que presentará la próxima semana la comisión de alto nivel para la reforma a la Justicia.

“Por experiencia tuve un período, en la Corte Suprema, de ocho años. Al principio se veían extensos, pero a la postre resultaron ser muy cortos. Yo pensaría que es mejor que hacia el futuro se pensara en alargar un poco los períodos, para que se generara un poco más de estabilidad en la jurisprudencia”, le dijo a este Diario el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, quien también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

“Las altas Cortes, agregó, son unidad de jurisprudencia. Ellas son las que le dicen a la gente que hay que comportarse de esta manera, porque la ley o la Constitución dicen esto o esto. Entonces, si estamos cambiando continuamente la jurisprudencia, cosa que se puede dar si hay cambios muy frecuentes en la composición de éstas Cortes, es posible que se genere desorientación de la ciudadanía”, expresó el magistrado.

También, la ex presienta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, magistrada María Mercedes López, mostró su inconformismo con la actual duración del período de los altos jueces.
“No puede ser que el país invierta tanto en uno de sus hijos, lo capacite, lo prepare, lo traiga a un escenario de estos, y cuando ya está listo para que produzca mucho más, le diga usted ya terminó”, indicó López.

La magistrada, quien actualmente pertenece a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, resaltó que en la mayoría de países los magistrados tienen un período mayor.

“Si realmente un período de quince años fuera malo, entonces las potencias mundiales no lo tendrían. Hay que mirar países como Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, incluso en Suramérica, no hay ningún país donde un magistrado dure ocho años. Entonces lo que hay que mirar es el costo beneficio, ¿la inversión que se está haciendo, realmente se está recuperando?, o no se tiene el suficiente tiempo para recuperarlo”, aseguró López.

Por último, el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, también se mostró de acuerdo con ampliar el período de los magistrados de altas Cortes.

“Existe una razón de peso para que el período de los magistrados, de ocho años, pueda ser ampliado a doce o quizás más, y es que, lo estamos pidiendo además en el Consejo de Estado, uno cree que un período de ocho años es muy largo y no. A la hora de la verdad, para consolidar una jurisprudencia, una estabilidad, la seguridad jurídica ocho años son muy poco, y entonces estamos en una permanente rotación de magistrados, que de alguna manera va afectando todo ese tema de la seguridad y estabilidad de la jurisprudencia y finalmente la seguridad jurídica. De manera que sí podría ser analizado ese tema”, dijo Álvarez.

Reforma Judicial

La próxima semana serán publicadas las conclusiones de la comisión de alto nivel para la reforma a la Justicia, para que el Gobierno las incluya en un proyecto de ley. En dicho informe están incluidos varios temas importantes, entre los que se encuentra la ampliación del período de los magistrados.

Los temas centrales de la reforma son Fiscal General, ampliación del período de las magistraturas, elección de magistrados, tutela contra sentencias judiciales y cambios en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura.

La ampliación del período fue una propuesta que hizo el Gobierno en 2007 en la reforma a la justicia que se hundió por cuenta de varios roces con la Corte Suprema. En este punto, también se propone el aumento de la edad de retiro forzoso de los altos jueces, la cual está en 65 años. Se habla de ampliar los periodos hasta 12 ó 15 años y de subir por lo menos en cinco años la edad para retirarse.

Sobre Fiscal General se discute si debe pertenecer a la Rama Judicial y su forma de elección. Acerca de la elección de magistrados se analizó en la comisión de alto nivel la conveniencia de regresar al tradicional sistema de cooptación. En cuanto a la tutela contra sentencias judiciales, se ha propuesto una reglamentación para evitar choques entre los tribunales.

Nada que avanza proyecto de retención preventiva

2010-04-01T07:10:00.002-05:00

SE REABRE el debate en torno al proyecto de ley que busca evitar incidentes que puedan ocasionar personas que estén bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas, regulando su retención hasta por 24 horas en estaciones de Policía.

La iniciativa, que se alista a ser debatida el próximo martes en la comisión primera de la Cámara, ha tenido un camino largo y polémico en su primera vuelta en el Senado el año pasado, iniciando por su propia ponente, la senadora Elsa Gladys Cifuentes, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), quien pedía reformular el proyecto de ley como una ley estatutaria.

A pesar de estas complicaciones, que incluyeron incluso la creación de una subcomisión para que revisara la viabilidad del proyecto, y superando el debate de si debía tramitarse como una ley estatutaria, la iniciativa no sufrió mayores cambios en el Senado.

Sin embargo, las mismas críticas hechas en el 2009, recaerán de nuevo en la Cámara, pues como dijeron varios congresistas, están de por medio derechos fundamentales como el de la libre locomoción.

El senador Juan Carlos Vélez, también de La U, viene cuestionando desde el año anterior la forma como serían conducidas y recluidas las personas embriagadas o drogadas, pues a su juicio, no pueden compartir celda con “delincuentes, ladrones o jíbaros”.

Para Vélez, a estas personas que cobija la iniciativa, se les debe dar un trato especial, al mismo tiempo que mostró su preocupación por la poca garantía o posibilidad que tienen estos sujetos para comunicarse con sus familiares, lo que generaría “angustia e incertidumbre”.

Por otro lado, otro de los críticos del proyecto, el senador Jesús Ignacio García, del Partido Liberal, ha dicho que esta medida, de la retención preventiva, es el último mecanismo al que debe acudir la autoridad cuando se presente un hecho como el descrito en la iniciativa.

“Si no se aclara que ésta es una medida de protección, y se quitan todos aquellos vicios que pueden llegar a considerar que sea una sanción, estaríamos cayendo en la denominada retención administrativa, y por tal razón la regulación podría tener vicios de inconstitucionalidad”, dijo el congresista García en uno de los debates.

Sin duda estas críticas serán heredadas en el debate de la próxima semana, lo que hará que se extienda el análisis del proyecto varias semanas más, antes de pasar a la Plenaria del Senado. A esta iniciativa le queda menos de tres meses para que pueda ser aprobada, antes que se termine la actual legislatura.

La iniciativa

“La presente ley tiene por objeto otorgar competencia a los comandantes y subcomandantes de Estación de Policía, para aplicar la retención transitoria en Comandos de Estación, a toda persona que evidencie vulnerabilidad, indefensión o excitación, que por esa condición puedan convertirse en potenciales víctimas o victimarios”, expone la iniciativa.

El proyecto va dirigido a las personas embriagadas o que estén bajo el efecto de las drogas, las cuales serán retenidas por la Policía por 24 horas.

“La defensa de los derechos fundamentales del individuo y los propios de la sociedad son criterios razonables para imponer límites al ejercicio de la libertad y no requiere de orden judicial que lo autorice, por cuanto se trata de una decisión policiva que pretende preservar el orden público”, dice.

La reforma a la salud debe hacerse sin afán: Galán

2010-03-24T06:07:00.001-05:00

“NO HAY que hacer o a las carreras ni improvisando. Eso fue lo que hizo el Gobierno con la emergencia social y el resultado fue catastrófico”.

Con estas palabras respondió el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, en los medios la alarma de algunos sectores porque, ante la inminente caída de la emergencia social en salud decretada en diciembre por el Gobierno, no haya una decisión del Congreso que la sustituya.

“A mi me parece que esa es una de las principales tareas que debe tener el próximo Congreso”, señaló.

“Eso no se puede hacer a las carreras ni se puede hacer de manera improvisada. Ya vimos los resultados de un proceso improvisado. El Congreso no puede repetir el mismo error”, explicó.

Galán consideró “que hay que hacer un gran debate, con una serie de audiencias públicas, en las que participen la academia, las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicas, los gremios de la salud, el sector público, el sector privado, las fuerzas políticas y allí se recoja una reforma que surja por consenso”.

Proyecto

Galán, junto al representante Simón Gaviria, ya radicaron un proyecto para establecer un estatuto mínimo de los derechos que, en su concepto, deben tener los usuarios de la salud, que le cerrarían el paso a varias de las disposiciones fijadas por la emergencia social.

Gaviria señaló el “decreto que obliga a los pacientes a pagar los medicamentos con sus ahorros viola al menos diez artículos de la Constitución Nacional”.

El proyecto liberal prevé, entre otras, la elección libre de un médico, recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, asistencia médica de calidad con profesionales debidamente capacitados.

Emergencia

El 21 de enero el Gobierno Nacional promulgó 16 decretos en el marco de la emergencia social decretada para “solucionar” los graves problemas financieros del sistema de salud. Entre las medidas se destacan el deterioro del Plan Obligatorio de Salud (POS), la eliminación de los servicios no-POS, que ahora se denominan Prestaciones Excepcionales de Salud (PES) y la reforma tributaria mediante la cual se aumentó el IVA a licores, cervezas, cigarrillos y juegos de azar.

Sin embargo, varias disposiciones han sido recibidas con escepticismo por algunos parlamentarios.

El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, calificó de regresivos los decretos del Gobierno porque agravan una situación que ya de por sí es desastrosa. El congresista explicó que ahora los colombianos tendrán derecho a menos servicios de salud porque el POS queda reducido simplemente a la atención de baja complejidad, la medicina y odontología general. “¿Por qué estabilidad jurídica para los monopolios y trasnacionales y decisiones regresivas para los ciudadanos?”, preguntó Robledo.

A esto se suma la decisión de obligar a los pacientes a pagar por los servicios excluidos del POS, negándoles el derecho a presentar tutelas para acceder a cirugías, medicamentos y demás tratamientos, manifestó Robledo. “Es inaudito que en medio de este desastre de desempleo y pobreza el Gobierno restrinja el derecho a la salud y obligue a los enfermos a pagar con sus cesantías y pensiones los servicios que por su naturaleza e importancia deben prestarse de manera gratuita”, afirmó.

El senador Luis Carlos Avellaneda, también del Polo, señaló que “al mantener como alternativa de financiación de enfermedades de alto costo, las cesantías y las pensiones, el Gobierno ratifica su intención de lesionar los intereses de la clase trabajadora y no de los ricos”.

Pero también desde las toldas uribistas se han escuchado críticas a las decisiones tomadas por el Gobierno dentro de la emergencia social, como lo han señalado los senadores Dilian Toro, Jorge Ballesteros, Luis Elmer Arenas y Armando Benedetti, así como el representante Roy Barreras, todos del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

Benedetti, por ejemplo, dijo ayer que no apoya los decretos porque están hechos para favorecer sólo a las EPS y no se puede descuidar el servicio de salud que se les presta a los colombianos. “El derecho a la salud es una garantía tan importante como la vida misma. No he apoyado ni apoyaré ninguna iniciativa que menoscabe las posibilidades de los ciudadanos”, indicó.

Arenas criticó duramente la actitud del Gobierno por no haber adelantado un debate previo a los decretos: “El gobierno nacional abusó de sus atribuciones y ahora que está encontrando rechazo justificado entre muchos sectores como el de los médicos, chanceros, asociaciones de pacientes, fundaciones y empresas”.

Barreras precisó que aunque defiende al Gobierno “me seguiré oponiendo a esta medidas que resulten nocivas y van en detrimento del bienestar de todos los colombianos. Así es que no me queda otra opción que demandarlas ante la Corte Constitucional”.

Corte

Ayer, teniendo como base la ponencia presentada la semana anterior por el magistrado Jorge Iván Palacio, la Corte Constitucional inició el estudio del estado de emergencia social.

Además de esta ponencia, el estudio de la emergencia social tiene como antecedente el concepto del procurador Alejandro Ordóñez, presentado el 2 de marzo, en que solicita a la Corte declarar inexequible esta medida aduciendo que la crisis en la salud no es producto de hechos sobrevinientes, es decir, repentinos e imprevistos, como lo exige la Constitución al Gobierno para que pueda acudir a un estado de excepción de este tipo.

Palacio, en su proyecto de fallo, consideró inexequible la medida, según varias fuentes, argumentando problemas de carácter estructural insalvables para sustentar su rechazo a la emergencia social, decretada por el Gobierno Nacional a finales del año pasado.

De acuerdo con estas fuentes, las violaciones al artículo 215 constitucional motivaron al magistrado sustanciador a proponerles a sus ocho compañeros de la sala plena de la Corte que declaren la inconstitucionalidad del decreto 4975 de 2009, en que se sustenta la emergencia.

Las fuentes aclararon que, sin embargo, Palacio dejó en su ponencia caminos abiertos para buscar soluciones a los problemas del sistema de salud colombiano. Uno de ellos sería dejar en manos del Congreso la reforma que requiere hoy la seguridad social en salud.

Palacio coincidió con los observadores que consideraron que los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia social no fueron sobrevivientes, por lo cual el Gobierno debería haber acudido al Congreso para tomar las decisiones que adoptó al amparo de la emergencia.

Adicionalmente, el jurista habría señalado en su ponencia que los recursos que se pretenden recaudar con esas medidas no solucionan el problema de fondo del sistema de salud en el país.

Como se recordará, la declaratoria de la emergencia y las medidas adoptadas al amparo de la misma generaron la reacción de médicos, usuarios y empresarios del sector por considerarlas inconvenientes y lesivas.

Aún el mismo Gobierno debió reconocer que se presentaron no pocas decisiones equivocadas, por lo que ya está preparando proyectos de ley parta presentarlos al Congreso que el martes reinició su periodo de sesiones ordinarias. Una de ellas, por ejemplo, busca derogar el decreto que implicaba el uso de las cesantías de los usuarios de las EPS para pagar parte de los servicios de salud.

En las manos del Congreso quedará la reforma en salud

2010-03-22T20:47:00.002-05:00

Los problemas del sistema de protección social urgen medidas estructurales, reto que deberá plantearse el nuevo Congreso.

Los problemas estructurales que enfrenta el sistema de protección a la salud deberán ser planteados por el nuevo Congreso a partir del próximo 20 de julio. Así lo advirtió el investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional, Óscar Rodríguez.

De acuerdo con el investigador, es muy probable que la Corte Constitucional declare inexequible la Emergencia Social y sus decretos reglamentarios, pues la crisis de la salud no es un hecho sobreviniente sino que, por el contrario, es un problema estructural del sistema.

“Al caerse la Emergencia, por un lado, el Gobierno tiene que entrar a solucionar la crisis coyuntural del sistema y, por otra parte, el Congreso debe plantearse una solución estructural del sistema”, dijo.

Según el CID, una vez declarada inexequible la Emergencia Social, lo primero que se presentará es una situación de insolvencia de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, principal de la red pública, y de liquidez del sistema, porque el Gobierno no tomó las precauciones presupuestales del caso frente al mandato de la Corte de nivelar los dos Planes Obligatorios de Salud, POS, el contributivo y subsidiado.

Según Rodríguez, eso lo habría podido hacer perfectamente en la Ley 1122 de 2007, donde el Gobierno planteó que la universalidad del sistema implicaba que todo el mundo quedaba asegurado pero con POS diferenciales.

“Es decir, que cuando la Corte Constitucional pide nivelar los dos POS, implica mayores gastos del sistema y por lo tanto se presentan dos escenarios que tiene que solucionar el Gobierno: cómo lograr solventar la crisis hospitalaria y cómo cumplir el mandato de la Corte.

Según el CID, para enfrentar los problemas de liquidez de los hospitales es necesario darles nuevos recursos, lo cual implica que el Gobierno haga un esfuerzo presupuestal para nivelar los dos POS, es decir, aumentar el gasto público.

“Si eso no ocurre, el efecto inmediato de una liquidez de la red pública hospitalaria es la disminución en la calidad y oportunidad de la atención. Eso agravaría la situación de los colombianos afiliados al régimen subsidiado -los más pobres- y de quienes están afiliados al régimen contributivo, pero cuyas EPS han creado barreras de acceso (por ejemplo, una cita con especialista que ya no se demora uno sino tres meses o ciertos procedimientos diagnósticos).

A su vez, el profesor Darío Restrepo señaló que hay dos factores que han ayudado a que la situación se agudice en los últimos años. El primero, los recortes a las transferencias para la salud, con los que se han dejado de percibir unos cinco billones de pesos. Segundo, la flexibilidad laboral ha producido que un mayor porcentaje de la población deje de contribuir a la seguridad social.

“El Gobierno ya no les gira la plata a los gobiernos locales, sino que la asigna directamente a las EPS, a los ‘intermediarios financieros’, es decir, que garantiza el lucro de las entidades y recentraliza los recursos. Una reforma con la que busca garantizar las rentas de estas empresas, profundizando la inequidad”, aseguró el profesor Restrepo.

Para el Centro de Investigaciones de la UN, si un usuario está por fuera de la red de un asegurador, tiene muchos obstáculos para conseguir una adecuada atención. Los ciudadanos, a pesar de estar afiliados a una EPS, tienen que financiar con sus propios recursos en casos en los que no pueden ser atendidos por la red de atención a la cual están afiliados.

Uso del suelo sólo a cargo de los municipios: Corte

2010-03-06T06:23:00.002-05:00

El alto Tribunal encontró que se estaba alterando el marco constitucional, pues el Gobierno era el único encargado de formular macroproyectos de interés social.

LOS MEGAPROYECTOS de interés social, que involucran el uso del suelo, sólo pueden ser formulados por los municipios, advirtió ayer la Corte Constitucional al declarar inconstitucional un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que decía que el Gobierno era el que tenía que definir y ejecutar dichas obras.

“La Corte determinó que la exclusión de los concejos municipales y distritales del proceso de adopción de los Macroproyectos de Interés Social Nacional, Misn, en la medida que se entienden incorporados a los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, desconoce la competencia que el artículo 313 de la Constitución atribuye a los concejos para regular los usos del suelo”.

Según el alto Tribunal, en el ámbito en el que se desenvuelven los Misn, la disposición acusada implica un vaciamiento de competencias de los concejos distritales y municipales, “dado que los mismos no sólo no participan en ninguna de las epatas de formulación y adopción de los macroproyectos, sino que, además, las previsiones normativas de estas corporaciones locales, plasmadas en los POTS, se ven desplazadas por las contenidas en los respectivos Misn”.

La norma diseñaba un esquema de supra subordinación que le da una absoluta prevalencia al nivel central sobre las instancias locales, dice la sentencia de inconstitucionalidad.

Los demandantes de la ley alegaban que ésta violaba su autonomía para formular y ejecutar macroproyectos derivados del uso del suelo.

“El artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo) desconoce la participación activa de las entidades territoriales en la definición, formulación, adopción y ejecución de macroproyectos, y quebranta el principio de coordinación a que alude el artículo 288 de la Constitución Política, puesto que la Nación debe reconocer la autonomía de las entidades territoriales para permitir una coordinación adecuada en la definición de las políticas de interés local y en particular en la reglamentación del uso del suelo por parte de los concejos municipales”, planteaba la demanda.

La norma demandada dice: “El Gobierno Nacional, en desarrollo de la presente ley, podrá definir, formular, adoptar, ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional, y señalar las condiciones para su participación y desarrollo, con el fin de promover la disponibilidad del suelo para la ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social”.

Según la demanda, tampoco se atendía el principio de concurrencia, pues concedía facultades absolutas al Gobierno Nacional para definir, formular, adoptar, ejecutar y financiar macroproyectos de interés social nacional, que requieren necesariamente una participación conjunta de la Nación y de las entidades territoriales; y así mismo, respecto del principio de subsidiariedad, dado que la norma demandada le concede al Gobierno Nacional facultad exclusiva y excluyente de tomar decisiones en cuanto a dichos macroproyectos, trasgrediendo funciones propias de los concejos municipales en el ejercicio de la autonomía territorial como es la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial.

“El Gobierno Nacional tendría total y absoluta competencia para definir el uso, que debe dársele en todos los municipios, a proyectos en los que adquiere suma importancia la calificación del suelo para ser destinado a la vivienda de interés social, lo cual tiene una regulación específica establecida en la Ley 388 de 1997, en cabeza de los municipios”, citó la demanda.

Por otro lado, la Procuraduría -en septiembre del año anterior- le había pedido a la Corte Constitucional declarar el artículo demando exequible, por cuanto ésta norma “es respetuosa de esa autonomía (entes territoriales), cuando dispone que en todo caso las licencias y/o planes parciales para el desarrollo de los macroproyectos de interés social nacional se otorgarán con sujeción a las normas adoptadas en estos últimos, lo que significa el acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales que en esos aspectos les han atribuido a las entidades territoriales”.

En vilo municipios por fallo sobre autonomía local

2010-03-04T06:15:00.002-05:00

La Corte Constitucional estudia una demanda contra el Plan Nacional de Desarrollo, en lo referente a la ejecución de macroproyectos a cargo exclusivo del Gobierno.

A LA expectativa se encuentran todos los municipios del país por el fallo que proferiría la Corte Constitucional en las próximas horas, sobre una demanda interpuesta por los entes territoriales contra uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que contempla que el uso del suelo, para proyectos de interés local, sólo estaría a cargo del Gobierno Nacional.

Según los municipios, la norma acusada viola su autonomía para formular y ejecutar macroproyectos derivados del uso del suelo.

“El artículo 79 de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo) desconoce la participación activa de las entidades territoriales en la definición, formulación, adopción y ejecución de macroproyectos, y quebranta el principio de coordinación al que alude el artículo 288 de la Constitución Política, puesto que la Nación debe reconocer la autonomía de las entidades territoriales para permitir una coordinación adecuada en la definición de las políticas de interés local y en particular en la reglamentación del uso del suelo por parte de los concejos municipales”, plantea la demanda, la cual será debatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en esta semana.

La norma demandada dice: “El Gobierno Nacional, en desarrollo de la presente ley, podrá definir, formular, adoptar, ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional, y señalar las condiciones para su participación y desarrollo, con el fin de promover la disponibilidad del suelo para la ejecución de programas, proyectos u obras de utilidad pública o interés social”.

Según la demanda, tampoco se atiende el principio de concurrencia, pues concede facultades absolutas al Gobierno Nacional para definir, formular, adoptar, ejecutar y financiar macroproyectos de interés social nacional, que requieren necesariamente de una participación conjunta de la Nación y de las entidades territoriales; y así mismo, respecto del principio de subsidiariedad, dado que la norma demandada le concede al Gobierno Nacional facultad exclusiva y excluyente de tomar decisiones en cuanto a dichos macroproyectos, trasgrediendo funciones propias de los concejos municipales en el ejercicio de la autonomía territorial como es la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial.

Para los entes territoriales, el uso exclusivo de los suelos por parte del Gobierno podría afectar proyectos como el de la vivienda de interés social.
“El Gobierno Nacional tendría total y absoluta competencia para definir el uso que debe dársele en todos los municipios, proyectos en los que adquiere suma importancia la calificación del suelo para ser destinado a la vivienda de interés social, lo cual tiene una regulación específica establecida en la Ley 388 de 1997, en cabeza de los municipios”.

Por otro lado, la Procuraduría -en septiembre del año anterior- le pidió a la Corte Constitucional declarar el artículo exequible, por cuanto ésta norma “es respetuosa de esa autonomía (entes territoriales), cuando dispone que en todo caso las licencias y/o planes parciales, para el desarrollo de los macroproyectos de interés social nacional, se otorgarán con sujeción a las normas adoptadas en estos últimos, lo que significa el acatamiento a las disposiciones constitucionales y legales que en esos aspectos les han atribuido a las entidades territoriales, pues es claro que el otorgamiento de licencias obedece a toda una serie de estudios técnicos que sólo pueden estar en cabeza de las mismas, y frente a lo cual, la Nación no tendría competencia alguna”.

Procuraduría pide a la Corte declarar inexequible emergencia social

2010-03-02T19:00:00.002-05:00

El Procurador General de la Nación reconoce la crisis del sector de la salud por la que atraviesa el país. El Ministerio Público ha logrado constatar que el régimen de seguridad social en salud adolece de fallas estructurales que se han venido incrementando paulatina y progresivamente, en virtud de problemas de financiación, que valga decir, no están en los recursos sino en el flujo de los mismos; en problemas de gestión; en intermediación; en falta de actualización del pos; en la afiliación estancada para el régimen contributivo; en la falta de mayor inspección, vigilancia y control y, en problemas de corrupción, entre otros aspectos, que involucran no solamente a los organismos de dirección vigilancia y control, organismos de financiación y administración, aseguradores, prestadores de servicios, sino también a todos los afiliados y beneficiarios, circunstancia que no han permitido el cumplimiento de los postulados constitucionales y legales en materia de salud.

No obstante, para el Procurador General de la Nación no es viable conjurar dicha crisis a través de la declaratoria de emergencia social por las siguientes razones:

1. Según el artículo 215 de la Constitución Política, son presupuestos para la declaratoria de la emergencia social: i) que existan hechos sobrevinientes que perturben o amenacen con perturbar el orden social, o que constituyan grave calamidad pública; ii) que la perturbación sea grave e inminente, y iii) que la perturbación del orden no pueda ser conjurado mediante el uso de atribuciones ordinarias de las autoridades del Estado.

2. El Gobierno Nacional mediante Decreto 4975 de 2009 declaró la emergencia social, basado en fundamentos que pueden resumirse en i) la desfinanciación del sistema por el suministro de servicios NO POS y ii) por fallas en desarrollo del sistema de salud.

3. Para el Ministerio Público, luego de analizar cada considerando del Decreto que declaró la emergencia y escuchados los diferentes actores del sistema de salud, concluye que las exigencias del artículo 215 constitucional no se cumplen en el presente asunto, por cuanto:

3.1. La crisis de la salud no es producto de hechos que sobrevengan de manera repentina e imprevista que no se hayan podido advertir, porque de tiempo atrás ha venido sucediendo de manera recurrente y progresiva la vulneración al goce efectivo del derecho fundamental a la salud, que se evidencia en la desatención de los pacientes y el incremento paulatino de decisiones de tutela que ordenan la prestación del servicio por fuera del POS.

3.2. Y, además, porque el Gobierno Nacional puede utilizar las vías ordinarias para proponer y construir las soluciones que el sistema de salud necesita, lo cual excluye la vía extraordinaria de la declaratoria del estado de emergencia social.

4. Asimismo, el Procurador General de la Nación también considera inconstitucional el Decreto 127 de 2010, "por medio del cual se incrementan las tarifas del IVA que recaen sobre bebidas alcohólicas tipo cervezas, algunos licores, los juegos de suerte y azar y cigarrillos y tabacos"; por cuanto:

4.1. En primer lugar, el Decreto que le da origen, esto es, el Decreto 4975 de 2009 se considera inexequible.

4.2. En segundo término, porque el Decreto 127 de 2010 no expresa en qué forma se restablecerá el estado de emergencia que pretende solucionar, pues en sus motivaciones no define cómo las medidas que decreta son suficientes para que con ellas se conjure la crisis que va a remediar, y no justifica que con los recursos adicionales se logren enderezar las deficiencias estructurales del sistema, desatendiendo criterios de necesidad y proporcionalidad.

4.3. Y, finalmente, porque no consulta los criterios de equidad y progresividad, pues sólo establece cargas a un determinado grupo de consumidores y no distingue entre ellos su capacidad contributiva o de pago.

En consecuencia, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 4975 de 2009, "por medio del cual se declara el estado de la emergencia social", y el Decreto 127 de 2010" por medio del cual se incrementan las tarifas del IVA que recaen sobre bebidas alcohólicas tipo cervezas, algunos licores, los juegos de suerte y azar y cigarrillos y tabacos".